El emepé de Palacio
Moisés Sánchez Limón
Es vox populi que el brazo de la ley comienza a torcerse en el espacio del Ministerio Público donde se presenta la denuncia y se abre la averiguación previa, ésta que cuando es consignada ante el juez suele tener errores de procedimiento, nimios acaso pero que son clave para determinar si procede o no el ejercicio de acción penal o la vinculación a proceso.
Quizá incurra en algún equívoco, por cuanto concierne a estos tiempos procedimentales, pero no es raro que los jueces sean acusados de corruptos cuando dictan la libertad por falta de méritos en casos de esencia política.
Por supuesto, los impartidores de justicia acusan a los yerros en el pliego de consignación, si usted quiere un dedazo supuestamente involuntario que cambia un adjetivo y da una vertiente contraria al caso por juzgar.
Pero que el Presidente de la República se involucre personalmente y pretenda hacer justicia desde un tribunal popular como singular Torquemada, para llevar a la hoguera a involucrados en un escándalo de corrupción en las ligas mayores tiene sus bemoles. Y uno de ellos, a la vista de los conocedores, se sustenta en el engaño, en las medias verdades pero al final tendente a engatusar al “pueblo bueno” y al no tanto.
Sin duda la sola idea de llevar a prisión a los ex presidentes que hicieron del país una hacienda personal y con parientes y amigotes amasaron fortunas de escándalo, tiene el apoyo de la sociedad ofendida y empobrecida con programas clientelares que posibilitaron mantener al grueso de la población en la pobreza y a una franja en la miseria.
Pero, cada candidato a la Presidencia de la República y luego en el ejercicio del poder ha incurrido en lo mismo que cuestionaba, criticaba y censuraba con la amenaza de meter a chirona a todos esos bandidos de cuello blanco, integrantes de las camadas sexenales de nuevos millonarios, rico puede ser cualquiera.
¿Usted le cree al licenciado López Obrador que no tiene dinero ni para comprarse los zapatos de marca que lleva mas no luce como debe ser ni el traje bien cortado que en la mala percha que es pareciera uno de esos que ofrecen en los tianguis de la periferia citadina?
Cuentan que el Rancho La Chingada, sito en el municipio de Palenque, Chiapas, lo pagó con 20 millones cash. Y resulta que precisamente 20 millones de pesos le fueron pagados en el entonces Departamento del Distrito Federal, cuando Manuel Camacho Solís ya se había ido a cubrir la cartera de canciller, pero dejó la deuda pendiente del pago a la caravana que López Obrador encabezó para demostrar que le habían robado la gubernatura en Tabasco.
Bueno. Estábamos con aquello de la aplicación de la justicia y de cómo puede manosearse un caso de forma tal que, cuando llega al juez de la causa éste atiende a la demanda de la defensa de que se violentó el debido proceso.
¿Recuerda usted qué ocurrió el 3 de marzo de 2004 cuando en el programa de Brozo –El Mañanero–, el entonces diputado local del PAN Federico Döring presentó un video que desnudó en toda su extensión corrupta al profe René Bejarano, entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), cuando recibía fajos de dinero de manos del empresario Carlos Ahumada?
Fue el escándalo escenificado por quien era hombre de todas las confianzas del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. René Bejarano fue a prisión pero sólo estuvo unos meses –del 10 de noviembre de 2004 al 6 de julio de 2005—y luego hasta la Procuraduría General de la República fue obligada a ofrecerle disculpas. Pillado con las manos en los dólares, Bejarano fue absuelto y volvió al terreno político.
¿Es diferente el licenciado López Obrador a, digamos, Ernesto Zedillo que metió a prisión a Raúl Salinas de Gortari?
¿Es diferente el licenciado López Obrador al licenciado José López Portillo que metió a prisión al ingeniero Eugenio Méndez Docurro por actos presuntamente ilegales como secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración de Luis Echeverría Álvarez?
¿Es diferente el licenciado López Obrador a Enrique Peña Nieto que cobró una factura política y metió a prisión a la maestra Elba Esther Gordillo Morales mediante un montaje preparado por el subprocurador General de la República, Alfredo Castillo, el mismo que operó el caso de la niña Paulette?
¡Patrañas!
Cuando al inicio de semana en la mañanera le preguntaron acerca del caso del Niño Cantor de Pemex, es decir, el licenciado Emilio Lozoya Austin, el señorpresidente se curó en salud:
“No quiero que se vaya a pensar que es una venganza, no es mi fuerte la venganza; por eso, consulta a los ciudadanos. Y ya conocen mi postura, si se llegara a la consulta, yo votaría en contra de que se les juzgue, pero al mismo tiempo respetaría la decisión mayoritaria de la gente”.
Y es que, casualmente, a la referencia que hizo desde el púlpito de Palacio, respecto de esa necesidad, él así la considera, de que se conociera todo, pero absolutamente todo lo dicho, revelado por Lozoya Austin, apareció una cuenta de YouTube que fue creada el domingo último, supuestamente por Juan Jesús Lozoya Austin –quien negó ser el autor—en la que aparecieron personajes de vinculación panista, otra casualidad, recibiendo paquetes de billetes de 500 y 200 pesos, hágame usted el favor, ni siquiera dólares como lo delató el joven Emilio.
Ahí aparecen, no en oficinas del Senado como se pretendió dar por sentado, Guillermo Gutiérrez Badillo Opengo y Rafael Jesús Caraveo, ex secretario técnico del Senado, encargado de contar y meter el dinero en una maleta negra.
¿No es venganza? Bueno, pero parece venganza porque el raspón fue para el Partido Acción Nacional, tanto que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se sintió aludido y despidió a Gutiérrez Badillo Opengo, quien se desempeñaba como su secretario particular. Dicen que el que con leche se quema hasta al jocoque le sopla y Pancho Domínguez fue, como dijo el inquilino de Los Pinos, el mejor ejemplo soplador.
El punto es que, cuando tiene plumas de pato, pico de pato y patas de pato ¡es un pato! Y precisamente el licenciado López Obrador ha cometido un error –¿a modo?—que dará al traste a su importantísimo y fundamental ejemplo del combate a la corrupción y la aplicación de la ley a personajes del pasado mediato. Aunque no tocará a los ex presidentes. Veamos.
“Y también en este caso es importante ya que se conozca cuál es mi opinión o dejarla más clara sobre el asunto del señor Lozoya. Yo sostengo tres cosas, con todo respeto a la fiscalía y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar.
“Le tengo confianza al fiscal general, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero quiero, sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad.
“Sí, hay que guardar los requisitos del debido proceso, pero considero que se trata de un asunto de interés público nacional, entonces se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya, todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya.
“No sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la fiscalía o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia, desde luego con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos, que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la fiscalía. Conocer todo, primero, porque esto es sano, esto ayuda a purificar la vida pública. Nada de ocultar la verdad, transparencia completa, que es una regla de oro (…).
“Y también, para que no queden dudas, que no haya ambigüedades, en el caso de que la gente decida que se les juzgue, ellos tienen el derecho a la defensa en lo legal, no es juicio sumario”.
Bien por la homilía. Pero cuando arranque el proceso, si es que ello ocurre, y se pretende llevar a juicio a los ex presidentes y machuchones –Andrés Manuel dixit–, cualquier estudiante de primer semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM le gana el juicio a los expertos de la 4T.
¿Por qué? Porque el licenciado López Obrador violentó precisamente el debido proceso. ¿Alguien le creerá que fue casualidad la aparición del video de marras, supuestamente aportado por Lozoya Austin?
Y, por la otra vertiente, sólo hay que darle una repasada a la Ley Federal de Consulta Popular, cuyo decreto fue emitido el 13 de marzo de 2014 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Es un engaño, demagogia pura del emepé de Palacio Nacional que, o no conoce el texto de dicha Ley o procede con dolo y pretende endosar al ciudadano la decisión de llevar a juicio a los ex presidentes. ¡Vaya pueril proceder del inquilino de Palacio! Lo tarjetean pésimamente. Que haga diez planas de “El autor de los Sentimientos de la Nación es don José María Morelos y Pavón”. Digo.
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