Ciudad de México.- El diputado Abel Cruz Hernández (PES) propuso exhortar a la Secretaría de Economía (SE) informe las razones por las que se autoriza la importación y venta de vehículos riesgosos en México que están prohibidos en otros países.
De acuerdo con el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (LatinNCAP), en octubre de 2017 se vendían en el país siete modelos inseguros provenientes de Estados Unidos, Japón, Italia y Corea del Sur.
Además, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señala que en 2017 se comercializaron un millón 550 mil autos, entre los cuales hay tres de los más inseguros que continúan a la venta dentro de los primeros diez.
En el punto que presentó en la Permanente y que analiza la Tercera Comisión, precisó que la seguridad de estos vehículos se divide en dos: primaria (su objetivo es evitar una colisión e incluye el Sistema de Frenos Antibloqueo-ABS- y el Sistema de Control de Estabilidad-ESC) y secundaria (funciona una vez que la colisión es inminente y sirve para proteger la integridad física de los ocupantes. Comprende bolsas de aire, cinturones de seguridad y sistema de seguridad infantil).
Mencionó que la organización “El Poder del Consumidor” ha advertido que un modelo de Estados Unidos de la versión más austera de venta en dicha nación, cuenta con frenos ABS, ESC y 10 bolsas de aire, mientras tanto, el comercializado en territorio mexicano carece de los tres dispositivos. En tanto, uno de Japón ni siquiera se vende en ese país, tampoco en Estados Unido ni en Europa.
Cruz Hernández precisó que LatinNCAP ha señalado que el proyecto de Norma Oficial Mexicana 194 que actualmente trabaja la SE con la industria automotriz, no contempla los lineamientos de seguridad establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1958 y renovados en 1998, pues 59 por ciento de las nuevas unidades vendidas en México son importados.
Por ello, es fundamental que la dependencia rinda un informe detallado de las medidas tomadas para que las unidades motoras que se comercialicen en México contengan los mismos estándares de seguridad que las colocadas a sus unidades en Estados Unidos y Europa.
Consideró “innecesario esperar a que ocurran desgracias humanas para solicitar toda la información al respecto, y exigir que se corrijan las razones que permiten la venta de vehículos inseguros, ya que es inadmisible que por criterios de mercado se atente contra la vida y el patrimonio de los mexicanos”.
El diputado del PES aclaró que no se trata de dañar la imagen y los planes financieros de la industria automotora; de acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la producción automotriz en términos del PIB creció en 5.9 por ciento en promedio anual entre 1993 y 2016.
La proposición plantea solicitar a la Secretaría de Economía dé a conocer las medidas que implementa el Estado para cumplir con la Estrategia Nacional de Seguridad Vial y con los objetivos de las Naciones Unidas para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, así como los motivos por los cuales México no se encuentra afiliado al Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de la Organización de las Naciones Unidas.
