Moisés Sánchez Limón
En estos tiempos de oferta de combate a la corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras de acuerdo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la siguiente es una historia que debe ser atendida por los nuevos responsables de la procuración e impartición de justicia.
Se trata de una historia que involucra a dos litigantes famosos, Javier Coello Trejo y José Pablo Chapa Bezanilla, además de la Procuraduría General de la República, que se ensañaron con una mujer a la que engañaron y esquilmaron con una falsa defensa frente a una negligencia médica ocurrida en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que data de hace cinco años, tres de ellos en el limbo judicial y, por supuesto, en el de la impunidad.
En este asunto hay recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en contraste, omisiones de funcionarios de la PGR que podrían tipificarse como encubrimiento.
Veamos. Hasta el año 2012 Adriana Torres Barquín llevaba una vida sin sobresaltos, pero tenía molestias en el pie derecho, por una aparente luxación. Acudió al Centro de Salud Gustavo Rovirosa Pérez, en la hoy alcaldía de Coyoacán, de donde la canalizaron al Instituto Nacional de Rehabilitación e inició trámite de ingreso en ese año.
Derivado de las consultas se acordó que el 31 de octubre de 2013 se realizaría una intervención quirúrgica para ponerle un fijador externo. El 1 de noviembre de 2013 fue dada de alta citándola para revisión el día 6 de enero de 2014, es decir, 67 días después de la cirugía, pese a que la revisión debía ser en un plazo no mayor a quince días.
Como el doctor responsable, Eduardo Gerardo López Gavito estaba de vacaciones, logró cita para el día 25 de noviembre de 2013, cuando un médico residente sólo con revisión ocular dio instrucciones para iniciar con el alargamiento y la citó para el 4 de diciembre de 2013.
Ese día el doctor López Gavito admitió que algo había salido mal debido al tiempo que había pasado desde la cirugía hasta la fecha de la primera consulta y dijo que era urgente una nueva cirugía. La que ocurrió y en febrero de 2014 la dieron de alta y mandaron al Servicio de Rehabilitación, pero nuevamente le informaron que la cirugía había salido mal y debían operarla nuevamente.
Le dieron largas. Torres Barquín acudió al Órgano Interno de Control adscrito al INR pero no la atendieron, por ello el 24 de septiembre de ese año presentó escrito en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en octubre siguiente personal del INR se puso en contacto con ella para realizar una nueva valoración y, en su caso, iniciar el tratamiento correspondiente, se llevaron a cabo algunos estudios pero no le entregaron resultado alguno.
Pasó seis meses sin atención, casi diez meses con una bota de marcha y muletas para poder caminar además de tomar medicamento para el dolor todos los días durante casi un año.
Hubo otros médicos involucrados, Pero el 28 de enero de 2015, mediante oficio número 03993, del expediente CNDH/2014/7256/R, Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le notificó que en atención a su solicitud y para brindarle el apoyo correspondiente, habían turnado el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Secretaría de la Función Pública.
El 3 de febrero 2015 se llevó a cabo la tercera cirugía. El alta se programó para el día 4, pero debido a la pésima atención del doctor López Gavito se pospuso para el día 5. Mas no hubo resultado positivo.
El 26 de marzo de 2015, Fortino Delgado Carrillo, Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH, mediante oficio número 20250, del expediente CNDH/1/2015/1738/R, reiteró el turno del asunto a CONAMED y a SFP, a la cual no le dieron seguimiento ya que nunca recibí respuesta.
El 28 de abril de 2015 acudió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para iniciar el proceso de conciliación con el expediente número 813/2015 pero con oficio número DGC/220/NC/813-2015/2015 de 29 de julio de 2015 CONAMED le notifica comparecer el 3 de julio de 2015. Jesús Sergio Santoyo Saldaña, representante del INR no aceptó la intervención de la CONAMED y por consecuencia la conciliación.
ENTRA EN ESCENA COELLO TREJO…
Entonces, el 14 de marzo de 2016 decidió denunciar a los doctores; presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, donde se inició una Averiguación Previa. El caso, hoy, está denunciado por negligencia médica.
Así, en mayo de 2016 contrató los servicios legales del despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados. Previa plática con Javier Coello Trejo acordó el pago de 300 mil pesos a cubrir en dos partes. Según Coello Trejo el asunto no iba a demorar por tratarse de él, porque sólo de saber que se trataba de él en el INR iban a pactar.
Adriana Torres Barquín pagó 150 mil pesos con tres cheques a nombre del contador del despacho; Coello le presentó al licenciado Enrique Montero como el responsable del área penal del despacho y de su asunto.
Pero, después de tres meses de insistir, sin éxito, en tener comunicación con Montero, la asistente de Coello Trejo le informó que en la PGR habían señalado que no había avances importantes. En agosto de 2016 Torres Barquín fue a la delegación sur de la PGR y el secretario de la mesa II le dijo que su expediente estaba perdido y de ello habían notificado a sus abogados.
Pidió hablar con Coello y hasta entonces Montero le respondió al teléfono, confirmándole la situación y ofreciéndole una disculpa por no avisarle y no haber realizado ninguna gestión para solucionarlo. Empero, el hecho es que no atendieron el caso de Torres Barquín, quien por cuenta propia le dio seguimiento, lo que incomodó a Coello Trejo quien le envió un correo en el que daba por terminado unilateralmente el contrato y, pese a no haber prestado servicio alguno, se negó a devolver los 150 mil pesos del primero pago.
El 5 de mayo de 2017 Coello Trejo le informó que continuaría con la atención de su asunto. Pero volvieron a incumplir y finalmente Javier Coello Trejo Zuarth le dijo que, debido a sus “reiteradas e infundadas quejas” y “continuas faltas de respeto” aceptaban su petición pero no le regresaría el dinero.
Adriana Torres Barquín refiere que Coello Zuarth le comentó que el motivo principal del nulo avance del asunto se debía a que los abogados del despacho en ningún momento quisieron cooperar con las autoridades, a pesar que las mismas solicitaban dádivas.
En consecuencia, el 26 de enero de este año, 2018, informó de ello a la Visitaduría General de la PGR, incluyendo los correos electrónicos en los que dos de los abogados del despacho Coello, Trejo y Abogados le informaron de la solicitud de dádivas por parte de la autoridad ministerial.
En respuesta, la Visitaduría General a cargo de la licenciada Adriana Campos, desestimó la denuncia; el 14 de febrero con oficio DQSOTJ/038/2018 le informaron que el expediente 23/2018 se había turnado a la Dirección de Quejas, Sugerencias y Opiniones Técnico Jurídicas, y se le informaría en términos del Acuerdo A/100/03, es decir la respuesta sería confidencial, interna y sin efecto vinculatorio. El 6 de marzo le notificaron la conclusión por no detectar conductas probablemente constitutivas de irregularidad atribuibles al personal sustantivo, así, sin mayor investigación.
A la fecha el asunto continúa en trámite. Pero hay más de esta historia, porque incluso Adriana Torres presentó nuevamente una queja en Visitaduría Ministerial y solicitó el apoyo de la CNDH que la semana pasada remitió su asunto y quedó registrado con el número VG/VISITEL/1946/2018.
Y CHAPA BEZANILLA SE ESFUMÓ… CON LOS HONORARIOS
En esta ruta en busca de justicia, de la que primero fue denuncia de hechos ante la PGR y luego por responsabilidad de servidores públicos para llegar a la de negligencia médica, porque le causaron una discapacidad motriz, Adriana Torres recurrió al abogado José Pablo Chapa Bezanilla.
Pero… En enero pasado y después de acudir al Reclusorio Sur, Chapa le informó que efectivamente no había diligencias de los abogados de Coello. Mediante mensajes le refirió: “nada más has perdido el tiempo muy valioso” “…ya sabes que te he ofrecido profesionalismo y eficacia…” “…TE VAN A QUERER CONVENCER, RECUERDA QUE SON TRANSAS, NI SIQUIERA ATENDIERON TU ASUNTO… Ya tengo los escritos, te van a gustar, hay que entrarle con todo a tu asunto, lo que nunca hicieron aquellos. No les ruegues, podemos mejor intentar una denuncia en su contra, tenemos todos los elementos.” “ya verás cuando les llegue el citatorio del MP, se van a morir del miedo”.
Por dos asuntos, Chapa pidió a Torres Barquín 120 mil pesos, 30 mil de adelanto y 30 mil a la conclusión; los 60 mil restantes en pagos mensuales, según esto para no ahorcarla económicamente. Aunque el día de la firma del contrato, cambió la forma de pago y dejó 4 pagos mensuales de 30 mil pesos, es decir, que para este mes de diciembre Adriana debía tener liquidado los honorarios.
Chapa decidió denunciar a los abogados, dos meses después determinó no hacerlo sino intentar conciliar, reunión que celebró hasta el 18 de octubre y en la que no obtuvo nada ya que Coello no lo tomó en serio. Y dejó volando la denuncia, aunque el pasado 15 de noviembre le dijo a Adriana que estaba lista para firma. Y se esfumó.
De la denuncia vía civil no hubo nada ni gestión o diligencia. A partir del día 28 de noviembre de 2018, con tres de los cuatro pagos de honorarios liquidados, de Chapa Bezanilla no ha sabido nada; en su despacho no le responden y él no atiende al teléfono. Abandonó el caso y se alzó con 90 mil pesos. Esta historia tiene varias aristas, sobre todo la evidencia de dos abogados que se ufanan de influyentes, cuyo nombre supuestamente hace temblar a funcionarios públicos y juzgadores. ¿Impunidad? Este caso tiene ese tufo y el del timo. Luego le platico más. Conste.
@msanchezlimon
