Claudia E. Anaya (*)
El Tren Maya, proyecto que se perfila como la estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de infraestructura y turismo, cobró especial importancia días recientes, al ser objeto de varias declaraciones a favor y en contra, respecto a su construcción.
El próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, destacó que la siguiente administración confía en que la obra entre en operaciones en cuatro años, siendo necesario que se someta a consulta el proyecto y que se divulguen sus características.
El tren, que según Jiménez Pons tiene buena aceptación en el sureste por parte de cinco gobernadores, tendría un plan previo que “era de clase 3 y se está convirtiendo en clase 5, que nos permite mayor velocidad de carga y para pasajeros”.
Respecto a la posibilidad de que la consulta no favoreciera a la edificación en el sureste, el futuro director del Fonatur se mostró escéptico y dijo que simplemente se rehabilitaría el proyecto previo, aunque reiteró la confianza del gobierno electo para que se apruebe.
No obstante lo anterior, el proyecto ya tiene como fecha de arranque el próximo 16 de diciembre, siendo la consulta pensada para realizarse los próximos 24 y 25 de noviembre (a menos de un mes del inicio de la construcción). Sobre este tema, el funcionario se limitó a comentar que tras el aeropuerto es muy importante someter a consulta las cosas y ratificar el apoyo popular.
Siendo claros los problemas que se suscitaron durante el primer ejercicio de esta naturaleza, Jiménez Pons admitió que es necesario reforzar y mejorar el proceso para lograr la confianza de la gente, e insistió en que se rectificarán cosas como la posibilidad de votar en más de una ocasión por algún proyecto.
Ahondó en las características del Tren Maya, mencionando que tendría una extensión de mil 500 kilómetros. De estos, una primera parte ya contaría con una vía sin impactos, por lo que quedaría hacer una licitación para el proyecto ejecutivo en el mes de diciembre.
Inclusive ya se tiene contemplada la partida necesaria dentro del presupuesto de 2019, siendo de seis mil millones de pesos, la cual se utilizaría para “los inicios de las primeras obras, la licitación del proyecto ejecutivo y todo lo que conlleva el desarrollo”. Posteriormente, para completar la inversión total de entre 120 mil a 150 mil millones de pesos, se prevé que el sector privado contribuya con la mitad.
Sobre la idea de una nueva consulta, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, comentó que “la gran consulta fue el 1 de julio… y los mexicanos decidieron quién debe de tomar las decisiones”.
El dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo se mostró a favor del proyecto, pero insistió que es decisión única del presidente de la República a partir del futuro desarrollo de la economía, ya que las consultas corren el riesgo de llevar a la toma de decisiones sin la suficiente información y sin ser representativas.
Por su parte, organizaciones y comunidades indígenas de la península de Yucatán se mostraron en contra del proyecto del Ejecutivo, considerando que violenta sus derechos y que no les traerá beneficio a ellos ni al desarrollo regional.
“No está planeado para nosotros, la gente común, es un proyecto turístico que sólo beneficiará a los pudientes y a los extranjeros; nosotros, los dueños de las tierras, sólo lo veremos pasar, puesto que las estaciones no están contempladas en la mayoría de nuestros pueblos”, sentenciaron a través de la Coordinación Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio.
Organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil SC, Prodiversa AC y la Red de Productores de Servicios Ambientales Ya ́ax Sot ́ Ot ́Yook ́ol Kaab AC, entre otras, también refirieron que el ejercicio sería sobre hechos consumados, considerando que el proyecto ya inició al tenerse contemplados los presupuestos, licitaciones, trazos y la fecha de inicio, sin haber convenido nada previamente con ellos.
Así, pareciera que somos víctimas de un fenómeno de paramnesia, al contar con un ejercicio de apariencia democrática que sólo sirve como pantalla para ejercer decisiones tomadas con anticipación desde el Ejecutivo. Decisiones que siguen sin presentar fundamentos lo suficientemente sólidos, cuyos detractores (o adversarios, que es el término recurrente) son descartados por tener un juicio que discrepa con el partido y con el ungido en turno. Ojalá, así como el déjà vu, sea cosa rara el que se den este tipo de situaciones. Ojalá.
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Directora Adjunta de la Revista Hábitat Mx
