Ciudad de México.- En la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, diputados la cuestionaron sobre el apoyo que brinda a los municipios y zonas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre, y respecto a la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a esta tarea.
También solicitaron información referente a la entrega de tarjetas electrónicas para el levantamiento de las viviendas afectadas y sobre el impulso que da la Sedatu a municipios mineros.
El diputado Adán Pérez Utrera (Movimiento Ciudadano) le preguntó qué se está haciendo para autentificar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de la aplicación de los fondos para la reconstrucción. También le pidió informar de qué manera se pueden destinar mayores recursos de la Sedatu para fortalecer la función de la Procuraduría Agraria, de los tribunales agrarios y del Registro Agrario Nacional.
El diputado del PVEM, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, solicitó saber sobre los apoyos de la dependencia federal a los gobiernos municipales en el desarrollo urbano de su territorio para prevenir los daños ante fenómenos naturales. “Hago votos para que hechos como los del 7 y 19 de septiembre no se repitan, y estoy seguro de que la Sedatu no nos volvería a dejar solos”.
Natalia Karina Barón Ortiz, diputada de Morena, preguntó qué respuestas ha dado la Sedatu a las observaciones que le ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También por los montos pendientes de solventar, producto de auditorías, y qué funcionarios han sido sancionados. Pidió conocer a los responsables, con nombres y apellidos, de la entrega de tarjetas para la reconstrucción y los casos de clonación que se han presentado.
El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN) expresó su preocupación por las irregularidades que detectó la ASF a la Sedatu en la Cuenta Pública 2015 y 2016, como el gasto de seis mil millones de pesos para mejorar viviendas en zonas de mayor rezago, sin confirmar que los beneficiarios estuvieran en situación de pobreza y alta marginalidad. Preguntó si se han solventado las múltiples observaciones de la Auditoría y qué medidas correctivas se han realizado.
Por su parte, el diputado Óscar García Barrón (PRI) reconoció que los legisladores no han dado las herramientas necesarias para que las instituciones generen certeza jurídica en la tenencia de la tierra, a través del presupuesto y con recursos suficientes. Sin embargo, aclaró que ya existen diversas propuestas de reformas legislativas en la materia, y pidió la ayuda de la Robles Berlanga para que los campesinos tengan certeza jurídica.
El diputado de MC, Jonadab Martínez García, señaló que en las zonas urbanas hay muchos conflictos de asentamientos y falta de ordenación territorial, lo que ha ocasionado bastantes accidentes viales, por lo que pidió su opinión sobre la importancia de legislar en esta materia y si la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es el marco normativo adecuado y suficiente para terminar o disminuir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por percances de tránsito.
Por el PVEM, el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar dijo que también es responsabilidad de los gobiernos estatales, dentro del Plan Estatal de Desarrollo, tener no sólo remanentes, sino presupuestos etiquetados para la reconstrucción y prevenir los destrozos que produzca la naturaleza. Pidió información sobre qué acciones está llevando a cabo al respecto la Sedatu, con los consejos estatales y municipales de desarrollo urbano.
Juan Romero Tenorio, diputado de Morena, destacó el problema de las viviendas deshabitadas o abandonadas, debido al desplazamiento por la inseguridad, y sostuvo que no hay cifras oficiales y algunos datos son desactualizados. “No tenemos una certeza del daño al derecho a la vivienda por la situación de inseguridad, la cual es un elemento que afecta la calidad de vida en zonas urbanas y rurales. Se requiere un censo para dar seguimiento a este problema”.
Por el PRD, la diputada Karen Hurtado Arana calificó de preocupante que la ASF no haya acreditado la realización de la política del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, pese haber contado con recursos del orden de los mil 800 millones de pesos para este fin. Preguntó por las acciones de la secretaría federal para solventar las recomendaciones.
El diputado Juan Corral Mier (PAN) quiso saber cómo se dará transparencia a las tarjetas electrónicas entregadas por Sedatu para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos, en virtud de la clonación de las tarjetas de Bansefi, de los aparentes errores en el levantamiento de los padrones de beneficiarios y del uso electoral de estos apoyos, “ya que la reconstrucción se llevará a cabo durante varios meses y seguramente abarcará el periodo de las campañas políticas del próximo año”.
Maricela Serrano Hernández, diputada del PRI, cuestionó qué acciones se llevan a cabo para maximizar los recursos asignados al desarrollo de los municipios y estados mineros, considerando las modificaciones al artículo 275 de la Ley Federal de Derechos; qué avances se han tenido en la ministración de los recursos del Fondo Minero en todos los estados receptores y en el destino de los proyectos autorizados. También inquirió respecto a las zonas irregulares y, sobre todo, en el área metropolitana.
Su compañero de bancada, diputado Edgardo Melhem Salinas, reconoció al presidente de la República y a la Sedatu por el gran esfuerzo de reconstrucción, a raíz de los sismos de septiembre, así como los cuartos rosas, el rescate de espacios públicos y de vivienda, y lo hecho en materia de desarrollo urbano. “Sabemos que hay mucho por hacer todavía y lo demostramos en el Presupuesto de Egresos que se aprobó en este mes: más de 20 mil millones de pesos que van para la reconstrucción.
En respuesta a los cuestionamientos, Rosario Robles Berlanga mencionó que la manera de garantizar transparencia en la reconstrucción es comparando un folio generado en los censos, con las tarjetas entregadas. Aseguró que el censo se levantó de manera transparente. “Fuimos casa por casa, se tomó la fotografía, se folió, incluso, casi como si fuéramos ‘grafiteros’ y las tarjetas son personalizadas”.
Añadió que “un fenómeno natural llega sin pedirlo”, pero reconstruir es tarea de todos. “Debo reconocer la gran coordinación de todos los niveles de gobierno, porque hemos sabido entender que no se trata de una disputa política, sino de mexicanas y mexicanos que están sufriendo y merecen unidad y trabajo conjunto, independientemente del partido político que gobierne algún municipio o estado”.
La titular de Sedatu indicó que las viviendas afectadas ya se están levantando y destacó que se dio un menú de opciones a la gente. “Tú puedes autoconstruir, pero si quieres, también es posible contratar a una empresa social que construya una vivienda con dos habitaciones, y se trabaja en la asistencia técnica a los municipios”.
Comentó que en todos los municipios afectados por los sismos, se ha trabajado, por lo menos, en una capacitación sobre lineamientos para la construcción. No se trata nada más de reconstruir, sino de resiliencia, es decir, que ese proceso permita mejorar, no sólo las casas, sino la acción y los protocolos, para la reacción frente a desastres naturales.
Asimismo, refirió que si hay algún funcionario que resulte responsable de un acto indebido en la dependencia que encabeza, debe ser sancionado conforme a la ley. “Hemos entregado, entre Oaxaca y Chiapas, 120 mil tarjetas, y que alguien haya clonado una tarjeta, no es responsabilidad del Presidente de la República ni de Bansefi; pero son 20 tarjetas clonadas de 120 mil que hemos entregado”.
Detalló que la gente ha ido a Bansefi, Telecom y cajeros a cambiar sus tarjetas, así como a centros de materiales, con el fin de construir sus casas. “Una tarjeta clonada que, además, ¿en qué banco no hay alguna?, no puede convertirse en el tema de la reconstrucción”.
La funcionaria dijo que las observaciones de la ASF están en proceso de solventación y muchas de ellas tienen que ver con una visión de desempeño. Sin embargo, en los indicadores relacionados con carencias sociales, por calidad y espacios en la vivienda, éstos disminuyeron en la última medición de Coneval, lo que habla de una eficacia en el uso del recurso en cuanto al mejoramiento de la vivienda. Aseguró que cualquier situación irregular que se compruebe tendrá que ser sancionada.
Robles Berlanga dijo que se ha hecho un esfuerzo para que las expropiaciones realizadas durante el gobierno actual se paguen, porque se tienen expropiaciones de hace muchos años que no se les han pagado a los campesinos. “Luego por qué la gente no quiere la inversión y la gente no quiere el que haya otro tipo de actividades en el campo que no sean estrictamente las agrícolas o ganaderas, pues porque no ven el progreso y luego además se les quitan las tierras y no se les pagan”.
También, mecionó, se requiere de una nueva conciencia y entender que el territorio rural ya no solo debe ser base de una producción agrícola, sino también de otro tipo de elementos como las energías alternativas que pueden redituarle a la gente ingresos muy importantes.
Consideró muy importante tener una ley de seguridad vial, ya que “no podemos seguir perdiendo vidas de esta manera. En una semana de accidentes viales se perdieron más vidas que en los sismos de septiembre”. Entonces, enfatizó, se tiene que trabajar en la prevención, “lo que tenemos que conciliar es esta facultad local con una disposición de carácter federal para que haya esta obligatoriedad”.
Informó que el 4 de diciembre se entregará el “Manual de Calles”, el cual ha sido un esfuerzo impulsado con organizaciones de la sociedad civil y que son guías a los gobiernos locales para que atiendan este tipo de problemáticas.
Robles Berlanga enfatizó que debe haber un plan de desarrollo para, efectivamente, frenar el crecimiento desordenado y desigual de nuestras ciudades. Por ello, se instaló el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la participación de todas las instancias que establece la ley. Se instalaron en los consejos estatales en 23 entidades de la República; sin embargo, hay algunos casos en los que todavía no se ha logrado hacer.
También, dijo, se ha empezado el proceso de homologación de las leyes estatales con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual dio de plazo hasta noviembre de 2018. Hoy día, dos entidades lo han realizado, Oaxaca y Morelos y 26 la están discutiendo.
En respuesta, la titular de Sedatu, afirmó que no se cuenta con un censo exacto del desplazamiento que hubiera por razones de seguridad, y enfatizó que la competencia de dar seguridad a los habitantes de un municipio es de su autoridad local.
No obstante, aclaró, la dependencia incorporó el concepto de ciudades seguras, porque es uno de los objetivos del desarrollo sostenible que ha firmado el país y forma parte de la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III.
“La intervención urbana tiene que ver con la seguridad, va desde el ámbito municipal. Muchas veces, a pesar de que está en la Constitución esta atribución, el municipio no asume esta responsabilidad. El tema va desde la iluminación, espacios baldíos, terrenos abandonados, casas deshabitadas y casas sin gente. Nosotros sí tenemos un programa que por lo menos evite que la gente se desplace por cuestiones de seguridad”, apuntó.
Mencionó que se atienden las recomendaciones de la ASF, aun cuando es una secretaría de nueva creación, con programas nuevos que se han ido generando a lo largo de estos cinco años. Se dispone de anteproyectos en reglas de operación y programas del sector. Se elaboraron reglas del Programa de Infraestructura para el 2018 que atienden las recomendaciones de la Cuenta Pública de 2016.
En materia de subsidios otorgados, agregó, “hemos establecido que se han identificado como un posible daño patrimonial, porque no se han ejercido estos subsidios de manera adecuada, que es equivalente a 170 millones de pesos, nosotros hemos iniciado los procedimientos legales y administrativos correspondientes”.
Robles Berlanga expuso que la Sedatu no entrega las tarjetas para la reconstrucción sino Bansefi. “Nosotros no las entregamos, sino acompañamos el proceso porque además se firma una responsiva con la cual la gente asume el compromiso de que ese recurso va a ser orientado a la reconstrucción de su casa y las tarjetas se le entregan a las personas que están en el censo, realizado autoridades estatales y municipales; entonces, no hay manera de que se lucre políticamente con eso”.
Afirmó que la instrucción es que estas tarjetas se entreguen antes del 15 de diciembre. “Obviamente, la construcción de las casas tendrá que irse durante el proceso electoral y no le podemos decir a la gente que deje de construir por las elecciones; siguen viviendo en el albergue de la esquina. La competencia de edificar es de la gente, ya no hay una autoridad que esté interviniendo en ese proceso y le esté condicionando nada, porque las tarjetas ya habrán sido entregadas con todos los recursos”.
Sobre el Fondo Minero, mencionó que se tienen más de mil 196 proyectos ejecutados que han beneficiado a esas comunidades. “Recursos muy importantes de los cuales Sedatu no tiene ni un centavo. Ese dinero no va a Sedatu; ese dinero está en Bansefi; derechos que pagan las empresas mineras se quedan en la Secretaría de Hacienda, el 20 por ciento se da a la Federación”.
La tarea de Sedatu con ese fondo, dijo, es la de comandar los comités donde los gobiernos estatales y municipales presentan sus proyectos y se avalan, pero “ahí están representadas las empresas mineras, las comunidades núcleos agrarios, las autoridades municipales y estatales. Sedatu, de alguna manera, coordina ese esfuerzo, pero a final de cuentas son proyectos. Por nosotros no pasa ni un centavo”, enfatizó.
