Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, informó que inició ocho procedimientos administrativos sancionatorios por irregularidades en contratos celebrados con la empresa Odebrecht, de los cuales, en tres de ellos, su resolución está frenada por una suspensión del Poder Judicial.
Explicó que los procedimientos se derivaron de una auditoría transversal en todas las dependencias de la administración pública federal, la cual permitió identificar contratos celebrados con la constructora brasileña, acusada de actos de corrupción, y sus 21 filiales.
Además, “se han detectado nuevos hallazgos que darán lugar al inicio de nuevos procedimientos”, subrayó al comparecer ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, en el marco del análisis de Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República.
Gómez González comentó que la SFP estaba lista para emitir las resoluciones correspondientes en tres de los ocho procedimientos administrativos sancionatorios, “sin embargo, la semana pasada, el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva, en un juicio de amparo, para el efecto de que dichas resoluciones no sean emitidas”.
“Si bien esta resolución no prejuzga sobre el fondo del asunto, la Secretaría de la Función Pública usará los medios legales a su alcance para evitar que este pronunciamiento impida llegar a las últimas consecuencias del caso”, abundó.
La secretaria resaltó que “México sería el primer país, en el cual una autoridad administrativa emitiría un pronunciamiento respecto a la empresa brasileña en el caso Odebrecht, ya que los resultados conocidos hasta ahora, corresponden a actuaciones del Ministerio Público”.
Apuntó que la SFP se enfoca en investigar irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos o empresas que reciben recursos públicos, y con bases en los resultados de sus análisis, da vista a la Procuraduría General de la República (PGR), si se trata de posibles actos constitutivos de delitos, o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por faltas graves.
Indicó que a la PGR le corresponde el análisis de los delitos como soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros, donde la SFP no tiene participación alguna, ni puede pronunciarse al respecto, porque no puede investigar.
