Festín de anomalías en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
Norberto Vázquez
Muchos funcionarios aún se quedaron ahí, era fácil enterarte de lo que ahí ocurría. En las subastas los mismos funcionarios se auto compraban mucho de lo que ahí se subastaba. Coches, joya, lotes de pinturas, casas, de todo lo que se puede imaginar. Provenía de dinero mal habido, pues se dieron un festín con las subastas y la administración del organismo.
Se trata del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que se consideró en términos políticos de “populista” al consideras discrecional el cómo se determinó a quién le devuelven lo robado. Bueno si se devolvió, nada se sabe de cómo operó y a quién le donó el dinero.
El objetivo es que los bienes que se incautan por diversos motivos, por causa penal, ahora sí tuvieran un destino transparente, claro y expedito. Sobre todo, a programas sociales y obras de alto impacto en zonas marginadas.
Se consideró que, en los sexenios presidenciales anteriores, nunca se dio cuenta de cuál fue el destino final de bienes y efectivo decomisados a los criminales.
El 14 de mayo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en su mañanera la creación del Indep que entró en funciones en enero de 2020 con la consigna de que todo lo que se confisque a la delincuencia y lo que se obtenga por actos de corrupción (automóviles, ranchos, residencias o dinero en efectivo) se le devolvería a la gente.
Desde entonces este instituto ha estado a cargo de subastas de casas de narcos, joyas, entre otros bienes.
Tan luego de permanecer en su cargo como director del organismo, Jaime Cárdenas, quien asumió esa responsabilidad en junio de 2020, renunció en septiembre de ese mismo año, destapando un rosario de anomalías y acusando, en su carta de renuncia, que dentro de esta dependencia hay actos de corrupción del personal, mismos que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República.
En 2023 el Órgano Interno de Control (OIC) del Indep, detectó liquidaciones ilegales a personal eventual, cartera vencida por 39 millones de pesos en préstamos a extrabajadores, pagos excesivos en finiquitos, seguros de vida contratados “indebidamente”, así como violaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Se trató de la primera auditoría de este año a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos (DERH) titulada Préstamos, liquidaciones y altas de pensiones.
Mas tarde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló como reservó por 5 años la información que resulte de la investigación hecha al Instituto sobre el pago de servicios médicos a trabajadores fallecidos del organismo. El fraude a la Hacienda Pública se cometió un promedio de 500 veces a lo largo de tres años, según datos de la auditoría.
Se documentó que en la entrega de la Cuenta Pública 2021, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, a través del Fondo de Pensiones del Sistema de Banrural, pagó servicios médicos a pacientes que no cumplieron con los requisitos necesarios para recibir el apoyo o que ya “habían fallecido”. Esto causó un daño al erario de casi 5 millones de pesos.
El Instituto proporcionó servicio médico a 125 jubilados difuntos y pagó pensiones a otras 56 personas fallecidas, detectó la ASF en la Cuenta Pública 2022.
Así a lo largo de casi seis años el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es considerado por especialistas como uno de los organismos que rinde menos cuentas en el Gobierno Federal, su falta de transparencia levanta sospechas de que funciona exactamente para todo lo contrario.
De las subastas ni hablar, según cálculos de la ASF, apenas ha logrado vender el 20% de lo que ha ofertado entre 2020 y 2023. Hasta hoy nadie sabe cuánto dinero han recaudado, pero sobre todo a quién se ha entregado.
¿Quién lo determina y a dónde se va lo subastado? Por si fuera poco, el Instituto ha reconocido que se encuentran en proceso de investigación por diversos robos en el inventario de la dependencia.
El organismo dirigido por Alberto Becerra, confirmó que existe una carpeta de investigación actualmente abierta por la pérdida o robo de bienes y objetos de su inventario.
Se trata de la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000070/2022, abierta por la Fiscalía General de la República en 2022.
El Indep detalló que la información de robos de bienes y objetos que estaban en posesión de la dependencia fue reservada por un periodo de tres años.
De tal forma que dicha información no podrá ser consultada hasta el año 2025, una vez culminado el gobierno del presidente López Obrador.
Y peor aún, si se extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dígame usted, ¿qué vamos a saber de lo que ocurre en las entrañas administrativas de este organismo?
Esta es solo una muestra de la enorme opacidad con que se ha manejado el presente gobierno. No cabe duda de que su logro fue sacar a los “machuchones” del Poder Ejecutivo, pero de ahí en fuera, la presente administración en materia de transparencia deja mucho que desear. Y la opacidad sigue.
