Las indemnizaciones por expropiaciones del Tren Maya
Norberto Vázquez
A lo largo de cuatro años de construcción, se cuenta con ocho documentos expropiatorios relacionados con los distintos tramos del Tren Maya calificados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como de primera necesidad para el transporte de mercancías y movilización de personas.
Los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, aseguran que permitirá el desarrollo socioeconómico y turístico de la región, reduciendo los niveles de pobreza, aunque en torno a estas obras ha habido distintos señalamientos de conservacionistas y en otros tramos, personas inconformes por los dictámenes de expropiación.
Sobre todo, la gente aledaña al proyecto ferroviario. Por ejemplo, en meses pasados, ejidatarios de Xcalacoop, en el municipio de Tinúm, exigieron al presidente a López Obrador una indemnización por el uso de las tierras ocupadas por las vías del tren, ubicadas en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Chichén Viejo, en Yucatán.
“El polígono que conforma nuestro ejido de Xcalacoop abarca toda la extensión de la zona arqueológica de Chichen Itzá. Tantos gobiernos federales anteriores tampoco han querido ayudarnos y poco a poco estamos perdiendo las ganas con usted porque esta es el tercero o cuarto pliego petitorio que le hacemos llegar y no nos ha tomado en cuenta”, afirman los ejidatarios en un oficio aprobado en asamblea.
Y es que, en enero de 2023, los habitantes, 242 ejidatarios y casi mil pobladores, bloquearon por diez días la entrada a Chichén Itzá con el mismo reclamo.
Los ejidatarios afirman que cuentan con las escrituras de inicios del siglo pasado sobre mil 840 hectáreas en las que están las zonas arqueológicas, pero que fueron despojados en 1995 por un privado presuntamente coludido con el gobierno de Yucatán, en la época de Víctor Cervera Pacheco. ¿Cervera? Ya se imaginará. El difunto Porfirio Muñoz Ledo, me dijo un día que Cervera era un “hooligan de la política”.
Bueno, el tema es que narran los ejidatarios, que posteriormente, las tierras pasaron a manos de los Barbachano, una familia que en 2010 celebró un contrato de compraventa con el gobierno del estado por un total de 220 millones de pesos a cambio de 83 hectáreas de la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Más de una década después la familia Barbachano se negó a entregar las tierras y hace apenas unos días impidió al Gobierno Federal abrir un acceso a Chichén Viejo.
¿Y las consecuencias? Pues aquí están. Por esta intromisión legal, cuentan los terratenientes, personal del Ejército mexicano arrasó con cerca de 1.2 kilómetros de selva, sin permisos ambientales ni protocolo de salvamento arqueológico para proseguir con el trazado de vía.
Según reveló el comisario ejidal, Jeremías Cime Ciau, que en 2013 el gobierno de Yucatán encabezado por Rodrigo Zapara Bello, indemnizó a los Barbachano, mientras que ellos siguen esperando obtener algún beneficio.
“No estamos en contra de los planes del gobierno, pero se deberían de revisar nuestras escrituras y evitar que continúe este despojo”, se quejaron en sus escritos.
Ellos enviaron una carta el presidente por estos motivos la cual establece lo siguiente.
“Sabemos que usted, como Gobierno Federal, le ha pagado y comprado tierras a estos empresarios, pero ha sido engañado como muestra el lugar donde será el Centro de Atención al Visitante pues estas tierras han sido despojadas de nuestro ejido. Desde gobiernos anteriores, hasta Mauricio Vila Dosal han trabajado de manera tramposa para el beneficio prianista y eso no es justo tierras nuestras vendidas por empresarios y cómplices con el gobierno del estado junto con personal de Registro Agrario Nacional”.
Así el Gobierno Federal continúa con la expropiación de tierras en Quintana Roo para el Tren Maya, aunque todavía hay ejidos donde se están utilizando las tierras sin que exista algún acercamiento de las autoridades con sus propietarios para una indemnización.
En el ejido de Chunhuas, localizado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, los ejidatarios piden al Gobierno Federal la indemnización de sus tierras en las que se han establecido postes que servirán para la electrificación del Tren Maya.
William May Dzib, subdelegado de la comunidad y miembro del ejido, sostuvo que son más de cuatro kilómetros lineales de tierra que se han usado, para instalar grandes postes con cableado que servirán para la subestación eléctrica que alimentará al tren, pero nadie se ha acercado a negociar el uso de esas tierras.
Los casos no tardan en salir a relucir, se han interpuesto diversas denuncias, con la finalidad de que alguna autoridad se acerque con ellos para llegar a un acuerdo y se les pague, de no ser así, podrían interrumpir las obras, hasta que se les indemnice. Y el 1 de diciembre tendrá que estar lista.
Aclaró que no están en contra del proyecto, pero consideran necesario que se les pague por el uso de sus tierras como se ha hecho en otros ejidos que están por la zona; por ejemplo, en Polyuc, donde se instalará la subestación y que fueron los primeros en exigir el pago por el uso de sus tierras.
Junto con la expropiación de este lunes, el Gobierno Federal también publicó los decretos correspondientes a dos ejidos del estado de Campeche, correspondiente al Tramo 7, del Tren Maya.
Se trata de tres hectáreas en el ejido Matamoros, en el municipio de Escárcega, y nueve hectáreas de Valentín Gómez Farías, en el municipio de Calakmul.
