Moisés Sánchez Limón
Cuando a las Fuerzas Armadas se involucró en la lucha contra las drogas, en aquellos años de la renovación moral de la sociedad, se advirtió el riesgo, enorme riesgo, de contaminar a una de las instituciones con mayor respeto y credibilidad en México.
Por supuesto no hay vacuna contra las tentaciones de hacerse del dinero fácil y los militares no están exentos de ser tentados por ese demonio que los lleva a la vida breve y de boato, el paraíso de los millones de dólares que garantizan todo menos tranquilidad.
Pese a que han sido bien calificados por una sociedad cada vez más ofendida por la impunidad que implica injusticia, soberbia y abuso de poder, hay historia varias de altos mandos que cayeron en prisión por sus nexos con la delincuencia organizada, protectores y socios en ese trasiego de la droga por las rutas que se marcaron en tiempos del sexenio de Ernesto Zedillo y la PGR a cargo de Fernando Antonio Lozano Gracia.
Hoy, sin embargo, no fue por cuestiones de droga la caída y sin duda juicio al que será sometido por un delito de cuello blanco, un militar de alto rango, funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional que fue cesado fulminantemente del área de Ingenieros Militares al descubrírsele acuerdos poco ortodoxos en la adquisición de pinturas, sí, pinturas.
Y es que esto de la adquisición de pintura no es cualquier cosa. Por ejemplo, está el caso de una vendedora de altos vuelos que en aquellos días de gloria del sexenio salinista visitaba a las entonces delegaciones políticas en el Distrito Federal y que era bien vista en las oficinas centrales de aquel Departamento del Distrito Federal.
Se trataba de una mujer atractiva, joven y con buen nivel de convencimiento, aunque éste, de acuerdo con versiones de funcionarios delegacionales, iba acompañado de propuestas de respaldo financiero con eso que era el diezmo, es decir, diez por ciento de participación de la venta total que se entregaba cash a quien autorizaba la adquisición de importantes volúmenes de pintura de una empresa harto conocida.
Esta dama respondía al nombre de Yeidckol y de apellido Polevsky, aunque legalmente se llamaba Citlalli Ibáñez Camacho y ocupaba un cargo en la Canacintra que la vinculaba directamente con la Secretaría General de Protección y Vialidad y enlace con el Departamento del Distrito Federal, entonces bajo la jefatura de Manuel Camacho Solís, el jefe de Marcelo Ebrard.
Sin ser propiamente empresaria, en 2002 Polevnsky fue elegida presidenta de la Canacintra. Y su carrera va en ascenso; encargada de la presidencia de Morena, ha tenido una carrera accidentada que puede, no obstante, llevarla a ser elegida presidente del partido de Andrés Manuel López Obrador.
Pero, el tema es el antecedente de esos negocios poco claros y en los que prosperaba el diezmo en las ventas de pinturas que la señora Ibáñez realizaba en las 16 delegaciones del Departamento del Distrito Federal, con uso de esa relación de primer nivel que hizo con Camacho Solís y, por supuesto, con el equipo cercano al entonces regente y a los delegados políticos que en esos tiempos eran designados por el Presidente de la República, a sugerencia del regente.
Y, bueno, el comercio de las pinturas y la ambición que corrompe, fue el factor que llevó a la destitución del militar de alto rango en la Dirección de Ingenieros Militares, de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien hacía negocios con una dama, ¡caray!, vaya coincidencia, que era la proveedora registrada en la Sedena, en la pasada administración, por un altísimo mando de quien era compañera sentimental.
Por eso la influencia, por eso el derecho de evitar antesalas y firmar convenios de compra de importantes volúmenes de pintura requerida por la Sedena, con valor de cifras de varios ceros y, por supuesto la derivación del diezmo, que me dicen ya se elevó a más del doble y convirtió a esa proceso administrativo de adquisiciones en un negocio al que pocos le prestaban atención porque se trata de un producto de difícil seguimiento cuando es utilizado y diluido en el mantenimiento de las instalaciones militares.
El funcionario, militar de alto rango, fue destituido sin mucho ruido el pasado mes de mayo. Duró poco tiempo, la corrupción lo alcanzó; había sido nombrado en febrero. Así camina la 4T en espacios en los que tampoco hay vacuna contra la corrupción.
¿Será esta, la del militar, una de las 20 mil denuncias que ha recibido la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de corrupción cometidos en el breve tiempo de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador?
Es un tema que llama la atención, sobre todo en tratándose de un sector que suele dirimir sus asuntos dentro de casa. ¿Qué dirá el señorpresidente? ¡Nada!
Y la Ley de Extinción de Dominio…
Pero, bueno, en ese ánimo de combatir a la corrupción como piedra angular de su gobierno, al licenciado López Obrador no lo acompaña un equipo legislativo experimentado, de forma tal que en la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio aparecieron los bemoles, incluso señalados por las diputadas federales de Morena Tatiana Clouthier y Lorena Villavicencio.
Ayer, en conferencia de prensa, a Villavicencio se preguntó acerca de, por ejemplo, si alguien que arrenda un inmueble, no sabe a lo que se dedica, porque tampoco se piden antecedentes penales al arrendatario y en la ley dice que si se comprueba esto, incluso se puede perder el predio.
–¿Qué garantiza el mantenimiento de estas propiedades cuando alguien renta o presta o incluso las mismas familias que a veces no saben a qué se dedican sus hijos o el esposo?
–Exactamente –respondió Lorena—. Por eso estamos preocupados, ustedes vieron que particularmente la diputada Tatiana Clouthier y una servidora nos abstuvimos justamente por este tipo de preocupaciones y por muchas de las cosas que expusieron diferentes partidos políticos de oposición, a lo largo del debate en lo particular.
Quiero decir que en Comisión de Justicia y en la Comisión de Gobernación, prácticamente todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en aprobar una ley de extinción de dominio, sin embargo, era muy importante, ya lo veíamos, hacer unos ajustes para no violar preceptos constitucionales, como los que ya señalé.
Seguramente, previó, esto será motivo de la presentación de una acción de inconstitucionalidad, lo veo claramente. Hay artículos que están violando las garantías de seguridad jurídica que establece la Constitución, que es el 14 y el 16; y también se está violando la presunción de inocencia, son principios básicos. Entonces esto puede ser motivo, como es una ley secundaria, sí se puede, digamos, promover una acción de inconstitucionalidad.
¿Por qué las prisas? ¿Para atender urgencias del señorpresidente en términos justicieros? Ni vacuna anticorrupción ni legisladores aplicados. Total, las leyes son perfectibles, aducen. Conste.
@msanchezlimon
