De El Bronco a Delfina, las dos caras de la ley
Norberto Vázquez
Mientras Jaime Rodríguez fue criminalizado y enviado a presión por triangulaciones monetarias en materia electoral, Delfina Gómez, con el mismo delito, despacha en la SEP
La ley en México es selectiva. Si en los más altos niveles políticos, la ley favorece a personajes ligados a un gobierno presuntamente democrático y transformador, no quiero imaginarme lo que el derecho penal hace con el ciudadano común.
Dos casos que evidencian como el poder político es opresivo y a la vez magnánimo según su conveniencia, lo podemos ver con Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y con Delfina Gómez.
Los mismos delitos, pero diferentes vías para aplicar la norma. Uno recluido y evidenciado como el peor criminal –siendo burla en redes sociales– y la otra premiada en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.
En 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que el candidato a la Presidencia de México, Rodríguez Calderón utilizó 13.6 millones de pesos de financiamiento ilícito en la etapa de reunión de firmas de apoyos para lograr el registro de la candidatura en estas elecciones 2018 y la Unidad Técnica de Fiscalización identificó tres modelos de triangulación de recursos.
El primer esquema se detectó fue que ciertas empresas mercantiles, prohibido por el INE, donaron 4.4 millones de pesos disfrazadas de aportaciones de simpatizantes. Tuve acceso al expediente y efectivamente, decenas de tortillerías, todas, donaban 251 mil pesos. ¿Cómo se habrán puesto de acuerdo?
Todo apunta a que días antes de que se realizaran los donativos, los simpatizantes recibieron el dinero de las empresas involucradas, sin que tuvieran alguna relación que justificara los depósitos. El dinero se los daban empresas fantasma involucradas como Comercializadora Zelcy y Dyjoma.
Otro modelo de financiamiento fue que las empresas Grupo Comercial Gutren, Attar y Piserra Construcciones habrían pagado a mil 35 personas auxiliares del candidato a través de tarjetas ‘saldazo’ de Oxxo, por 6 millones 630 mil pesos, un gasto no reportado y de origen ilegal.
La tercera modalidad fue la reunión de firmas en horas y días hábiles por parte de 652 funcionarios públicos de 29 dependencias del gobierno de de Nuevo León, una aportación en especie que se valúa en 2 millones 608 mil pesos, un cálculo de 4 mil pesos de recursos públicos por cada uno de los auxiliares.
A Delfina, por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ratificó una multa de cuatro millones 529 mil pesos a Morena por haber obtenido financiamiento ilegal entre 2013 y 2014, mediante descuentos a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.
Aquí nadie se indignó. Ni siquiera pasó por la mente del gobierno en turno la renuncia ante la confirmación de que cometió delitos electorales.
A pesar de que se le demostró haber hecho descuentos involuntarios a los trabajadores, el asunto quedó en una simple multa para Morena. No se ejerció acción penal en contra de los responsables de esa acción, que es constitutiva de delitos electorales.
Gómez, quien era presidenta municipal de Texcoco cuando se hicieron esos descuentos ilegales a trabajadores para financiar a Morena, solo sonrío cuando la inquirieron los reporteros sobre el caso.
Por esta vía se recaudaron en total 13 millones 752 mil 414 pesos, que fueron a parar a Morena previa triangulación con el Grupo de Acción Política, encabezado por el cacique del oriente del Estado de México y padrino político de Delfina, Higinio Martínez.
Entre El Bronco y Delfina hay un mar de diferencia en el trato judicial. Ambos cuatreros electorales, pero uno en el Penal de Apodaca que construyó, y la otra, supuestamente diseñando la ruta académica de las futuras generaciones. Ojalá cierto día la clase política llegue a entender, que estas acciones sólo denotan su torpeza para gobernar. La sociedad es otra, y ellos siguen atorados en el México de los 50 del siglo pasado.
