Ginebra.- Los abusos y violaciones a los derechos humanos en Venezuela en las recientes protestas antigubernamentales apuntan a una política que reprime el disenso político e infunde temor en la población, señaló un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el documento.
El reporte de la oficina del ACNUDH difundido este miércoles en su sede de Ginebra, Suiza, tuvo que realizarse a distancia, ya que el gobierno venezolano dejó sin respuesta las peticiones de acceso a un equipo de expertos en derechos humanos, dijo el organismo de Naciones Unidas.
La investigación se efectuó del seis de junio al 31 de julio con información recabada a distancia por el equipo así como 135 entrevistas con víctimas y sus familiares, testigos, representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y miembros del Ministerio Público.
El reporte surge a la luz cuando la Asamblea Constituyente sigue con sus trabajos tras reemplazar al órgano legislativo constitucional, la Asamblea Nacional, en un proceso derivado de las pasadas elecciones, donde la oposición logró la mayoría.
Ante la situación actual en Venezuela, se pide al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en el país sudamericano, a la fecha miembro de ese organismo.
El documento precisa que de 124 muertes relacionadas con las protestas y que investigaba el Ministerio Público hasta el pasado 31 de julio, 46 se presumía que fueron causadas por las fuerzas de seguridad y 27 por los llamados colectivos, grupos armados progubernamentales, mientras de 51 se ignoraba el autor.
Además,el Ministerio Público venezolano del 1 de abril al 31 de julio investigaba mil 958 casos de lesionados generados en las manifestaciones.
El análisis de esas lesiones indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando, pues en abril se trataba de heridas por inhalaciones de gas, pero en julio ya era por armas de fuego.
La respuesta oficial a las protestas fue a «expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Pidió una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y los colectivos.
También denunció que “el derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número».
Cita a organizaciones no gubernamentales (ONG’s) según las cuales hubo más de cinco mil personas detenidas en el periodo de la investigación, de los cuales 609 tuvieron que comparecer ante tribunales militares.
El documento recomienda al gobierno venezolano «que cese la detención arbitraria y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles».
Respecto a los manifestantes antigubernamentales, indica que recurrieron al uso de piedras y hondas pero también cócteles molotov y morteros caseros, lo que al menos llevó a la muerte de cuatro personas, así como de nueve miembros de las fuerzas de seguridad.
Por ello pide a los partidos políticos de oposición que condenen todo acto de violencia.
El informe también documenta ataques contra trabajadores de los medios de comunicación a manos de las fuerzas de seguridad, al parecer para impedir la cobertura de las manifestaciones.
Periodistas y manifestantes fueron catalogados por autoridades de alto nivel como «enemigos» y «terroristas», palabras que quizá contribuyeron a agravar el contexto de violencia y polarización, indica el documento.
Zaid se mostró preocupado por la actuación de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, creada por la Asamblea Constituyente, pues no cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad necesarios para realzar investigaciones y sin motivación política.
También advirtió que «en medio de la continua crisis económica y social del país y el aumento de las tensiones políticas, existe un riesgo elevado de que la situación de Venezuela se deteriore aún más».
«Una vez más pido al gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a la crisis”, dijo por último.
