Representantes del sector privado recibieron de forma positiva el Acuerdo de Reactivación Económica que pretende incentivar la inversión en infraestructura, pero señalaron que es necesario garantizar la certeza y el Estado de Derecho para atraer la inversión y propiciar la recuperación del país
José Gijón
Desde el año pasado, uno de los anuncios más destacados en materia de inversión en el país fue el paquete de proyectos de infraestructura anunciados de forma conjunta entre el Gobierno Federal y el sector privado.
Al paso de los meses se fue perdiendo rastro de la iniciativa y con el estallido de la pandemia por el Covid-19 se hicieron algunos esfuerzos por retomarla para poder hacer frente a los efectos del virus en la economía global.
Para finales de septiembre, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, indicó que el esperado plan de infraestructura sería presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante octubre.
El empresario explicó que parte de los proyectos incluirían al sector energético e indicó que “es una buena cantidad (…) va a ser un cambio importante en la tendencia que llevamos”.
Por su parte, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), adelantó que los primeros proyectos en anunciarse serían de corto plazo, dando pie a la incorporación de nuevas iniciativas mediante un mecanismo creado especialmente para poder darle seguimiento al plan.
Posteriormente el gobierno federal realizó una conferencia de prensa junto con miembros del sector privado para presentar el Acuerdo de Reactivación Económica, plan destinado al impulso de 39 proyectos de infraestructura con una inversión por 297 mil 34 millones de pesos.
El convenio establecido entre la actual administración y el CCE tiene por finalidad financiar proyectos de infraestructura pública donde la aportación de la iniciativa privada ascienda a, por lo menos, el 50% del costo total de las obras.
De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el paquete de proyectos da certeza respecto al interés en la inversión privada, la importancia de trabajar unidos y juntos. “Es un paquete de inversión que vamos a trabajar paulatinamente», aseveró.
“Vamos a firmar este convenio de colaboración entre el sector privado y el sector público, pero no queríamos que fuera solamente un mecanismo a través del cual manifestáramos buenas intenciones, sino queríamos de manera muy explícita hacer el anuncio con proyectos muy específicos”, destacó por su lado el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.
Refiriéndose a la forma de concretar los proyectos, el funcionario indicó que gobierno y empresarios acordaron un mecanismo para identificar los desarrollos potenciales para pasarlos por una etapa de análisis, una de formulación específica y finalmente la aprobación y ejecución de estos.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Inversiones de Hacienda, Jorge Nuño Lara, detalló que los montos involucrados entre 2020 y 2021 representan aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y tendrían una repercusión de entre 185 mil y 190 mil empleos generados, con una pretensión de alcanzar un monto continuo de inversión anual mixto del 25%.
Los proyectos, de los cuales siete ya tenían iniciadas sus operaciones al momento del anuncio, se distribuyen en distintos rubros de la economía como son comunicaciones y transportes, medio ambiente, agua y energía.
Entre las obras que arrancaron en diciembre de 2019 se encuentra la Autopista Urbana Siervo de la Nación, en el Estado de México; el Viaducto Santa Catarina, en Nuevo León; la Autopista Mitla – Tehuantepec II; la modernización de la carretera Ecuandureo – La Piedad, Zitácuaro – Maravatío y Libramiento Lagos de Moreno; el denominado Paquete Pacífico Sur con la autopista Guadalajara – Tepic; la rehabilitación Noreste de carreteras en Nuevo León y Tamaulipas; y la construcción del Libramiento Carretero Surponiente de Aguascalientes. Estas edificaciones cuentan con una inversión de 38 mil 149 millones de pesos.
Por otro lado, los 32 nuevos proyectos con una inversión de 259 mil 195 millones de pesos contemplan edificaciones en carreteras de San Luis Potosí, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chihuahua y Chiapas; además de obras en los puertos, implementación de sistemas para el manejo de residuos sólidos, construcción de proyectos ferroviarios y la instalación de plantas de coquización, entre otros.
De estos últimos, 23 proyectos comenzarían en enero de 2021 y se irían repartiendo a lo largo de ese año; seis proyectos serían de carácter mixto, mientras que cinco entran en la definición de “alianza estratégica”.
Algunas de las obras que estarían a la cabeza del Acuerdo son la construcción del Tren México-Querétaro, con 51 mil millones de pesos; la construcción del suburbano Lechería-Aeropuerto Felipe Ángeles, con 12 mil millones; y el corredor ferroviario García-Aeropuerto Internacional de Monterrey, con 19 mil millones.
Aunado a ello, tanto el proyecto ferroviario de Querétaro como la coquizadora en la refinería de Tula y la Unidad de Licuefacción en Salina Cruz, destacan por ser proyectos diseñados durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
El Tren México-Querétaro, puesto en entredicho tras una licitación polémica, terminó por no realizarse e indemnizar a las empresas involucradas; la coquizadora consistía en un proyecto destinado a que Petróleos Mexicanos (Pemex) se abriera a la inversión privada pero fue suspendida en 2016 por falta de presupuesto; y la planta de licuefacción tuvo una última inversión anunciada para principios de noviembre de 2014.
Plan de inversión, con reservas
Tras el anuncio, distintos organismos empresariales se han pronunciado respecto a la propuesta conjunta del gobierno de López Obrador y el CCE.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseveró que el plan de reactivación económica con la puesta en marcha de obras de infraestructura es una señal esperanzadora.
El representante del sector privado destacó que el Gobierno Federal no ha sido muy exitoso al momento de incentivar la economía, pero indicó que el anuncio puede entenderse como una nueva oportunidad para el país, ya que requiere de un plan de inversión para reactivar la economía.
El presidente del organismo precisó que la disposición mostrada por la administración de López Obrador respecto a estos proyectos no es un tema menor en un ambiente de desconfianza e incertidumbre como el que ha permeado durante los últimos meses.
Por otro lado, la iniciativa privada señaló que es necesario garantizar el Estado de Derecho para lograr las inversiones que se requieren para concretar la reactivación económica.
Antonio del Valle expuso que deben establecerse reglas claras y estables para lograr darle certeza a las inversiones tanto nacionales como internacionales.
El dirigente del CMN puntualizó que la inversión en infraestructura es uno de los vehículos de mayor importancia para la economía por la generación de empleos que proporciona en el corto plazo y el impuso al crecimiento en el mediano y largo plazos, por lo cual se vuelve una respuesta proporcional al daño causado por las circunstancias actuales.
Destacó que el acuerdo establecido con el Gobierno Federal marca un parteaguas no sólo para la generación de empleos sino que podría permitir una mejor recaudación fiscal y un mejor desarrollo.
En el mismo sentido, el presidente de la Cámara se la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), Adrián Sada Cueva, consideró que el acuerdo de inversión es un buen punto de partida, pero que hay pendientes como aclarar la forma en la que se fondearán las inversiones previstas y garantizar la estabilidad por parte del gobierno federal.
“Es muy importante dar claridad, cuál es el rumbo y que nos dé confianza al sector privado para invertir, porque la energía eléctrica y gas natural son motores para la industria y factores de competitividad básicos para poder determinar si México es un buen país donde invertir a largo plazo”, apuntó.
No obstante, otros miembros del sector privado apuntaron que es necesaria una labor mayor para paliar los efectos del coronavirus en la economía mexicana.
Edgar Nolasco, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la Concanaco-Servytur, advirtió que es necesaria una ley de reactivación económica que pueda estimular la inversión ya que, de continuar las cosas como hasta el momento, la recuperación de la economía llegaría hasta 2024 y el ingreso per cápita alcanzaría los niveles de 2018 en una década.
“Nos falta el brazo fiscal, que el gobierno ejerza su rectoría del Estado y se coordine con la autoridad monetaria, y que además haya la oportunidad de aumentar puntos de financiamiento del PIB”, aseveró.
