Ciudad de México.- Las empresas representadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazamos que el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hayan ignorado tanto la Ley de la Industria Eléctrica como nuestro llamado a revocar el acuerdo de la CRE para incrementar los costos de la electricidad, de acuerdo con las exigencias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El electrolinazo –el aumento de entre 500 y 900% en los cargos por el servicio de transmisión de electricidad que publicó la CFE en el Diario Oficial– perjudica a la economía nacional y el diálogo constructivo entre el sector empresarial y el gobierno. Siguiendo el camino empleado para desvirtuar los Certificados de Energía Limpia y adoptar acuerdos y políticas a modo, las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales, que delimitan y reconocen el modelo de autoabastecimiento y sus mecanismos para establecer las tarifas de porteo.
Como advertimos el pasado 29 de mayo, el sector productivo del país, industrial y comercial, será el primero en recibir el impacto directo del aumento. Los nuevos cargos de CFE ponen en riesgo la capacidad de las empresas para sostener a toda su plantilla laboral (incluyendo sueldos y salarios) como lo han hecho durante la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, que debilitó las finanzas de todos. Impactan directamente a la estructura productiva de una parte significativa del PIB. Pero las repercusiones de la medida no se detendrán ahí y llegarán hasta el consumidor final, quien verá incrementarse significativamente su costo de vida en el corto plazo.
Cabe destacar que el aumento en el porteo se da en un contexto de opacidad, ya que:
1. Está basado en una resolución que aprobó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el pasado 28 de mayo la cual, al día de hoy, no es pública.
2. Como lo señalamos el 29 de mayo, esta resolución no siguió el proceso de consulta pública y análisis costo-beneficio que manda la Ley Federal de Mejora Regulatoria, previo a aplicar los cambios regulatorios.
3. La Resolución de la CRE sigue la pauta marcada por CFE quien, en un Pliego Petitorio, exigió realizar éste y otros cambios al órgano regulador y a la Secretaría de Energía, los cuales se han ido materializando desde el año pasado.
Las amplias consecuencias de esta acción desafortunadamente impactarán a la competitividad, al empleo, a las exportaciones, a los mexicanos y su costo de vida. Este “electrolinazo” es indefendible.
