Moisés Sánchez Limón
“Bajen de tono la crispación política para evitar que escale la violencia”, es el llamado de Araceli Ocampo Manzanares, diputada federal por el Movimiento Regeneración Nacional, al gobierno estatal, legisladores y organizaciones políticas de Guerrero.
Pero, la diputada por el Distrito 02 del estado de Guerrero sabe que la escalada a la que alude comenzó desde hace años en esa entidad y en otros territorios del país en los que la pugna por el poder político está prohijada por el poder fáctico.
Presidentes municipales, candidatos, candidatos electos, políticos en activo, han sido víctimas de esa pugna, integrantes de esa macabra lista de ejecutados, secuestrados, baleados, desaparecidos en una entidad que tiene la nada honrosa fama de violento, cuyo brazo alcanzó a Acapulco, la principal fuente de ingresos del estado que hoy gobierna el priista Héctor Astudillo Flores.
Huelga decir que hubo olor a miedo en la denuncia que Ocampo Manzanares hizo en conferencia de prensa ofrecida en la Cámara de Diputados, acompañada por el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado.
¡Y cómo no! Hoy, en cualquier parte del estado de Guerrero el miedo es parte de la vida cotidiana de los guerrerenses e incluso de los turistas que transitan con precaución por la Costera Miguel Alemán como en las calles de Taxco y de Chilpancingo.
No, no se trata de atizar temores ni abonar en contra de la sociedad guerrerense que merece vivir en paz, de presumir su hospitalidad, es fama de gente alegre y generosa, trabajadora y, si usted quiere siempre rebelde, pero amable y buena anfitriona en cualquiera de sus poblaciones, lo mismo en la Costa Grande que en la Chica, en La Montaña y en Tierra Caliente.
¿Cuándo el estado de Guerrero fue asaltado y hecho prisionero por las bandas criminales? Diríase que en el momento en que los grupos políticos se perdieron el respeto y la lucha por el poder trascendió a los tiempos heroicos de la guerrilla que, encabezada por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, pugnó vía las armas por una sociedad justa.
Porque, dígase lo que se diga, la arena política fue más territorio de pugna por el control de la ruta de la droga que aquel campo en el que la lucha por el poder se dirimía a plomazos entre los caciques para ser asumida entre capos que controlaron a los políticos arrinconados y faltos de credibilidad y acusados de medrar con la necesidad de la gente.
Ejemplo de ello fue ese mensaje que al menos un jefe del crimen organizado envió con el obispo de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza en plena campaña electoral, el año pasado, de que no molestarían a los candidatos a cargos de elección popular si éstos no incurrían en engaño y manipulación de la necesidad de la gente.
Y, bueno, no hay que olvidar que incluso el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en abril del año pasado, en la etapa de campaña en Monclova, Coahuila, avaló esa reunión y se pronunció por el diálogo con miembros de la delincuencia organizada para garantizar seguridad a los candidatos.
La nota de esos días refiere que López Obrador “celebró que ministros religiosos, evangélicos o católicos, entren en contacto con criminales para buscar la paz”.
No ha corrido ni un año desde esos días cuando el obispo Rangel Mendoza se ofreció para pactar la paz con bandas criminales, y la diputada Araceli Ocampo Manzanares, denunció actos de intimidación en su contra, como resultado del ambiente político que se vive en el estado de Guerrero.
La legisladora interpuso denuncia ante las autoridades correspondientes, pero la terca realidad ha demostrado, por desgracia, que las denuncias sirven para maldita la cosa, no son blindaje ni garantizan seguridad alguna para el requirente ni para su familia.
Y como en Guerrero, en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México y… en todo el país prácticamente se respira miedo. El clima es abonado por esa pugna política en la que hoy los adalides de Morena aparecen como nuevos dueños, dueños no integrantes, del nuevo gobierno federal.
Por supuesto no se trata de señalarlos como cómplices del crimen organizado, porque amén de ser un despropósito sin pruebas de sustento implica un delito, el de difamación, la calumnia que suele ser el pasaporte de algunos políticos, estos sí, que prohíjan la descalificación del contrincante en busca de posicionamiento rumbo al ascenso.
De ello, en Guerrero, se observó el viernes de la semana con ese affaire en el que Andrés Manuel López Obrador debió ofrecer disculpas al gobernador Héctor Astudillo, luego de que en un acto en Tlapa, en plena Montaña de Guerrero, las huestes de Morena abuchearon al mandatario estatal, quien acusó de haber operado en su contra al delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
Por supuesto, Amílcar se indignó y negó ser el operador de esa situación de suyo grave porque implica el paso previo al linchamiento físico. Cuidado, esas prácticas polarizan aún más y se han visto en otros estados en actos en los que los gobernadores acompañan a López Obrador.
Es la evidencia de la sobrada soberbia, insisto, de quienes más que integrantes de un nuevo gobierno cuya divisa debiera ser, en nombre de la democracia, tolerante e incluyente, evidencia la práctica del te quito para ponerme, de la lucha del poder por el poder mismo.
Con esta polarización y como si continuaran en campaña –aunque en los hechos y con la mirada puesta en las elecciones intermedias de 2021 así es—soslayan tareas de gobierno, responsabilidades con el elector que les dio el triunfo en las urnas, y abonan a favor de ese poder fáctico que en el huahicol tiene un ejemplo del tamaño de su poder criminal y financiero.
¿Entenderán los súper delegados el alto grado de responsabilidad que tienen y que deben dejar de lado sus aspiraciones políticas? La evidencia temprana demuestra lo contrario. Y si el presidente López Obrador no pone orden y procede en congruencia con lo dicho de que no son enviados para posicionarse rumbo a la candidatura al gobierno estatal correspondiente, entonces ese miedo que sienten políticos como la diputada federal Araceli Ocampo Manzanares será el sello para frenar carreras políticas o someterlas a ese poder fáctico que secuestra, ejecuta y tiene secuestrada a la tranquilidad social, con o sin Guardia Nacional. Digo.
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@msanchezlimon
