Moisés Sánchez Limón
Al margen de la cortesía política, la Conferencia Nacional de Gobernadores ha evitado cuestionar los anuncios del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en temas que se encaminan en perjuicio del Federalismo y la soberanía de los estados.
En lo individual, salvo los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el electo de Jalisco, Enrique Alfaro, que se pronunciaron medianamente contra la descentralización del aparato gubernamental y la designación de un delegado plenipotenciario representante del Presidente López Obrador, a partir de diciembre, una vez que rinda protesta ante el Congreso de la Unión, nadie había establecido una postura seria, firme y fundamentada en la ley.
Pero, y quizá cunda el ejemplo, hace un par de días el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, en la rendición de su tercer informe de gobierno, al margen de que se instaló a la cabeza de quienes aspiran a dirigir al PRI, expuso su postura frente a esa estrategia, porque lo es en la pretensión de apisonar el camino rumbo a un maquillado Maximato, de descentralización del gobierno federal y la designación de delegados especiales.
Poco antes de esta postura del mensaje firme del joven gobernador de Campeche, vale abordar la entrevista que Víctor Chávez, colega reportero del diario El Financiero, hizo a Jorge Estefan Chidiac, diputado federal priista presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien cuestionó, igual con fundamentos, esa idea lopezobradorista de la mudanza de las secretarías al interior del país.
Estefan Chidiac refiere que, en el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, no tienen claro, financieramente, el tamaño de la “desconcentración, que no descentralización” que quieren, y mucho menos su costo, lo que ya provocó choques y desacuerdos en sus primeros encuentros con la Secretaría de Hacienda.
Y es que, puntualiza, “no les dan los números. El personal de base representa el 80 por ciento del gasto público federal, y el personal de mando que buscan recortar y bajar sueldos cuesta no más de cinco mil millones de pesos. Si acaso tendrán recursos para duplicar sus programas de adultos mayores y el de apoyo a jóvenes, que serían alrededor de 50 mil millones de pesos, pero para las refinerías ya no les dará el gasto”.
“Cuando se enfrentan al Presupuesto se dan cuenta de la realidad y no existe ese exceso tan brutal que tanto critican (…) por eso, antes de seguir anunciando cosas, necesitan primero sentarse a revisar con serenidad las entrañas del Presupuesto, con seriedad”, acotó Estefan.
En efecto, como refiere el legislador, hasta el momento sólo hay anuncios y una danza de cifras que no aterrizan en la realidad, porque una mudanza de tal dimensión cuesta y mucho. No habrá dinero que alcance para concretar ese sueño faraónico que implicará, sin duda, a las finanzas de los estados y municipios que sean sede de las dependencias desconcentradas.
¿Desarraigar a cientos de miles de burócratas? Tal vez no, porque como comenta Estefan, de alguna forma las dependencias federales están desconcentradas con las delegaciones federales, aunque el tema es cómo operarán un secretario de, por ejemplo, educación, con el delegado representante directo de Andrés Manuel, en terrenos de un gobernador de un estado libre y soberano.
Pero, ¿qué opinan los gobernadores? Bueno, la inmensa mayoría ha evitado hablar del tema; quizá espera que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en la tajada de las participaciones federales haya un pronunciamiento de apoyo a ese proceso de desconcentración de la burocracia federal.
Y qué tal que con eso de la austeridad republicana les pintan un violín. Creo que ha llegado el momento en que los integrantes de la Conago dejen de hacer pronunciamientos mediáticos y utilizar sus reuniones para hacer como que trabajan codo a codo con el gobierno federal.
Si nunca se pusieron de acuerdo en cómo combatir a la delincuencia organizada y varios de ellos se gastaron en otros asuntos el presupuesto destinado a esa materia, cómo le harán para enfrentar a los ánimos virreinales del hoy Presidente electo, cuyo discurso sonó bien en eso del respeto a la división de poderes y de los gobiernos, pero del dicho al hecho.
Bien harán en seguir el ejemplo del joven gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue claro, muy claro, frente a esos anuncios de López Obrador que tienen implicaciones de invasión a tareas y responsabilidades y obligaciones de los gobiernos estatales, en perjuicio del Pacto Federal previsto en la Constitución General de la República.
En el mensaje político de su tercer informa de gobierno, Moreno Cárdenas saludó al licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Y sostuvo que, “ante a la nueva administración federal, reafirmamos nuestra fórmula de gobierno: ley y firmeza, política y diálogo. Respetaremos las facultades del gobierno federal; y haremos respetar las facultades estatales. Entre órdenes de gobierno no existen jerarquías, sino esferas de competencia diferentes”.
Por eso, refrescó la memoria de quienes han asumido una amnesia selectiva, “los Estados, conforme al artículo 40 constitucional, tienen gobiernos libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.
“En consecuencia, ningún orden de gobierno es jefe de otro orden de gobierno. Y por ello mismo, ninguna figura federal puede convertirse en autoridad intermedia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales”.
Y le sugirió a López Obrador, aunque no lo citó por su nombre, “pasar del federalismo político al federalismo económico. Que no solo estén reconocidos los órdenes de gobierno en la Constitución, sino también en los presupuestos, mediante el fortalecimiento de las capacidades económicas de los Estados y los municipios”.
Ya le platicaré algo más de este mensaje del gobernador de Campeche, pero es una postura que los integrantes de la Conago deben evaluar y cerrar filas, antes de que se encuentren sujetos a las veleidades de otro poder que quiere cambiar a México en seis años. Y que luego no se llamen sorprendidos. Poder es poder. Conste.
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