Moisés Sánchez Limón
El Frente Ciudadano por México le apuesta a un proceso que ofrece democrático, en la sucesión presidencial, aunque la versión más recurrente orienta la brújula hacia el acuerdo cupular, negociado en la repartición de cargos que satisfagan a los líderes de las tres fuerzas políticas que integran a dicha coalición. Y de ahí para abajo.
También los vecinos de enfrente presumen contiendas prístinas en la nominación de sus candidatos. Ajustan tiempos y se orientan a una contienda entre tres, más los independientes que logren superar los escollos impuestos por el Instituto Nacional Electoral.
Y, luego, a partir del 15 de este mes, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, califica como un mensaje positivo a los mercados internacionales de la buena salud de las finanzas mexicanas, vendrá el banderazo de salida a quienes aspiran a un cargo de elección popular, en los comicios de julio del año entrante.
Cada quien está en su derecho de aspirar al cargo que quiera, mas no de abandonar el barco y dejar pendientes, sobre todo tratándose de legisladores que llegaron al cargo por la vía del voto popular.
Pero, ya verá usted cómo se desgajan las bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado con las licencias de aquellos que pretenden ir en pos de una gubernatura, una presidencia municipal e incluso una diputación local o, en su caso, para integrarse a los adelantados equipos de campaña de los presidenciables.
En el Partido Revolucionario Institucional, sus tiempos registran que, hacia enero del año entrante habrá candidato presidencial, aunque ha trascendido que éste será nominado en la segunda quincena de diciembre. Vaya usted a saber.
Pero, sea cual sea el tiempo que se tomen las dirigencias partidistas, sin contar por supuesto a Morena, cuya decisión está anunciada desde hace rato, a menos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador diga lo contrario, el proceso electoral dejará entrampados asuntos de suyo importantes en el Congreso de la Unión.
Y, ése, es un despropósito de quienes fueron elegidos precisamente para legislar en aras de la modernización del país en todos los órdenes, para concluir con leyes arcaicas y ordenamientos que, aprobados en tiempos recientes, ya son obsoletos.
Qué cuentas entregarán, por ejemplo, los senadores que, inmersos en una discusión barroca de querencias y desencuentros, provocada por los sueños de poder de Ricardo Anaya y consentidos por Alejandra Barrales y, de qué otra forma podría ser, de Dante Delgado Rannauro, han dejado en segundo plano temas fundamentales.
Quedan, en estricto sentido y conforme a la ley, una docena de sesiones para que concluya el actual periodo ordinario y, por ejemplo, se debe aprobar el nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amén del Fiscal Anticorrupción, proceso que se frenó en julio último, precisamente por los desencuentros partidistas.
Y qué decir de la Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que entraña la reforma al artículo 102 constitucional para la creación de la Fiscalía General de la Nación, que implica la designación del Fiscal, un asunto que metió en problemas a las bancadas del PRI y del PVEM con las de la oposición que rechazaron el pase automático del entonces procurador Raúl Cervantes a Fiscal.
Bueno, esos pendientes, junto con la elemental designación precisamente del sucesor de Raúl Cervantes y, ahora, del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, una vez que fue cesado Santiago Nieto Castillo.
Se presume que este martes debió publicarse la convocatoria para aspirantes a Fiscal Electoral. Lo cierto es que los desencuentros legislativos han generado una agenda que no es asunto menor y cuyo fin será pospuesto para otro momento menos tenso. Porque, lo primero es lo primero: buscar el cargo popular y lo demás que ruede. Conste.
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