Desde inicios del año el gobierno mexicano prometió la presentación del plan de infraestructura energética nacional, pero lo ha retrasado constantemente; naciones europeas ven con recelo la política energética de la actual administración
José M Gijón Anaya
Un tema que se ha venido posponiendo durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el de la formulación de un plan energético que logre impulsar al sector, principalmente por los desacuerdos con la industria privada respecto al nivel de su participación.
La situación ha llegado a un punto en el que el gobierno se ha visto forzado a acelerar la respuesta a esta problemática.
A finales del mes de enero, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, indicó que durante el mes de febrero se haría oficial la presentación del plan de infraestructura para este sexenio.
De acuerdo con el funcionario, la revelación del plan se había postergado por instrucciones del Presidente López Obrador en función de reanudar las mesas de análisis que se habían llevado a cabo entre las instancias involucradas, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“A finales de febrero, a más tardar, aterrizaremos los proyectos del sector privado para poder presentarlos, son 137 proyectos con un valor de entre 97,000 a 100,000 millones de dólares”, puntualizó en su momento Romo Garza.
Respecto al apartado de los proyectos de exploración y producción petrolera, destacó que si bien no se han descartado las licitaciones éstas serían mínimas, por lo que podría haber muy pocos farmouts y rondas. La prioridad desde el Gobierno Federal recaería en contratos especiales que contemplarán inversión privada pero que darían mayores beneficios a Pemex.
Pese a que, de acuerdo con CI Banco, la presentación del plan era idónea previa la publicación de los estados financieros de Pemex (el 27 de febrero pasado), al final hubo una nueva postergación debido a la ausencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle Garza, que tuvo programada una gira fuera del país al cierre de ese mes.
En su estudio “Plan de Infraestructura Energética, nueva oportunidad para generar ambiente propicio para las inversiones en México”, la institución financiera indicó que Petróleos Mexicanos requiere del uso de la figura de los farmouts para alcanzar la meta de un millón 800,000 barriles al cierre del año
Recordó que los farmouts le permitirían a la empresa del Estado compartir riesgos financieros, tecnológicos y geológicos con otra compañía al momento de realizar exploraciones en los campos petroleros, lo cual no ha sido tocado desde la cancelación de las subastas petroleras 3.2 y 3.3 en diciembre de 2018 y el freno de la licitación de siete farmouts.
Aunado a esto, el banco advirtió que retomar la figura de los Contratos de Servicios Múltiples para los 137 proyectos contemplados implicaría un “regreso al pasado”, puesto que este tipo de contratos obliga a las compañías a trabajar para Pemex y cierra la puerta a la Iniciativa Privada para operar campos y compartir la producción.
Ya para inicios de marzo el sector privado dio a conocer un amplio paquete de propuestas de inversiones en energía para el gobierno por un monto de casi 92,000 millones de dólares, con lo que se espera proporcionar un potencial impulso a la economía nacional.
El paquete contempla 275 proyectos a realizarse entre 2020 y 2024, los cuales abarcan generación eléctrica, transporte y almacenamiento, además de exploración y producción de gas natural . Esto fungiría como una contribución significativa al plan nacional de energía del gobierno.
En papel, el plan propiciaría la creación de más de 400,000 empleos directos e indirectos, con una fuerte concentración de proyectos en entidades como Veracruz, Oaxaca y Yucatán, que se ubican en el sureste mexicano y son prioridad del sexenio.
La iniciativa fue producto de discusiones entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y varias empresas del rubro energético como Royal Dutch Shell, IEnova (unidad de la estadounidense Sempre Energy), Engie y Enel, que buscan cambiar el enfoque más estatista adoptado por el presidente en torno al sector.
El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, junto con el jefe del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, le presentaron el proyecto a Alfonso Romo para su análisis posterior con el Ejecutivo Federal y la titular de la Secretaría de Energía (Sener).
Tras el anuncio del plan emanado del empresariado, el Presidente López Obrador anunció que su administración esperaba tener listo su plan energético dentro de los primeros días del mes, contemplando en el mismo la inclusión del sector privado.
“Tengo una reunión con el coordinador del gabinete económico, Alfonso Romo; con el director de Pemex, de la CFE y Rocío Nahle, y ver qué se puede hacer de manera conjunta con la IP en proyectos del sector energético”, señaló el titular del Ejecutivo durante una de sus conferencias matutinas.
Por su parte, Romo Garza señaló que el plan de inversión del sector privado mantendrá un balance donde el 54% de la producción quedará a cargo del Estado, en tanto que el 46% restante corresponderá a la IP.
Respecto a la producción de petróleo, el funcionario de la oficina de la Presidencia puntualizó que el 80% de las reservas son de Pemex y el 20% son de las rondas licitadas al sector privado; en el rubro de la petroquímica el mayor porcentaje será para el sector privado (80%) mientras que el mentor corresponderá al sector público (20%).
Posteriormente, debido a los constantes retrasos en la presentación del plan del Gobierno Federal, el Presidente López Obrador sostuvo una reunión con Alfonso Romo, Rocío Nahle, Arturo Herrera (secretario de Hacienda), Octavio Romero Oropeza (director de Pemex) y Manuel Bartlett (director de la CFE) para afinar sus detalles.
El mandatario señaló que tras este encuentro y algunas conversaciones con dos de los principales empresarios del país, el gobierno está listo para que en breve se detonen nuevas inversiones, de acuerdo a lo manifestado por miembros de la Iniciativa Privada.
Según el presidente, los empresarios Carlos Slim Helú y Alberto Bailleres González harían anuncios de inversión en México en rubros como la minería, el petróleo y la energía eólica.
Pese a esto, funcionarios de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá y de otros seis países europeos sostuvieron conversaciones conjuntas durante el mes de marzo para discutir sus preocupaciones en torno a la política energética de México.
En el encuentro diplomático se expresaron reservas respecto a que la postura energética del país esté erosionando las bases legales de contratos de miles de millones de dólares firmados durante la administración anterior.
Destacaron que si bien el gobierno actual ha negado que esté socavando dichos acuerdos también ha denunciado que los contratos previos a menudo dañaron al país, razón por la cual ha tratado de renegociar los términos de algunos de ellos.
De acuerdo con un despacho de la agencia Reuters, los diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y los Países Bajos discutieron respecto a la conveniencia o no de comunicar abiertamente sus quejas al mandatario mexicano para evitar que se sintiera presionado y terminara adoptando un enfoque más rígido en el tema.
Esto derivado de que el mandatario se ha comprometido al fortalecimiento del papel del Estado en el sector energético bajo el argumento de que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado han profundizado la desigualdad crónica en México, alentando la corrupción.
Esta postura se ha traducido en medidas que han incomodado a varios países, como la amenaza de romper contratos de infraestructura por unos 12,000 millones de dólares firmados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, argumentando que fueron perjudiciales para los contribuyentes.
Aunado a esto, durante la reunión diplomática se señaló que el fortalecimiento de la CFE en detrimento de los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos renovables ha ido nublando aún más la confianza de los inversionistas en México.
