Mensajes de Kristi Noem alteraron la Ley de Telecomunicaciones
Norberto Vázquez
El proyecto me cuentan, iba dirigido concretamente a ser una herramienta para apuntalar a México en la industria 4.0, con una estrategia de país más clara sobre el aprovechamiento del nearshoring, el Internet de las cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA) y otras innovaciones parte del ecosistema digital alrededor de la tecnología 5G que será el futuro de la cibernética mundial.
Hasta ahí todo bien. Pero comenzó algo que no estaba en los radares de la propuesta del Poder Ejecutivo. Diversos comerciales comenzaron a transmitirse a inicios de abril, de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que se emitieron en televisión abierta y en línea en Estados Unidos y en canales de México. En ellos se promueven las políticas migratorias del presidente Donald Trump contra las personas migrantes.
En Palacio Nacional esto no gustó. La presidenta Claudia Sheinbaum envió la propuesta de ley para abrogar a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y dar lugar así a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Inmediatamente en el Senado de la República, el jueves 24 de abril se llevó a cabo una reunión de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, en el que se aprobó la propuesta de decreto con 29 votos a favor y 9 en contra.
Se trata de un proyecto en el que se crea un nuevo marco legal de 283 artículos y 27 transitorios, para establecer nuevas bases políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que incluye la regulación del espectro radioeléctrico.
La molestia en los andadores de Palacio era tanta que el 21 de abril, Sheinbaum señaló que el anuncio tiene un contenido discriminatorio y expuso la carta que envió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) sobre las denuncias ciudadanas relacionadas con videos difundidos en televisión y medios de comunicación.
Además, la presidenta expuso que con anterioridad a la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión del 2014, existía un artículo que prohibía a las concesiones de radiodifusión y televisión en el país no pueden transmitir propagando política, ideológica o comercial de entidades extranjeras.
Ni permitir que los medios que operan en su concesión sean utilizados para acciones que puedan influir en asuntos internos en el país.
Así la situación se alteró. Se insertaron modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recuperar dicho artículo acatando también la orden de la CONAPRED. No obstante, pese a respetar el 85% de la ley del 2014 se incluye modificaciones que censuran a los medios de comunicación.
Las modificaciones directamente relacionadas con la propaganda de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, son el 201 y 210. El primero señala que, los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o televisión no pueden trasmitir contenidos pagados o patrocinados de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, hasta contar con la aprobación de la Secretaría de Gobernación.
El segundo, indica que hay una excepción con contenidos de promoción turística o cultural; que los gobiernos extranjeros no pueden hacer uso de los medios de comunicación mexicanos para influir en asuntos internos al país; y que las plataformas digitales se unen a esta regla.
Esta reforma, implica también la creación de una nueva autoridad reguladora y un nuevo marco legal para la industria de telecomunicaciones y radiodifusión en México y se propuso la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Para los expertos y los inversores de la industria, entre las principales problemáticas está la capacidad de la Agencia para administrar el espectro radioeléctrico y otorgar concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés del público, provocando quitar concesiones a medios independientes y críticos bajo argumentos ambiguos.
Además de que impedirá reconocer los derechos colectivos sobre el espectro radioeléctrico, la propiedad comunal sobre la infraestructura instalada en territorios indígenas y el derecho a la comunicación con pertinencia cultural y lingüística para esos pueblos.
Ojo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al Senado de la República a garantizar espacios de consulta y seguir los estándares internacionales en libertad de expresión información, privacidad, derechos digitales e indígenas.
El Senado ya lo aceptó y a petición de Presidencia de la República se abren foros. Esperemos que no sean pura pantomima y realmente se legisle bien. Le están metiendo mano a todo, y la verdad, no siempre son buenos sus resultados.
