Los testigos (soplones) protegidos de la 4T
Norberto Vázquez
En lo que va del año se han erogado un millón 911 mil 598 pesos por manutención de testigos protegidos, cifra que dista de los 210 mdp utilizado en los 17 años de las gestiones del PRI y PAN, revela la FGR
Desde el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hasta significativos integrantes del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco, tienen un presupuesto asignado para su manutención como testigos protegidos o testigo colaborador para apoyar a la Fiscalía General de la República (FGR) con la finalidad de resolver importantes investigaciones a favor del Estado mexicano. Incluso, asuntos de seguridad nacional para el país.
La austeridad republicana emprendida por la 4T, llegó a esta figura legal, pues de acuerdo a una petición de información a la FGR, en lo que va del año, se han erogado un millón 911 mil 598 pesos en la manutención del programa para testigos protegidos de la institución. Esto, en apego al artículo 34 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
El dispendio a estos soplones oficiales, ha sido de gran relevancia desde la instauración del testigo protegido en 1996. Los datos obtenidos establecen que del 2000 al 2017, según informó la FGR, en los más recientes 17 años se invirtieron 210 millones de pesos en su programa de protección de testigos. Todo un dispendio de recursos públicos para dicho programa que a todas luces no funcionó, debido a que los presuntos testigos cambiaban sus versiones o mentían con respecto a lo que realmente habían visto. Muchos inocentes, sobre todo militares, han sido presas de sus acusaciones.
En otras palabras, el testigo protegido ha sido utilizado como moneda de cambio con miembros de la delincuencia organizada, donde a cambio de beneficios se obtuvieron declaraciones sobre hechos nunca investigados. Pesquisas de dichos y de “teléfono descompuesto”. Hoy, de los presupuestos oneroso para pagar sueldos por parte de la entonces PGR a estos colaboradores clandestinos, ya no queda nada. La respuesta oficial de la actual FGR es que respecto a la pregunta, “en caso de pagarles, a cuánto asciende el monto de sus sueldos” las institución precisó que “no se realiza pago alguno”.
Incluso, se buscó saber la lista actual y oficial de estos testigos protegidos, así como sus “alias” y en que investigaciones colaboran. Todo resultó inútil. La FGR dijo que presta apoyo de protección a personas que intervienen en un procedimiento penal, ya sea de manera directa o indirecta, por lo cual se encuentra impedida jurídicamente para proporcionar cualquier información relacionada con la protección de alguna persona.
Por si fuera poco, se me especificó que el nombre de un testigo protegido se considera información clasificada como confidencial, al contener datos personales de una persona física identificada o identificable, y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la investigación o sus representantes legales.
Yendo más allá, se especificó que de revelarse la identidad de un testigo colaborador, se mancillaría su integridad por “daño moral” entendida como una alteración profunda que “una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producidas por un hecho ilícito”.
Así las cosas: el testigo protegido tiene el poder de involucrar a decenas solo por sus dichos y declaraciones, destrozando reputaciones y vidas completas, mientras él goza de total impunidad, escondiéndose en la clandestinidad que le permite la ley, y las instituciones, en este caso, la FGR.
La respuesta de organismo dirigido por Alejandro Gertz Manero, fue contundente. “Dar a conocer el listado de las personas consideradas como testigos protegidos o testigos colaboradores, con los cuales se daría cuenta sobre los delitos por los cuales en su caso fueron investigados y por lo tanto acogidos al programa de testigos colaboradores, vulneraría la protección a su intimidad y su honor, ya que se trata de información que constituye un dato personal, al relacionarse con la imputación de la comisión de hechos delictivos en su contra”.
Durante una conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las declaraciones de un testigo protegido identificado como «Juan», cambiarán la visión de lo sucedido en la noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014. Pero un dato. El presidente no forma parte de la investigación. Nadie ha explicado cómo el presidente, que no es parte de este proceso judicial, tuvo acceso al expediente.
El propio fiscal, Alejandro Gertz Manero, ha dicho que no puede, por el sigilo de ley, ni confirmar ni negar contenidos del caso Ayotzinapa. ¿Quizá la FGR no es tan autónoma de Palacio Nacional como nos han dicho? El tema de fondo, sin embargo, es qué tanta credibilidad podemos conceder a las declaraciones de un testigo “protegido” o “colaborador”. Soplones de la 4T.
