Moisés Sánchez Limón
Camino al podio, Pablo Gómez deslizó ayer: “Yo fui amnistiado”.
Sin pensarlo, con esa referencia –alusiva a aquellos días en que los entonces presidentes Luis Echeverría y José López Portillo amnistiaron a participantes en el movimiento estudiantil de 1968 e integrantes de la guerrilla urbana y de la montaña—dio la razón a la postura de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados contraria a la Ley de Amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría de Morena y asociados en la sesión plenaria de ayer.
Y también ayer, acerca del informe de labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recordé aquellos tiempos en los que sólo por estas fechas el máximo tribunal del país daba signos de vida.
Excepcionalmente había información relevante de sentencias dictadas por los ministros. Pero cuando se acercaba el informe del ministro presidente, la fuente judicial se apresuraba a anotarse para la cobertura.
¿Sabe usted por qué?
No, no era por el contenido del mensaje que generalmente estaba lleno de lugares comunes y amplias referencias a la impartición de justicia y, en especial, al cúmulo de asuntos que estaban en lista de espera.
Justicia retardada es injusticia, suele decirse; pero el interés que despertaba el informe del ministro presidente obedecía a que, en medio del grueso texto impreso en papel bond y pastas color ocre o gris, se aportaba la gratificación consistente en un billete con el retrato de Matías Romero, es decir, diez mil pesos de aquellos cuando el salario mínimo frisaba los 25 pesos diarios.
Las referencias vienen a colación por lo ocurrido ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el inmueble que alberga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hoy tienen prisa por despojarse de la mala fama que viene de aquellos días de la gratificación con don Matías Romero y los escándalos de togados que se han echado bajo la alfombra de la impunidad.
En San Lázaro, vamos por partes, la bancada de Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES, mayoriteó a la oposición del PAN, PRI, PRD y dividió a Movimiento Ciudadano, para aprobar la Ley de Amnistía propuesta por el presidente López Obrador.
¿Por qué la prisa en esta materia? Ni por asomo esta ley se parece a la que prácticamente otorgó el perdón a activistas del movimiento estudiantil o los guerrilleros que, como Jesús Zambrano, le declararon la guerra al gobierno, jóvenes de clase media y media alta que se hicieron de las armas en rebeldía contra el sistema de esos años en los que la mano dura de Gustavo Díaz gobernaba a un país que transitaba en el llamado desarrollo estabilizador y luego en el de Luis Echeverría, el famoso slogan Arriba y Adelante, que sedujo a los jóvenes rebeldes con jugosas becas en Francia e Italia.
Nada parecido con lo que ayer Morena cumplió en el ánimo justiciero más que de hacer justicia, porque en las prisas incurrió en yerros que más temprano que tarde habrá de enmendar esta pléyade legislativa cuyos integrantes suelen leer posicionamientos que les escriben para declamara en tribuna a manera de defensa.
Y la bancada de Acción Nacional dio los argumentos que fueron desoídos porque eran contra esta Ley que es del interés del señorpresidente.
“No se encuentra la temporalidad o naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía, adujo la diputada Pilar Ortega Martínez, en tanto la veracruzana Mariana Dunyaska García Rojas aludió a las “graves fallas técnicas del proyecto legislativo del Presidente López Obrador” y, el legislador Felipe Fernando Macías puntualizó: “Que quede claro el voto de los que defienden a las víctimas del delito y los que van a sacar o pretenden sacar a los delincuentes”.
Y es que, reprochó el diputado Fernando Torres Graciano, “esta no es una ley para los pobres como se ha dicho, ni mucho menos para las injusticias.
En suma la bancada del PAN sostuvo que esta Ley alimenta la impunidad y violenta los derechos de las víctimas, amén de que no es necesaria porque existen mecanismos y leyes para quienes de manera injusta o por necesidad extrema, no hubieran tenido la debida defensa.
Al dictamen lo calificaron populismo criminal de Morena, que empezó con “abrazos y no balazos”, con el perdón a delincuentes, que la delincuencia organizada también es pueblo para ayer ponerle la cereza al pastel con esta Ley cuyo único objetivo es generar clientelas electorales.
Incluso, la diputada Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, recordó que, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la amnistía se ha constituido como un instrumento del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto.
Y, argumentó, “no se advierte la temporalidad o naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía, más allá de una alternancia política. La ausencia de este conflicto hace que ésa adquiera un carácter distinto al previsto en su naturaleza jurídica internacional y en este caso se convierte, más bien, en una sustitución política de las funciones constitucionales del sistema penal acusatorio”.
En fin, hay una larga relación de argumentos que instalan a esta pomposamente llamada Ley de Amnistía en un esquema que repite mecanismos previstos en otras leyes. Y la diputada Mariana Dunyaska García Rojas señaló las graves fallas técnicas del proyecto legislativo del Presidente López Obrador. A saber:
El artículo 89 de la Constitución Política ya atiende el tema de la pobreza.
No es necesaria la Ley de Amnistía porque ya tenemos las figuras jurídicas y comprende los delitos en los que no existe un solo detenido por el ámbito federal.
En la Ley de Defensoría Pública se entiende la extinción de acción penal para pueblos y comunidades indígenas, así como la defensa y previsión de traductores.
Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal plantea también y a soluciones alternas.
La Ley Nacional de Ejecución Penal plantea la libertad anticipada.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prevé medidas positivas para pueblos indígenas, en beneficio de pre liberación, y plantea criterios de oportunidad en caso de reparación del daño cuando el delito sea sin violencia.
México también cuenta con el indulto por gracia, que aplica y que ejerce el presidente o el indulto por necesidad que puede avenirse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No resuelve problemas de impartición de justicia.
No reduce los vicios de procedimientos.
No atiende los procesos judiciales.
No garantiza el derecho de las víctimas. Genera impunidad.
No atiende el problema de inseguridad.
No genera registro para quien delinque.
La Secretaría de Gobernación violentará la soberanía de los estados exigiendo que generen una Ley de Amnistía en lo local. Es innecesaria.
No fortalece las instituciones de impartición de justicia. Y en el Presupuesto de Egresos 2020 se le quitaron mil 327 millones a la Fiscalía General de la República y también al tema de seguridad pública para estados y municipios.
Hay indefensión de las víctimas cuando el robo simple sea por menos de 42 mil 500 pesos.
Quedarán impunes cristalazos, robo de identidad, robo cibernético, robo hormiga, robo a casa habitación, robo de celulares, de computadoras, tarjetas de crédito y de débito.
Y qué decirle de la desmemoria acusada en el mensaje del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Porque, mire usted, encaramado en la tesis del licenciado López Obrador de combatir a la corrupción y cooperar en sacudir al Poder Judicial y quitarle hasta el modo de andar, olvidó dónde ha estado en los últimos años, desde aquella fecha en que su amigazo del alma, el entonces presidente Felipe Calderón, lo propuso para ocupar una plaza, jugosa plaza llena de recursos, de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Por qué ahora sí y antes no entrarle a la honestidad valiente y prístino desempeño en la impartición de justicia? Rescato unos párrafos del discurso del ministro presidente, ilustrativos de la desmemoria a modo. Veamos
“En estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia. Por un lado, el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo.
“Es por todo ello que a partir de mi elección como Presidente el pasado 2 de enero –con el voto de mis pares– en el Poder Judicial hemos emprendido un proceso de autorreforma que busca renovar de fondo nuestra identidad y ética institucional.
“Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos –por supuesto– pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio.
“Queremos desarticular las estructuras y la cultura del patrimonialismo judicial; queremos repetir hasta que se haga costumbre, que no es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio; que debemos evolucionar con la sociedad de la que somos parte y a la que servimos; y que debemos rendirle cuentas de nuestro actuar”. ¿Por qué hasta hoy? Digo.
@msanchezlimon
