Moisés Sánchez Limón
Se acabó la luna de miel con el pueblo bueno.
Y el licenciado López Obrador transita por la llanura seca en la que una chispa puede causar el incendio que consuma aspiraciones de una aventura que arrancó sin asideros y en menos de dos años mostró su perfil voluntarista e impositivo.
La toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México y el enfrentamiento entre agricultores de Chihuahua con elementos de la Guardia Nacional, en una segunda edición en menos de un mes por el agua de la presa “La Boquilla”, en el municipio de Delicias, Chihuahua, son elementos indicativos de que al gobierno de la 4T se le acabó la luna de miel con sectores de los 30 millones de ciudadanos que votaron por el licenciado López Obrador.
Y en ese tenor el inquilino de Palacio encontró inmediatamente –y cómo no, si son sus clientes cotidianos—en actores de la derecha, enemigos de la Cuarta Transformación que, aduce, están molestísimos porque les quitaron privilegios derivados de la corrupción que privó durante más de 30 años de gobiernos neoliberales.
Culpar a periodistas, reporteros, analistas, columnistas, editores y medios de comunicación que añoran los días de rosas y vino, es el deporte favorito del señorpresidente para desviar la atención de problemas graves, severos, como el de la pandemia que ha cobrado miles de vidas porque simple y sencillamente el operador no fue el idóneo.
Sí, Hugo López-Gatell, se ha dicho incluso dentro del propio gabinete, tiene una vasta responsabilidad pero se le mantiene en el cargo para evitar la vergüenza del despido y el escándalo que implicaría admitir que sí, en efecto, hubo un criminal equívoco y se abusó del sentido común y de la imagen presidencial que no dio las señales que los ciudadanos entendieran para someterse a reglas sanitarias, si se quiere draconianas pero obligadas por motivos de vida o muerte.
Así, antes de cumplir dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presume logros, que sin duda los hay pero son mínimos e insuficientes para diagnosticar el arranque de la consolidación de la 4T, a partir de diciembre próximo cuando se cumpla el plazo de gracia que el licenciado presidente pidió, en diciembre de 2019, para ofrecer resultados en economía, salud, educación y seguridad.
No, no los hay. No funcionaron las invocaciones con estampitas ni los consejos para portarse bien o el ¡fuchi-caca!, simplismos de barriada que se quedan en el anecdotario y dibujan el nivel del gobernante que, con ocurrencias, ha pretendido llevar al país a estadios superiores que se identifiquen con tiempos heroicos decimonónicos, pero no son siquiera caricatura de los héroes que un día sí y otro también incorpora al discurso que es homilía del ministro de culto desde el púlpito de Palacio Nacional.
Hay molestia entre quienes votaron por él, como admiten las mujeres que tomaron la sede de la CNDH en el Centro Histórico y que se negaron a dialogar y negociar con funcionarias menores de la Secretaría de Gobernación, de forma tal que obligaron a Olga Sánchez Cordero a abandonar su confortable oficina y atenderlas personalmente como demandaban.
Y, en este escenario en el que se registran 105 aspirantes a la presidencia y secretaría general de Morena, el partido es ejemplo de lo que ocurre en el equipo presidencial, en el que los amigos del licenciado López Obrador se hacen pedazos en busca de un poco de poder porque el poder máximo lo tiene Andrés Manuel y no lo comparte.
Y no es lucubración ni chisme palaciego. No, el hoy ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur lo dijo ante colaboradores suyos: hay una lucha por el poder en el gabinete presidencial.
Cierto y no desmentido lo que dijo el biólogo que se regresó a su casa de Morelia y al Campus de la UNAM en la capital michoacana, a trabajar en su espacio y se alejó de esa vergonzosa posición de pertenencia a un equipo al que, evidente, no pertenecía.
Así, lo ocurrido en la CNDH y en aquellos terrenos chihuahuenses en los que se pelea por el agua para riego agrícola y que, sin explicación alguna la Comisión Nacional del Agua comenzó a entregar a Estados Unidos, en cumplimiento de un tratado que data de la década de los años 40 del siglo pasado, son apenas la punta de una madeja de agravios sociales que habrán de cobrar en las urnas al licenciado López Obrador, por encima del sospechosismo que en la conferencia mañanera fue como descubrir el hilo negro con la conclusión de que en ambos casos hay intereses políticos y electorales.
¿Que por ahí anduvieron ex gobernadores de filiación priista y dirigentes políticos?¿Y qué no se trata, al final, de un asunto político que el licenciado López Obrador y sus colaboradores en la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura dejaron crecer?
El diputado federal del PAN Mario Mata Carrasco negó que en los actos que derivaron en enfrentar y luego expulsar a elementos de la Guardia Nacional del resguardo de la presa, haya habido un solo dirigente.
Pero nadie puede negar el fondo político ni desgarrarse las vestimentas porque hoy, como en aquellas movilizaciones encabezadas por el entonces activista y aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se haya visto a políticos de los partidos que antes fueron gobierno.
Así, es lamentable la pueril conclusión del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, que lo llevó a acusar que políticos están detrás de los agricultores que se oponen a que el gobierno federal extraiga agua de la presa La Boquilla.
¿Es delito? Por supuesto no. Pero Mejía Berdeja sostuvo que políticos del PAN y del PRI apoyan a los agricultores que se oponen a que el gobierno federal extraiga agua, reitero, de aquella presa “La Boquilla”, en Chihuahua, para pagar a Estados Unidos lo acordado en el Tratado de Aguas internacionales, que data de 1944.
Y dio nombres: los exgobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza y Fernando Baeza Terrazas; al senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz; el diputado federal del PAN, Mario Mata; el alcalde de San Francisco de Conchos, del PRI, José Ramírez Carrasco; y al alcalde Adolfo Trillo de la Cruz. Pero Madero lo desmintió, es decir, le fallaron los espías a Mejía Berdeja.
Lo importante, sin duda para Mejía Berdeja, es criminalizar a esa movilización –como se ha enderezado la batería contra quienes tomaron las instalaciones de la CNDH– y, en ese tenor, Mejía Berdeja delató:
“Hay un ramillete, un conjunto de actores, identificamos al alcalde de San Francisco de Conchos, del PRI, José Ramírez Carrasco; al líder de la Aurech (Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua), Salvador Alcantar; al alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, de Morena.
Y se mimetizó:
«Advertimos una sobrepolitización del tema detrás de estas protestas que tiene una explicación muy clara. Hay, como lo dijo el presidente, una especie de huachicol del agua, es decir se ha aprovechado este recurso hidráulico no como si fuera propiedad de la nación, como uso agrícola, sino como su fuera propiedad de un conjunto de políticos y de un conjunto de gente que ha medrado ilegalmente con el uso patrimonialista del agua”.
Criminalizar es la medida para atender demandas sociales, de evidente legitimidad. ¿Negociar? Bueno, como se vio con la secretaria Sánchez Cordero, es el último recurso después de que el problema estalló y amaga con sumar a otros asuntos pendientes e incendiar a esta llanura de pasto seco.
El proceso electoral en marcha y la 4T sin asideros; el rollo dialéctico se desgasta. Ni estampitas ni golpes de pecho. ¡Ah!, la defensa de los derechos humanos, consta en foto y video, es más llevadera con comida gourmet. La señora Piedra es toda una sibarita; buen provecho. Conste.
@msanchezlimon
