Las demandas judiciales de la 4T contra deudores fiscales
Norberto Vázquez
De manera oficial suman 17 las demandas judiciales ante la Fiscalía General de la República por adeudos fiscales por parte del Gobierno mexicano, y en la mira, el sector minero canadiense.
El festín tributario durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que se tradujo en la condonación de impuestos a grandes empresas por un total cercano a los 400 mil 902 millones de pesos (mdp), aun hace eco, pero ya con denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo a unan respuesta de acceso a la información, serian 17 la querellas que se dirimen ante la FGR contra las firmas beneficiarias que evadieron impuestos donde se encuentran diversas empresas de sectores como el automotriz, telecomunicaciones y hasta equipos de futbol.
Según la Procuraduría Fiscal dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la institución demandó penalmente a este número de personas físicas y morales por diversos delitos.
Al parecer, esta maniobra amenazante por parte de la Secretaría de Hacienda de recurrir a los tribunales, ha dado resultados. Unos datos. La cadena de supermercados Walmart firmó en julio de 2020 con el gobierno federal uno de los acuerdos reparatorios más grandes, por más de 8 mil millones de pesos. Gigantes como IBM, BBVA México, Grupo Modelo, Femsa (Coca Cola), América Móvil y el poderoso conglomerado Grupo BAL también liquidaron sus adeudos. De estas y otras grandes empresas, el SAT obtuvo 216 mil millones de pesos.
De manera reciente, el titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Luis Alberto Placencia, confirmó que dos grandes contribuyentes pagaron 3 mil millones de pesos al SAT vía acuerdos conclusivos, por lo que la expectativa es alcanzar los 14 mil millones de pesos de recaudación a través de estos acuerdos, hacia finales del 2021.
Buscando el nombre o razón social de las empresas nacionales y extranjeras que se encuentran demandadas por el gobierno mexicano, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FRG advirtió a este reportero que dicha información tiene el carácter de confidencial, en términos artículo 113, fracción III de la Ley de Trasparencia.
Según la FGR, la intención de esta columna sería pretende obtener información respecto de personas jurídicas, relacionadas con hechos presuntamente constitutivos de delito, actualizando para tal efecto la clasificación del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo/negativo respecto a la existencia o inexistencia de alguna averiguación previa o carpeta de investigación iniciada en contra de la persona jurídica solicitada, así como la información accesoria planteada en su requerimiento; lo anterior en virtud de que al ligar a una persona jurídica identificada o identificable con un procedimiento penal, afectaría sus Derechos Humanos, en consecuencia el debido proceso, imagen y moral, como elementos que fundamentan la dignidad humana.
Además, se me informó, que dar a conocer información que asocie a una persona jurídica con la existencia de alguna investigación a cargo de la FGR; esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona moral con algún hecho posiblemente constitutivo de delito y que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable en materia de delincuencia organizada, afectaría directamente su honor, reputación y buen nombre.
Bueno, no es un secreto a voces que entre las compañías beneficiadas por las condonaciones de impuestos en las administraciones de Calderón y Peña se encuentran televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y hasta equipos de futbol, entre las 170 principales empresas del país, las cuales además buscan que sus nombres ni los montos perdonados sean dados a conocer, entablando para ello, al parecer, esta lucha en tribunales.
De acuerdo a un informe presentado recientemente por el SAT a la Cámara de Diputados, a las arcas públicas ingresaron 136 mil 300 millones de pesos de impuestos durante 2020, lo que significó un incremento en la recaudación del 0.8% si se le compara con 2019, un año donde cayó la recolección de IVA e ISR.
Con estas cifras, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca a toda costa mayor recaudación para implementar sus programas sociales. Muestra de ello, es que al cierre de 2020, el SAT revisó a 892 de los 12 mil grandes contribuyentes registrados, de esos 892 revisados, el 50% fue procesado para ir a cobrarles. Esto significa que la estrategia del SAT de ir por los grandes contribuyentes todavía tiene mucho potencial de recaudación, y si es necesario, la FGR será el instrumento para torcerles el brazo.
Y ojo, recientemente, la situación de las empresas mineras, principalmente de la canadiense First Majestic Silver, ha dado de qué hablar. En este sentido, el SAT ha prendido los focos rojos contra el sector minero que tiene la tasa impositiva más baja en el país. Según la dependencia tributaria, hay empresas mineras extranjeras que solamente pagan el 0.00002% de sus ingresos en impuestos y todo su capital que generan en México, lo llevan a sus países de origen, más concretamente a Canadá. La 4T, sin duda, ampliará el número de empresas demandadas ante la FGR en busca de dinero.
