Las palabras exterminio y crematorio que no estaba en los radares
Norberto Vázquez
Faltaban diez días para el cambio del Poder Ejecutivo. El 1 de octubre, la Cuarta Transformación cambiada de residente en el Palacio Nacional. No era conveniente hacer ruido. Y nadie lo hizo. Casi seis meses después el asunto salió de entre las sombras. Cuando nadie se lo esperaba, justo, cuando todo iba bien con las antenas puestas hacia Estados Unidos y las negociaciones contra los aranceles.
Decomisos, detenciones y el envío de 29 poderos líderes de crimen organizado hacia cárceles norteamericanas eran el discurso que imperaba.
La narrativa iba bien y de repente los términos: “campos de exterminio” y “crematorios clandestinos” abordaron la dinámica gubernamental y los agarró desprevenidos.
Era el 20 de septiembre de 2024 cuando un informe de la Guardia Nacional describía. “En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de cero impunidad del gobierno federal, en el estado de Jalisco, personal de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con integrantes del Ejército Mexicano, aseguraron un centro de adiestramiento donde se encontraban dos personas privadas de su libertad, y detuvo a 10 presuntos plagiarios”.
Durante recorridos de prevención del delito en el municipio de Teuchitlán, los elementos recibieron una denuncia ciudadana que informó sobre personas armadas en un rancho abandonado de la comunidad de La Estanzuela, razón por la que se trasladaron a la ubicación señalada.
Al arribar al sitio, los integrantes de ambas instituciones escucharon detonaciones de arma de fuego desde el interior del predio, por lo que implementaron un operativo de intervención para descartar la posible comisión de algún delito.
En una rápida acción, en la que no se realizó ningún disparo, se detuvo a 10 presuntos delincuentes quienes portaban armas de fuego y fueron rescatadas dos personas maniatadas, quienes manifestaron estar privadas de su libertad; además se realizó el hallazgo de una persona sin vida.
Durante la inspección del lugar localizaron lo siguiente: 4 fusiles de asalto, 2 armas cortas, 21 cargadores, una granada de mano, 10 placas balísticas, 5 chalecos tácticos, y 4 vehículos.
A las diez personas les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y, junto con los vehículos y el material bélico, fueron puestos a disposición ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, para continuar las investigaciones correspondientes.
Hasta ahí quedó el asunto. Casi medio año después estalló la bomba. Así es, en el cateo pasó de largo que en el sitio había indicios de que el sitio había funcionado como crematorio clandestino y nunca se hizo mención de los restos humanos que serían encontrados seis meses después.
De acuerdo con la líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, esta historia de horror empieza a raíz de las múltiples desapariciones de jóvenes registradas en la central de autobuses donde ofrecían una buena paga con cinco mil pesos a la semana por ser guardia de seguridad o chófer. Pero siempre los citaban en la central. Ahí los interceptaban y ya no se sabía nada de ellos.
Según explicó, los jóvenes eran llevados al rancho, donde eran sometidos a aislamiento, violencia física, y forzados a enterrar y quemar cuerpos. “Nos obligaban a hacer unos hoyos, unas fosas. Ponían una plancha de piedra y ladrillo, ahí aventaban los cuerpos seccionados. En el fondo había un cuarto que le llamaban ‘la carnicería’, ahí nos obligaban a quemarlos”, narró Navarro al citar el testimonio de uno de los sobrevivientes.
Navarro reveló que la madrugada del 11 de marzo recibió una llamada de una joven que aseguró haber permanecido tres años privada de la libertad en ese lugar. La mujer, identificada como María, decidió dar su testimonio pese a que sabe que esto podría costarle la vida.
“Me dijo que esto (el crematorio clandestino) tiene más de diez años, que opera desde 2012. Que la gente del lugar lo sabía, pero no podían hablar porque estaban amenazados. Me contó cosas muy fuertes”, relató Navarro.
El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, anunció el martes que la institución abrirá una investigación, y cuestionó la falta de acción previa: “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”, dijo en su intervención durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El asunto no estaba en los radares del gobierno federal. Ya es internacional. Si es un problema y si es serio el asunto. De acuerdo con el registro estatal de personas desaparecidas en Jalisco, hay actualmente 15 mil 426 personas no localizadas, de las cuales 12 mil 407 son hombres y 5 mil 487 mujeres.
Zapopan es el municipio con más casos, con 2 mil 774 personas desaparecidas hasta el 28 de febrero.
Esto solo en un estado, las cifras nacionales ya mejor no le cuento. En países con conflictos bélicos fuertes aparecen mínimo los muertos, aquí ni eso, si está mal una sociedad que está tolerando esto: con asesinos de este calibre en las calles.
