Ruta de indemnizaciones en tierras (ahora) del Tren Maya
Norberto Vázquez
Por la compra de tierras para incorporarlas al Tren Maya en 2020, Fonatur pagó 641 millones 332 mil 311 pesos, mientras que en lo que va del 2021, se han erogado 84 millones 858 mil 059 pesos
La ruta del Tren Maya para acceder a tierras comunitarias donde pasará el trazado de la vía, así como su incorporación como un bien del Estado, ha tenido su peculiar estrategia por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Sobre todo, en el modus operandi para convencer a la comunidad Maya.
El Gobierno Mexicano no ha buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios, sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente, “conocer sus opiniones”. Así lo acredita, el Acta de Asamblea Regional Consultiva Maya, Respecto a la Consulta Libre, Previa e Informada, sobre el “Proyecto de Desarrollo Tren Maya” a la que tuvo acceso Expedientes MX, vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Este cónclave llevado a cabo en la comunidad de Xul-Há, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, incumplió con el principio de “informar”, toda vez que la información disponible, a manera de datos sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión, no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas.
La información ofrecida por la autoridad en esta acta, se limitó a caracterizar de manera general el proyecto ferroviario y a recalcar sus beneficios promocionales, en completa ausencia de estudios de impacto. Esto, sin duda, implica una violación a la libre determinación del pueblo Maya, en razón de su aceptación o rechazo a un proyecto, obra o actividad dentro de su área de influencia, suficiente para afectarles su modo de vida.
No se informó a las autoridades comunitarias que el megaproyecto no ha sido sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), para conocer las afectaciones, no sólo por la colocación de vías del ferrocarril, sino además por el impacto de las 18 estaciones y los “polos de desarrollo” programados.
Todo esto fue muy sigiloso, incluso para su difusión en medios de comunicación, pues de acuerdo al documento, los convocantes, en este caso la Secretaría de Gobernación, el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sólo permitieron la entrada a un selecto grupo de reporteros: una mujer y cuatro hombres. Ni uno más.
Por ejemplo, Noé Lara Estrada, Coordinador Rural de la Comunidad de Morocoy, se quejó de la nula la información sobre los “polos de desarrollo”, –como nombran a las más de siete ciudades de 50 mil habitantes– que el gobierno y el capital privado buscan crear en la Península de Yucatán, causales históricos del despojo de tierras comunitarias, del aumento de la demanda de servicios y sus costos de acceso, de la inseguridad y del desplazamiento forzado de personas y pueblos.
Matilde Cucum González, delegada de la comunidad de Icaiche, expresó que en materia ambiental, tampoco se informó que el Fonatur pretende que el proyecto completo sea evaluado por partes y no de forma integral, e incluso, busca quedar exento de la evaluación ambiental en algunos tramos o sustituir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por “un informe preventivo”.
A pesar de que la propiedad de la tierra es un elemento fundamental para el desarrollo del megaproyecto, se evidenció en esta acta, que fue insuficiente la información vertida sobre los Fideicomisos para Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), a través de los cuales Fonatur, pretende que los ejidos aporten la tierra para la inversión inmobiliaria y la construcción de los polos de desarrollo que conlleva este megaproyecto. La información disponible, ha sido trivial y escaza, enfocada a convencer a los ejidos de que participen en las Fibras.
Esta columna, a través del INAI, solicitó saber el pago realizado en la compra de tierras para incorporarlas a este proyecto que pertenecían a ejidatarios, así como las tierras que se han expropiado para articularlas al proyecto. La respuesta fue que por la compra de tierras para incorporarlas al Tren Maya, Fonatur pagó en 2020; 641 millones 332 mil 311 pesos, mientras que en lo que va del 2021 –a la fecha de la solicitud– se han erogado, 84 millones 858 mil 059 pesos “a particulares, por concepto de compra venta de tierras para la constitución del derecho de vía del proyecto Tren Maya”.
Derivado del contenido de esta acta, queda claro que nunca se facilitó el diálogo para que los asistentes pudieran analizar y discutir sobre el proyecto Tren Maya, para que las autoridades comunitarias plantearan de manera incluyente, sus problemáticas, canalizando sus necesidades históricas e incorporarlas a la llegada del tren. Según este escrito, exigieron resolución y la atención a necesidades reales, antes de pensar en un tren. Pero no los tomaron en cuenta.
