Cinco plataformas de Oro Negro subastadas en Bahamas
Norberto Vázquez
Se trata del caso CIADI NO. UNCT/18/4 con fecha de 12 de julio de 2021, donde accionistas de la petrolera Integradora Oro Negro presentaron un arbitraje contra México invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) acusando a Petróleos Mexicanos (Pemex) de haber dado un trato preferencial a otros competidores.
Su argumento ante tribunales, es por la presunta cancelación de contratos de las cinco plataformas que conformaban a la petrolera Oro Negro en 2017 debido a la caída de los precios del crudo, lo que provocó que los accionistas de la compañía demandaran a Pemex invocando al tratado comercial con EU y Canadá.
Oro Negro, era una empresa mexicana que comenzó operaciones en 2012 encabezada por José Antonio Cañedo White y Gonzalo Gil White, (hijo y sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda con Vicente Fox) adelantándose a las oportunidades que se iban a presentar con la posterior reforma energética, pero fue declarada en concurso mercantil, un año después de solicitar la protección de la ley para negociar con sus acreedores.
De acuerdo con el laudo, los inversionistas de Estados Unidos alegan que México expropió su inversión en Oro Negro porque México permitió que Pemex mintiera sobre las adecuaciones a los contratos en 2015 y 2016, aduciendo que era temporal y permitió que Pemex rescindiera ilegalmente los contratos para castigar a Oro Negro por no pagar sobornos.
No obstante, los argumentos de la defensa mexicana establecen en el escrito que “se debe recordar que Oro Negro otorgó decenas de garantías a los Tenedores de Bonos. Al momento en que la empresa cayó en ‘default’ bajo el Convenio de Bonos 2016 los Tenedores de Bonos buscaron ejecutar tales garantías. Iniciado el Concurso Mercantil 345/2017, los Tenedores de Bonos requirieron la restitución de las plataformas, situación que el 15 de mayo de 2019 ocurrió, y ante lo cual, las plataformas salieron de territorio mexicano y fueron vendidas mediante subasta pública en Bahamas”.
Se establece claramente que Pemex y el Gobierno mexicano, no expropiaron las plataformas. “La demandada nunca tomó las plataformas. El hecho de Oro Negro haya perdido la titularidad de esos activos deriva de las decenas de securities que otorgó a los Tenedores de Bonos a manera de carte blanche, incluidas renuncias firmadas de directivos de Oro Negro”.
En cualquier caso, agrega el documento, “la demandada ha demostrado que Pemex trató a todos los contratistas de la misma manera. Con las seis empresas que arrendaban plataformas autoelevables de 400 pies se negociaron reducciones de tarifas durante los mismos años en los que se negoció con Oro Negro”.
En todo caso, los accionistas de Oro Negro piden un monto de la compensación al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador de “al menos” 270 millones de dólares más intereses, y que dicho monto, “se actualizará a la fecha de la audiencia y/o a la fecha en que el Tribunal emita el laudo final”.
Al arbitraje establece que las demandantes (accionistas) tienen la carga de la prueba para demostrar sus reclamaciones, incluidas las serias alegaciones sobre corrupción y colusión. “Estas acusaciones en esencia están basadas en las declaraciones testimoniales los señores Gonzalo Gil White y Jose Antonio Cañedo White, empresarios mexicanos vinculados con el Grupo Axis y que buscan beneficiarse con un laudo condenatorio en contra de México. De igual forma, estas alegaciones están basadas en interpretaciones subjetivas de correos electrónicos y mensajes de texto de asesores financieros y representantes legales de Tenedores de Bonos, a los cuales las demandantes pudieron tener acceso gracias a procedimientos de ‘discovery’ iniciados en Estados Unidos. Con base en ello, el Tribunal podrá corroborar que las acusaciones de las Demandantes son simples conjeturas, dado que la evidencia es inexistente”.
La defensa de México, dijo que los demandantes reclaman falsamente en este arbitraje y en los procedimientos ante las Cortes de Nueva York; que funcionarios públicos de México periódicamente exigieron sobornos a Oro Negro; que funcionarios públicos recibieron sobornos por parte de competidores de Oro Negro, lo que les permitió recibir un trato más favorable; y que procuradores y jueces federales y de la Ciudad de México recibieron sobornos para iniciar investigaciones y emitir órdenes de aprehensión.
Todas estas, en contra de los señores Gil White, Canedo White, Williamson Nasi, Gustavo Mondragón, Miguel Ángel Villegas y Cynthia Delong.
Además de que funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México fueron sobornados para manipular sus bases de datos y “fabricar pruebas falsas”; y que funcionarios públicos y directivos de Pemex se coludieron con los Tenedores de Bonos y competidores para destruir a Oro Negro, e incluso, que potenciales testigos de los demandantes fueron intimidados para que se abstuvieran de participar en este arbitraje.
Así las cosas, la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero, no ha dicho nada sobre el caso. Las pesquisas siguen, y el gobierno de Enrique Peña, le heredó este litigio a la Cuarta Transformación.
Desde hace seis años en la opinión pública se argumenta que la ejecución de derechos de propiedad por los Tenedores de Bonos de alguna forma constituye una expropiación indirecta por el gobierno, lo cierto es que “las plataformas en disputa ya fueron rematadas”. ¿Y el dinero para donde se fue? Y el caso sigue.
