Ciudad de México.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que las recientes modificaciones al decreto que fomenta regularización de vehículos usados afectarán aún más al mercado automotriz interno.
Entre los cambios se incluyó la suma de los estados de Sinaloa y Zacatecas, una ampliación para la regularización hasta el 20 septiembre de 2022 y la eliminación de la figura del pedimento de importación con el apoyo de un Agente Aduanal.
«A todas luces no estamos solamente ante un procedimiento viciado, sino que las consecuencias que tendrá repercutirán en el número de vehículos que se les conceda la regularización y con ello estaríamos en la condición de afectación al mercado formal de vehículos usados y nuevos”, indicó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.
Explicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al Registro Público Vehicular (REPUVE) para establecer módulos de registro y solicitó a las entidades federativas establecer condonaciones en impuestos de emplacamiento para facilitar la regularización prometida, dejando en 2 mil 500 pesos el costo de cada regularización vehicular.
El dirigente de la Asociación puntualizó que los distribuidores están preocupados ya que el organismo encargado de dichas facilidades «está en el franco abandono y sin ninguna inversión reciente que asegure su funcionamiento».
Aunado a ello, Rosales Zárate puntualizó que los propietarios podrán dar cuenta sobre las condiciones legales y ambientales de la unidad sin que otra instancia pueda corroborar o contradecir la información.
“Esto da la pauta para dilucidar con toda precisión que el procedimiento carece de mínimos elementos de control por parte del Estado Mexicano para asegurar que los vehículos a los que se le dará legal estancia no cuentan con reporte de robo ni sobre sus condiciones físico-mecánicas, además deja de lado cualquier consideración de llevar a cabo la verificación de sus emisiones contaminantes”, advirtió el Presidente Ejecutivo de la AMDA.
La Asociación destacó que esta simplificación lo único que facilitará será un envejecimiento acelerado del parque vehicular a nivel nacional, impactando el precio a la baja hasta en un 20% de las unidades nacionales usadas y afectando la cadena de renovación de usado a seminuevo y de seminuevo a nuevo.
«Todo esto sin contar una elevación en los índices de emisiones contaminantes al medio ambiente en las regiones donde circulen y no haya verificación vehicular, ya que a una gran parte de esas unidades ilegales les fue quitado el convertidor catalítico en su entrada al país para venderlo y con ello recuperar algo de la inversión inicial hecha para adquirirlo», concluyó la AMDA.
