Ciudad de México.- La posible eliminación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) destinados al cumplimiento de obligaciones laborales afectará prestaciones y pensiones de trabajadores, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El centro de investigación indicó que la extinción de esos fondos obstaculizaría la implementación de reformas en materia penal, civil y laboral.
“La iniciativa (aprobada por la Cámara de Diputados) pone en riesgo la estabilidad de fondos que no solo se nutren de recursos presupuestarios, sino también de las contribuciones de los propios trabajadores acumuladas a lo largo de años. Estos fondos se utilizan para cubrir servicios médicos de emergencia, pensiones y reubicaciones derivadas de compromisos laborales”, aseguró el IMCO en un comunicado.
El dictamen aprobado el martes por Morena y sus aliados en la Cámara baja busca la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del PJF, y aún debe ser aprobado por el Senado.
El IMCO pidió a los senadores que sigan un proceso legislativo apegado a la ley, que incluya a quienes verían afectados sus derechos laborales, pues de aprobarse la propuesta, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se afectaría la independencia del PJF y la división de poderes.
Solicitó a los legisladores debatir con datos y evidencia la minuta, pues de aprobarse en los mismos términos representaría un impacto negativo en la competitividad del país.
“Una reforma que se plantea como presupuestaria, pero que tiene un impacto negativo en la solidez del Poder Judicial, afecta el estado de derecho, el entorno empresarial y la inversión, reduciendo las condiciones de competitividad del país”, argumentó.
El organismo señaló que el propósito de fortalecer la transparencia y la gestión del uso de recursos públicos no requiere la extinción de fideicomisos públicos, y que la capacidad de autodeterminación interna es clave para el ejercicio de la autonomía presupuestal con la que cuenta el Poder Judicial.
“Un Poder Judicial fuerte es esencial para el estado de derecho. La interferencia y ataque políticos vulneran y debilitan el sistema de pesos y contrapesos, amenazando la certidumbre jurídica necesaria para el desarrollo económico”, expuso.
Tras revisar el dictamen aprobado por los diputados, el IMCO concluyó que el documento plantea subejercicios de los fideicomisos, pero es inexacto.
Refirió que los fideicomisos son instrumentos financieros con reglas específicas, distintas a la normativa presupuestal, y que cada fideicomiso tiene un objetivo particular establecido por las cláusulas del respectivo contrato, por lo que no es posible hablar de subejercicios en dichos instrumentos.
Añadió que en la exposición de motivos se menciona que una justificación para eliminar los fideicomisos es la supuesta opacidad en el uso de sus recursos.
Sin embargo, apuntó, las auditorías aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación señalan recomendaciones de mejora, pero no irregularidades en el uso de dinero público.
“En términos de proporción del gasto, el presupuesto total del Poder Judicial de la Federación no supera el 1% del gasto total proyectado para 2024”, comparó.
Añadió que dentro de los fideicomisos hay fondos que no están integrados por recursos públicos, sino por fuentes diversas como contribuciones de los trabajadores del PJF, o por recursos propios provenientes de la venta de publicaciones, por ejemplo.
Manifestó que por su origen, esos recursos no deberían ser transferidos a la Tesorería de la Federación, por lo que limitar la capacidad de organización y gestión del PJF significaría una afectación al cumplimiento de obligaciones y garantía de derechos.
