Moisés Sánchez Limón
¿En serio usted cree que el señorpresidente en turno esté vacunado contra el apetito de la reelección?
Es recurrente en Andrés Manuel López Obrador el uso de dichos populares, fiel a ese libreto que ha seguido puntualmente como supuesto hijo del pueblo. “Zafo”, “toco madera”, “no somos iguales” suele decir cuando se deslinda de cualquier parecido con políticos del pasado reciente.
Por supuesto, no podía ser de otra forma su deslinde absoluto de la reforma a la Constitución del estado de Baja California que corrigió aquella que pautaba a dos años al gobierno de su amigo Jaime Bonilla Valdez, presto para rendir protesta el próximo 1 de noviembre por un periodo inconstitucional de cinco años.
Bueno, salvo que ocurra el escenario planteado por Porfirio Muñoz Ledo, de declarar la desaparición de poderes y, por tanto, reponer la elección del gobernador sucesor de Francisco Arturo Vega de Lamadrid conocido como “Kiko” Vega. O que el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumpla con el fin de revocar la reforma local.
Es elemental que cualquier político –Andrés Manuel no es cualquiera en esta praxis de la esgrima mediática– niegue autoría o por lo menos complicidad en asuntos que, por su naturaleza, no son populares ni prosperarían en estos tiempos en los que honradez y pulcritud abrazan a todo aquel que se asume lópezobradorista, aunque su expediente escurra corrupción o por lo menos transite bajo severas sospechas de corrupto y traficante de influencias, como el defenestrado súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, multimillonario empresario farmacéutico que está bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública.
Pero, en esto de la reelección López Obrador se curó muy temprano en salud y rechazó la pretensión de impulsar una reforma constitucional en esa materia. Dijo que no le alcanzarían seis años para concretar su programa de la 4T, pero corrigió y asumió que haría lo posible por cumplir sus objetivos y por eso trabajaría 18 horas diarias, incluso fines de semana, algo que a su equipo no le cayó bien mas asume la orden con disciplina draconiana.
Y, bueno, sostuvo la semana pasada que no intervino en la operación en el Congreso de Baja California, a favor del aún gobernador electo Jaime Bonilla, nominado por Morena.
Es pública y declarada la cercanía del gobernador electo con López Obrador, quien insistió en deslindarse de la reforma que ha devenido en escándalo y que ayer fue rechazada por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
¿Por qué no ha aparecido la secretaria de Gobernación en este escenario cuando el tema es de su competencia? ¿Por qué la declaración enfática del señorpresidente de no intervenir, de ser el caso, en los recursos de impugnación que se presenten ante el Tribunal Electoral de Baja California y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Recurrió al pretexto de mirar al pasado: “Si hay una manipulación, van a resolver los del Tribunal Electoral, a ellos corresponde. Lo que sí puedo asegurarles, es que nosotros no intervenimos, no es como era antes: línea de la Presidencia, eso sí se los puedo asegurar. Nosotros no nos metemos en estos asuntos.
“(…) Acuérdense que es un sistema presidencialista el nuestro y antes se abusaba de eso. Y es una tradición que viene de lejos, del hombre fuerte, del cacique mayor, de monarca sexenal. Eso se acabó, se terminó”.
¿Se terminó? Bueno, el experimento encontró rechazo incluso entre los legisladores de Morena, que ayer sumaron votos en la sesión de la Permanente y descalificaron a esa pretensión, ese apetito reeleccionista.
Total, no se perdía más allá de una discusión política y el debate legislativo. Pero el experimento ha fracasado ante la férrea defensa del Pacto Federal y, en esencia, de la Constitución.
En su momento, en aquellos días de 1992, cuando en la elección intermedia el gobierno de Carlos Salinas de Gortari había salido bien calificado, tanto que arrasó en el famoso Distrito 40 de la capital del país, el más grande de México y que había perdido totalmente el PRI en 1988, se echó a andar ese experimento con don Gonzalo Martínez Corbalá, quien había asumido la gubernatura de San Luis Potosí con carácter interino, cargo al que renunció para ir a la contienda como candidato, en una evidente ruta reeleccionista.
El experimento fracasó y Carlos Salinas no volvió a tocar el tema ni asumió que se hubiese tratado de un experimento; también don Gonzalo negó que fuera una intentona para reelegirse. En fin.
Ayer, el senador perredista Antonio García Conejo recordó que “la reforma aprobada por la XXII Legislatura del estado de Baja California al artículo octavo transitorio de la Constitución Política Libre, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la cual establece que el gobernador rendirá protesta el 1º de noviembre del 2019 y concluirá su encargo el 31 de octubre de 2024, es un claro ejemplo de la corrupción y del desprecio al Estado de derecho, da muestra de las intenciones ilegales y abusivas de quienes promovieron tal actuación del Congreso local de ese hermoso estado”.
Pero la senadora priista Dulce María Sauri Riancho refrescó la memoria legislativa para sumar el voto de la bancada priista al de la Comisión Permanente en pleno, que se pronunció porque el congreso bajacaliforniano reflexione y dé marcha atrás a esa reforma reeleccionista. Recupero su intervención, ayer, en la Permanente.
“Grave, muy grave lo que sucede en Baja California –calificó Sauri Riancho–. Pasiones y compromisos políticos han desatado demonios que suponíamos conjurados por el desarrollo de la democracia”.
Y acusó expresamente a Jaime Bonilla Valdez, triunfador de las elecciones del pasado 2 de junio, “quien fue electo por el plazo de dos años, simple y llanamente decidió ampliar el plazo de su gobierno a cinco años, logrando respaldo en el Congreso estatal”.
Recordó que la reducción del plazo gubernamental de 6 a 2 años, no fue una innovación exclusiva de Baja California, numerosos estados, a raíz de las reformas electorales de 2014, decidieron ajustar sus calendarios para coincidir con los plazos federales cada tres años.
Las nuevas fechas electorales las señalaron las autoridades locales con sobrada antelación, de tal manera que cuando las y los ciudadanos fueran a votar, sabrían exactamente si elegían por 2, 3 o 5 años a sus gobernantes.
Y refirió que, en materia de calendarios electorales, Yucatán tiene su propia historia. Citó:
“Durante las décadas de 1970 y 1980, cundió la idea de que parte importante de los problemas que vivía el estado, se debían al desfase entre el inicio de la administración federal y de la estatal, eran los tiempos de la hegemonía priista.
“Los candidatos, uso deliberadamente el género masculino al gobierno de Yucatán, eran destapados en vísperas de la gran decisión sobre la candidatura presidencial, en consecuencia, se sostenía en los corrillos locales quien resultaba postulado al Ejecutivo yucateco gozaba de la simpatía del Presidente de la República que se iba y no necesariamente de quien habría de llegar.
“Real o imaginada, esta situación llevó a generar un movimiento que en 1987 pretendió efectuar una modificación al calendario electoral, prórroga se le llamó, para que Víctor Cervera, gobernador interino, prolongara su mandato por 18 meses.
“El Congreso local recibió la iniciativa de reforma constitucional y se inició el trabajo en comisiones para dictaminarla.
“Previa visita del presidente nacional del PRI, la respuesta política no tardó, desde Gobernación, el Secretario Manuel Bartlett, amigo, diría yo, admirador de Víctor Cervera, intervino desautorizando totalmente cualquier pretensión de prolongar el mandato de quien era considerado por un amplio sector de la población yucateca, como un excelente gobernante.
“Después de esa turbulencia, el proceso de postulación del candidato a la gubernatura continuó y la elección se celebró en noviembre de ese año. Ahora sucedió en la Península, Baja California, 32 años después.
“La historia parece repetirse con algunas graves variables, Jaime Bonilla Valdez, empresario de medios de comunicación de la región, incursionó recientemente en la política bajacaliforniana, al amparo de su amistad beisbolística con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Bajo la sombra de él, Bonilla fue diputado federal por el Partido del Trabajo, después de haber renunciado a su ciudadanía estadounidense.
“Triunfador en la contienda al Senado en 2018, acompañó en la campaña a su amigo, muy pronto solicitó licencia para asumir el cargo de superdelegado en Baja California, antesala para la candidatura al gobierno estatal. Hasta aquí, nada fuera de lo común. El Presidente apoya a su amigo para ser postulado como candidato a gobernador.
“El problema comenzó cuando los dos años del periodo de la gubernatura fueron considerados como insuficientes.
“¿Quién le habrá dicho al senador Bonilla o al propio Presidente de la República que esta situación se podría modificar? Realmente lo ignoro.
“Antes de la elección, impugnaron en los tribunales electorales, pero el tribunal federal ratificó los dos años a pesar de las presiones políticas sobre sus magistrados.
“El 2 de junio pasado, las y los bajacalifornianos fueron a las urnas a elegir a su gobernador, por dos años.
“Pero ambición y prepotencia son combinaciones peligrosas. La semana pasada, más de un mes después de la elección, el Congreso saliente de Baja California decidió ampliar el periodo a 5 años, con argumentos banales como el costo de realizar la elección tan pronto.
“Vean por favor el dictamen, que por cierto, tiene fecha de un día después de haber sido aprobado, la recepción por servicios parlamentarios.
“Rumores aparte que hablan de sumas millonarias para aceitar la voluntad de los legisladores, la reforma a la Constitución local entraña una grave violación a la Constitución federal.
“¿Será una especie de globo sonda para conocer reacciones a la posible prolongación de otros mandatos por la vía del Congreso?
“¿Habría quien se crea que el candidato Bonilla se fue por la libre, o por el contrario, Baja California es solo un ensayo de una estrategia nacional?
“A diferencia de Yucatán en 1987, en esta crisis la Secretaría de Gobernación ha estado ausente, ni siquiera porque la relación con los estados es una de las pocas atribuciones que conservó la SEGOB en la nueva administración.
“El Grupo Parlamentario del PRI, confía que este punto de acuerdo contribuya a que regresen la razón y la prudencia política a Baja California.
“No hay amistad que valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al Estado de Derecho. Si la boleta dice 2, eso será. Si dice 6, también”. Hasta aquí la intervención de Dulce María Sauri Riancho. Y no hubo quien le respondiera; nadie defendió a Bonilla ni a López Obrador. Todos votaron en el llamado al congreso bajacaliforniano para que dé marcha atrás a esa barbaridad que tiene tufo a corrupción. Cuando el animalito tiene plumas de ganso, patas de ganso y pico de ganso… ¡Me canso ganso! Digo.
@msanchezlimon
