Tras la pista de los diseñadores de libros de texto
Norberto Vázquez
Comienza un largo peregrinaje de Expedientes MX para lograr obtener la versión pública de las minutas, acuerdos, actas o cualquier documento que indique como se diseñaron los contenidos
El diseño fue realizado por académicos, expertos y amigos periodistas. Cuando yo iniciaba en este oficio, mis compañeros reporteros participaban en el denominado Grupo Oaxaca. En pocas palabras, yo fui uno de los beneficiados de esa lucha social para que el Estado mexicano se abriera a la transparencia gubernamental y al acceso a la información pública.
A lo largo de estos años he usado sin parar, el beneficio de Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental. De manera anónima, a lo largo de cerca de tres lustros, he dado notas a diversos medios periodísticos y columnistas.
Las peticiones de información que he realizado sobre los casos Banamex, Telmex, Zhenli Ye Gon, la isla Bermeja, el laudo sobre Zimapán, entre decenas de asuntos de importancia nacional, han sido notas informativas para el gremio.
Hoy se aproxima un nuevo debate legal sobre acceder a esta información. De manera reciente pedí a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la entrega de la versión pública de las minutas, acuerdos, actas o cualquier documento resultado de las Asambleas y Análisis del Plan y los Programas de estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica 2022.
El asunto es de gran relevancia para el país. Necesitamos saber como fue el método, y sobre todo los acuerdos para llegar a los contenidos. Si se siguieron los protocolos establecidos o surgieron por ahí, de unas mentes extraviadas, que les dio por hacer libros cargados de ideología.
Como lo mencioné en las líneas anteriores, esto será una batalla legal que llevará tiempo.
Cuando pedí hace años el contrato de compra venta de Telmex, el caso se llevó cerca de medio año (con la ayuda de la entonces comisionada Jacqueline Peschard) por todo el enredo que realizó la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores y la Secretaría de Hacienda.
Por el momento, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya expuso un comunicado sobre el caso.
La encarga de llevar el asunto es la comisionada Josefina Román Vergara, quién ha comentado que lo importante es saber si las autoridades cumplieron con el catálogo normativo que regula los procesos y etapas a seguir en torno a la innovación en materiales de educación y, por ende, en los Libros de Texto Gratuitos, que se entregan a millones de niñas, niños y adolescentes de todo el país.
Durante su exposición ante el pleno, dijo que se debe dar con la información generada a partir de las asambleas estatales, los consejos técnicos escolares y los talleres intensivos de formación para la elaboración de los nuevos Libros de Texto Gratuitos.
Cabe destacar, que esto se da después de un recurso de revisión, ya que la respuesta de la SEP es que esto se reservó por un periodo de cinco años.
El argumento: que el documento contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos.
En concreto a la entidad dirigida por Leticia Ramírez tiene que entregar los documentales que integran la carpeta denominada Asambleas y Análisis del Plan y los Programas de estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica 2022; la fecha de inicio del proceso deliberativo; las fases que lo integran; en cuál se encuentra y la fecha estimada de conclusión.
La SEP buscó sustentar la reserva de la información, señalando que es parte de un juicio de amparo.
Se determinó que resulta procedente la clasificación de los nombres de las personas físicas contenidos en los documentos de las “Asambleas y Análisis del Plan y los Programas de estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica 2022”.
Por lo pronto, de acuerdo con las compras públicas de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y Comprante en el proceso para realizar los libros suma 870 millones 488 mil 231 pesos en 23 contratos que vencerán este 2023.
La polémica está abierta sobre un contenido “adoctrinante”, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador, defiende que el trabajo se hizo conforme al marco legal. Ni uno ni lo otro.
Que se entregue la información, y veremos si los protocolos fueron desarrollados de acuerdo a la normativa. Nos urge saber, los mecanismos para educar a los niños de México. Le seguiré informando.
