Cárceles mexicanas SA
Norberto Vázquez
Algunos de los empresarios beneficiados con los contratos de concesión otorgados por el gobierno de Felipe Calderón son Olegario Vázquez Raña, Hipólito Gerard Rivero y Carlos Slim
En México hasta con los presos, se lucra. El redituable negocio de las cárceles privadas ha sido un jugoso negocio. En este mundo todo es bisne. Narcos, asesinos confesos, violadores, secuestradores, psicópatas, feminicidas y todo delincuente se vuelve dinero.
Cuando el ex presidente Felipe Calderón llegó al poder en 2006 e inició su guerra contra el narcotráfico se dio cuenta de que no tenía dónde meter a las 50 mil personas que pensaba capturar y encarcelar. Menos los costos para su manutención.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, convocó en 2009 a 10 empresarios sin experiencia en operar cárceles, para que se dividieran “un pastel de 32 mil millones de pesos” y edificar las ocho prisiones federales en dos años.
Vivimos en el país de las diferencias, mientras miles de niños no tienen lo suficiente para sobrevivir y niños talento no cuentan con los recursos suficientes Sin embargo, en una de esas prisiones, la más cara, cada reo nos cuesta 245 mil pesos al mes.
Algunos de los empresarios beneficiados con los contratos de concesión otorgados por el gobierno de Calderón son: Olegario Vázquez Raña (dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real y Real Inn, así como de Imagen Televisión), Hipólito Gerard Rivero (ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari) y Carlos Slim, el hombre más rico de México, entre otros. Juntos, manejan un negocio de casi 12 mil millones de pesos al año.
Al final, solo seis se apuntaron. El único requisito de entrada era tener cuatro mil millones de pesos para construir el penal, según la misma publicación.
Las empresas que pasaron, de un día para otro, de la industria de la construcción al del manejo de cárceles, fueron: Prodemex (de Vázquez Raña), Tradeco (de Federico Martínez, uno de los empresarios consentidos de Calderón y Vicente Fox), GIA (de Hipólito Gerard Rivero), ICA (entonces de Bernardo Quintana) y Homex (de Eustaquio de Nicolás) junto con Arendal (de Adrián García Pons). Ninguna de ellas tenía experiencia en manejo de cárceles.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que los montos que el gobierno federal destinaba a las empresas concesionarias se realizan de manera mensual y sin importar el número de reos a los que atiendan.
“Los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad que lo ocupen; es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera dos mil personas” expuso Rodríguez.
Por ejemplo, el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16, ubicado en Coatlán del Río, en Morelos, según datos de la SSPC hasta marzo de este año, este penal tiene una población de 806 mujeres; es decir, apenas un 31% de su capacidad total.
Esto representa un gasto promedio mensual por interna de 199 mil 028 pesos, es decir, alrededor de 6 mil 634 pesos por persona al día.
Al año, por los servicios prestados en este Cefereso, el gobierno federal debe erogar a los concesionarios mil 925 millones de pesos.
Otro caso, es el de Centro Penitenciario de Michoacán No. 17, que cuenta con una población de mil 188 presos, es decir poco más de 47% de su capacidad.
En este caso, a la hacienda pública le cuesta cada reo 5 mil 389 pesos por día en manutención, al mes, representa un gasto de 161 mil 686 pesos por persona.
“El trato representaba un gasto para el pueblo de México equivalente -nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría- este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, dijo Rosa Icela.
Si hay que reconocerle a la 4T algo, es que efectivamente, evidencio como los gobiernos del PRI y el PAN repartían concesiones entre la oligarquía, pues a raíz de un análisis de la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el congelamiento del pago a los concesionarios de los servicios de los penales a fin de llegar a un acuerdo que no resultara abusivo para las arcas públicas.
Uno de los primeros puntos de la renegociación con los particulares fue que tras terminar la concesión por 20 años, los centros penitenciarios federales pasarían a ser patrimonio de la nación.
También, se acordó una reducción del 15% en los pagos anuales que el gobierno destina por concepto de manutención de los centros. En México hasta con los presos, se lucra.
