Moisés Sánchez Limón
Rafael Moreno Valle Rosas y Pablo Salazar Mendiguchía, políticos que se encumbraron en el PRI, al que abandonaron para garantizar sus aspiraciones de poder, fueron gobernadores que llegaron al máximo cargo de elección estatal nominados por alianzas partidistas opositoras al Revolucionario Institucional, encabezadas por el PAN. Y en su agenda de trabajo priorizaba el cobro de facturas.
Así, cuando el 1 de febrero de 2011 Rafael Moreno Valle Rosas rindió protesta como gobernador del estado de Puebla, ante un auditorio que, azuzado por su discurso de mandatario debutante, aullaba venganza, seguía una ruta marcada el 8 de diciembre del año 2000, en la toma de posesión de Pablo Salazar Mendiguchía en el gobierno de Chiapas, cuyo discurso incendiario, ante el entrante presidente Vicente Fox, lindaba en el llamado a linchar a su antecesor, Roberto Albores Guillén.
La transición política en los gobiernos de Puebla y Chiapas no fue nada tersa. Entrañó el anuncio del cobro de facturas; la venganza aprobada desde la cúpula del poder, de Los Pinos.
Moreno Valle Rosas rindió protesta en un acto al que acudieron, con la representación del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.
Por supuesto, a entregar la estafeta, asistió el gobernador saliente Mario Marín y el ex gobernador poblano Melquiades Morales, quien fuera jefe de Moreno Valle y, por supuesto, recibió el aplauso de la concurrencia.
Pero, del discurso de Moreno Valle contra Mario Marín se desgranaron abiertas advertencias, el amago de prisión, el banderazo de la persecución de los amigos del llamado “góber precioso”, entre ellos el empresario Ricardo Henaine e integrantes del gabinete saliente.
Y todo con la complacencia de los representantes presidenciales, en el caso del poblano y, del entonces presidente Fox, en el caso del chiapaneco que persiguió a Albores Guillén y su grupo; además, esta cacería de brujas incluyó a la prensa. Empresarios de los medios de comunicación, directivos y periodistas fueron perseguidos e incluso encarcelados, como ocurrió con el director del diario Cuarto Poder, en Chiapas.
En Puebla, la venganza contra Ricardo Henaine alcanzó a los trabajadores del diario El Heraldo de Puebla. Moreno Valle consideró que si desalojaba a reporteros y trabajadores del periódico, del inmueble que ocupaba en comodato, el denominado Mesón del Cristo, silenciaría a una voz discrepante y que se había convertido en la piedra en el zapato porque no se ciñó al coro de aduladores.
Así, la noche del 28 de abril de 2011, mediante un operativo que fue preparado con la permanente vigilancia de los movimientos de los directivos y reporteros, un piquete de policías estatales vestidos de negro, embozados y con armas largas enhiestas, irrumpió en el inmueble y ordenó a los reporteros y trabajadores que preparaban la edición del día siguiente, que lo abandonaran.
El grupo de asalto iba encabezado ni más ni menos que por el entonces secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, y el procurador General de Justicia –hoy ascendido a Fiscal General en su nueva denominación—Víctor Carrancá Bourget, además de un juez que hizo el papel de ministerio público.
El punto es que estos personajes, en acatamiento de las órdenes de su jefe, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, desoyeron –en realidad les valió un comino—las explicaciones de la administradora y luego del director del diario, por cuanto a la existencia de dos suspensiones provisionales de amparo contra cualquier medida de presión y desalojo.
Trabajadores y reporteros realizaron dos marchas hacia la llamada Casa Aguayo, sede de la oficina del entonces influyente y poderoso secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, a quien igualmente le importó un pito la suerte de los trabajadores y reporteros de El Heraldo de Puebla que habían sido despojados de sus instrumentos de trabajo y pertenencias personales.
Moreno Valle seguramente sonrió satisfecho de ese operativo e incluso desde oficinas de su administración se regó la especie de que El Heraldo de Puebla había fenecido. Pero, el gusto le duró un fin de semana, porque el lunes siguiente, el diario volvió a circular.
El gobernador se había enfrentado a un equipo que en nada se parecía a aquellos editores que redactaron una carta en la que le pedían perdón porque, aducían, se habían equivocado en la campaña al apoyar a Javier López Zavala, el delfín del gobernador Mario Marín.
Cerrándoles la llave de la publicidad y con la concentración de las áreas de comunicación social de las dependencias estatales en la dependiente de su oficina, Moreno Valle puso en orden a los diarios que no habían apoyado a su campaña y privilegió a los que estuvieron con él.
En su edición del viernes 10 de febrero de 2012, el diario La Jornada publicó: “Un tribunal colegiado falló en favor del gobierno de Puebla, que recuperó el Mesón del Cristo, edificio donde se ubicaba el periódico El Heraldo de Puebla, propiedad del empresario Ricardo Henaine Mezher. El primer tribunal colegiado confirmó una resolución de primera instancia judicial, que le dio posesión definitiva. Henaine interpuso el amparo 12/12 para solicitar protección de la justicia federal, pero el fallo lo deja sin recursos legales”.
Y con ello, la autoridad jurisdiccional cerró un capítulo de una embestida que, más allá del cobro de una factura a un enemigo político, entrañó la violación a la libertad de expresión y un atentado a periodistas ajenos a las venganzas del gobernador, quien además fue demandado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas, en mayo de 2011. Pero, el caso igual se fue a dormir al archivo de esa dependencia de la Procuraduría General de la República, desde donde hubo complicidad para dar largas al tema.
Moreno Valle operó, a todo costo, contra el diario y su enemigo Ricardo Henaine. Una nota del reportero Andrés Herrera, con fecha 9 de febrero de 2012 refirió:
“Dos millones 989 mil pesos ha erogado el gobierno del estado para pagar a despachos de abogados y servicios de consultoría que orientan y ayudan en litigios que actualmente tiene el gobierno estatal, entre ellos se incluye un pago de 110 mil 200 pesos por concepto de defensa en la disputa por el comodato del edificio El Mesón del Cristo –de donde hace 286 días fueron desalojados, con uso de la fuerza pública, trabajadores de este diario–, informó el secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña Kurzcyn. Las firmas contratadas son: JR Name y Asociados, Abogados Consultores de Puebla S.C, Kuri Breña Sánchez Ugarte, Juan Velázquez, Pedro Sánchez Castañeda y Equalitas Consultores Locales S.C., explicó en su comparecencia ante diputados locales integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia; además, aseguró que no tiene nada “personal” en contra de ningún empresario”.
¿Transición tersa? ¿El cambio? Bueno, en Puebla hay evidencias de sociedades peligrosas, denunciadas por quien fuera operador de Moreno Valle, su cuñado Fernando Manzanilla. ¿Algo cambió en Chiapas con dos gobernadores de dizque oposición? La venganza y el cobro de facturas personales. Vaya democracia. Digo.
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