Las entrañas de investigación en la CNDH
Norberto Vázquez
El órgano protector revela en una petición de información la metodología para realizar su más reciente diagnóstico sobre trata de personas en México
Las dos caras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pueden palparse cuando se van a los documentos oficiales. Siempre que he platicado con expertos y altos funcionarios que han laborado en esta institución, me cuentas las increíbles peripecias de los visitadores para realizar una recomendación, que muchas veces, se resumen miles de fojas a un simple boletín informativo de los casos.
Esta vez me di a la tarea de mostrar las entrañas de las pesquisas que realiza este organismo que para muchos solo defiende a delincuentes. Con el oficio número CDHDF/OE/DGJ/OIP/1940/2022 bajo el expediente CDHDF/OIP/940/22, la entidad presidida por Rosario Piedra Ibarra ofrece un panorama sobre la metodología para realizar el más reciente diagnóstico sobre la trata de persona en México 2021.
Los datos son fascinantes. La CNDH envió 67 solicitudes de información a autoridades, con la finalidad de obtener cifras y datos que permitieran presentar este diagnóstico particularmente sobre la procuración y administración de justicia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, con información del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021.
Estas 67 autoridades federales y estatales comprenden las 32 procuradurías y fiscalías Generales de Justicia Estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) que incluye la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Los 32 órganos jurisdiccionales del ámbito estatal, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a una entidad de la administración pública federal que se mantuvo “en reserva”.
Es de señalarse, dice la institución, “que existieron algunos obstáculos y particularidades al momento de obtener información, ya que, debido al cambio de autoridades de la administración pública, particularmente en entidades federativas en las que se realizaron elecciones y, por ende, nombramientos de nuevos titulares; de igual manera toma de instalaciones, paros de actividades y diversas situaciones externas a las autoridades requeridas, fue parte de los motivos por lo que existió dificultad para obtener la información o realizar solicitudes de aclaración”.
De igual manera, se pudo observar que en ocasiones las bases de datos en el tema de trata de personas, con las que cuentan diversas autoridades, carecen de una sistematización para obtener información relevante, tales como nacionalidad de las víctimas, si pertenecen a algún sector o grupo en específico, y por ello, no fue proporcionada.
Asimismo, aún reportada la información en los anexos remitidos “esta no coincidía, era confusa, incompleta o totalmente estructurada en formatos diversos a los requeridos, lo que dificultó o impidió su análisis”.
La sistematización de la información se realizó de acuerdo con las respuestas recibidas por cada una de las autoridades, en los formatos remitidos para la unificación de criterios.
Se les requirió a la fiscalías y procuradurías, información respecto del número total desglosado por año de las actas circunstanciadas iniciadas o relacionadas por los delitos en materia de trata de personas indicando el año, forma de inicio de la investigación ministerial (noticia del delito), el o los artículos de la Ley General por los cuales se inició y su situación actual.
Y un dato relevante. Se tomó la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda como coadyuvante en el combate a la trata de personas, particularmente en la denuncia del delito, por lo que se le solicitó informar el número total de operaciones financieras y económicas detectadas relacionadas con los delitos en materia de trata de personas desglosando por expediente: número, año de inicio, la entidad federativa o país de origen de las operaciones.
Proporcionar número total de denuncias realizadas ante las autoridades ministeriales, derivadas de las respectivas investigaciones, operaciones financieras y económicas, indicando número consecutivo, año, autoridad ante la que fue presentada, cantidades y recursos de que se trate.
Esta es sólo una parte de un largo expediente de 30 hojas. La pregunta aquí es ¿por qué si se investiga a fondo no acaban en denuncias penales ante la FGR? Tlaxcala es la cuna de la trata y es un secreto a voces la industria de los “padrotes” en esa zona del país.
En México se hace mucho diagnóstico, pero se hace poco, en la política pública para frenar los fenómenos sociales ilícitos.
