El rostro de la impunidad en México
Norberto Vázquez
La pésima aplicación de las leyes en México ha degenerado en una sociedad que convive en la total impunidad. Las nuevas generaciones se han de reír del “orden y progreso” de Porfirio Díaz. Al escribir estas líneas duele ver los indicadores, todos contrastan con ese país que nos dejaron nuestros padres: una sociedad solidaria y empática, ahora transformada en una colectividad cansada, violenta y que vive en la impunidad.
Según el Índice Global de Impunidad de 2020, México es el país con el nivel más alto de impunidad en América Latina. Y más, el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.
Todos se vuelve un infierno en manos del Poder Judicial. Algunos de los problemas más serios que afectan a México son desapariciones, feminicidios, secuestros, asaltos violaciones contra la población migrante, tortura, detenciones arbitrarias, violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Todos estos delitos agravados por el contexto de impunidad que les caracteriza.
Las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción. Así, tajante, esa política de abrazos y no balazos esta siendo tierra fértil para cimentar profundamente a la impunidad.
En México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. Además de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento.
De este tamaño es la impunidad en México. A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los Ministerios Públicos y fiscalías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar mucho en estas instituciones.
Cada entidad del país se enfrenta a una problemática diferente en torno a la impunidad. Hay estados que han adoptado buenas prácticas, particularmente alrededor del nuevo sistema de justicia acusatorio y que muestran mejoría en los niveles de impunidad; otros, por el contrario, muestran tendencias preocupantes.
De manera reciente Impunidad Cero y Jurimetría, crearon un ranking que incorpora información sobre niveles de denuncia, gasto en procuración de justicia, efectividad en la resolución de investigaciones y averiguaciones previas, entre otros indicadores relevantes, para poder ordenar a las entidades del país según la calidad de su sistema de impartición de justicia.
Los resultados fueron que en las entidades mejor calificadas, la mayoría de los delitos no se denuncian y aún en esa pequeña fracción que sí se denuncia, la mayoría no se resuelve.
La impunidad en el país es un problema muy grande, pero ¿qué tanto es una prioridad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
Los juristas lo han dicho por años: para que pueda haber una buena procuración de justicia es indispensable contar con un número suficiente de personas que lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer y castigar los delitos y la disponibilidad de suficientes recursos económicos para financiar estas investigaciones.
La situación ideal del sistema de justicia mexicano sería tener tanto un alto presupuesto, como suficientes ministerios públicos “preparados”. En general, a mayor cantidad de Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes, más recursos se gastan en procuración de justicia.
El presupuesto que se destina a la procuración de justicia ayuda a elevar la confianza de las personas en los órganos que se encargan de hacer cumplir la ley, pero de poco sirve contar con su confianza si no hacen su labor efectivamente.
Cuando una persona denuncia un crimen, o cuando se inicia de oficio una investigación, se abre lo que en el sistema anterior se llamaba “averiguación previa” y en el nuevo sistema “carpeta de investigación”.
El objetivo de estas investigaciones es determinar si hubo o no un delito y en caso de que sí, establecer quién fue el responsable.
En promedio, el 6.6% de las investigaciones en el país se resuelven con acción penal y el 3.6% sin acción penal, esto quiere decir que casi el 90% de las investigaciones en el país no se resuelven.
Por esos vivimos en un país de cabeza. Los ladrones, secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, y lo peor de esta sociedad, hacen lo que se les pega la gana. La versión gubernamental de la impunidad (abrazos y no balazos), está teniendo sus consecuencias.
