El mito sexenal: costos de cancelación del NAICM
Norberto Vázquez
La SCT no ha querido revelar las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados
Si de ahorrar recursos públicos se trataba, las cosas no han quedado tan claras. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) será sin duda el mito financiero de la actual gestión por diversas aristas. Por lo pronto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ha negado una y otra vez a esta columna la información de todas aquellas empresas privadas que los demandaron por cancelar contratos. E incluso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido desmentida por el gobierno de la 4T, cuando reveló que los costos por cerrar la obra tuvo un elevado margen financiero a lo previsto.
Un informe en poder de esta columna realizado por el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, titulado “Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco”, establece que el NAICM tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El incremento en los recursos, simplemente ascendió a 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos, monto que aún por los largos litigios podría incrementarse.
Y es que de acuerdo con la ASF, la administración actual estimaba un coste de 100 mil millones de pesos, sin embargo, la diferencia alcanza los 231 mil 996 millones 517.6 mil pesos.
De acuerdo al documento, se identificó que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la ASF de 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos, es superior al costo de 100 mil millones de pesos calculado por la SCT.
Hay algo revelador que establecieron los auditores. Esto fue que la SCT consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, “pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”.
Dentro del costo total de la terminal aérea, 163 mil 540 millones 720.5 mil pesos, equivalente al 49.3%, fueron por gastos ya erogados a 2019, que incluye no los no recuperables de la inversión ejercida en el periodo 2014-2018, por 70 mil 497 millones 352.1 mil pesos; además de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios por 7 mil 629 millones 862.8 mil pesos.
Por su parte, los costos derivados del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, relativos a la recompra del 30.0% de los bonos emitidos por 50 mil 887 millones 785.8 mil pesos; la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-E por 34 mil 27 millones 215.6 de pesos.
Los costos legales derivados de la cancelación del proyecto por 498 millones 504.2 mil pesos; además de 168 mil 455 millones 797.1 mil pesos por costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación (la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso.
La última palabra no está dicha. Este informe ya es examinado por un equipo de auditores del mismo organismo independiente al que realizó la primera revisión. Además de que ya metió la mano el Comité de Integridad Institucional, que busca prevenir, identificar, atender y dar seguimiento a conductas contrarias a su política de integridad, así como posibles conflictos de intereses.
Es decir, se está examinando el proceso de la auditoría hecha al cierre del aeropuerto, para hacer las aclaraciones pertinentes en relación con los costos presentes y futuros de la realización del proyecto.
Pero como puede ser posible que se ponga en tela de juicio, una auditoría generada por una de las instituciones más respetadas dentro del gobierno. “La política de integridad de la ASF indica que a fin de generar confianza y credibilidad en la sociedad, se debe garantizar que los servidoras públicos y el personal que se contrate para realizar un trabajo en nombre de la institución, guíen su actuar acorde con los principios, valores, reglas de integridad y los criterios rectores señalados en los códigos de ética y de conducta, así como las directrices para prevenir conflicto de interés”, estableció el organismo.
Los códigos de ética aquí no caben. Son costos y punto. ¿Cuánto se pagará realmente por cancelar Texcoco? ¿Algún día lo sabremos?
