Ciudad de México.- De acuerdo con el séptimo estudio de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “El crédito en México: productos, instrumentos y evolución”, el financiamiento formal a la población adulta se incrementó de 27% a 31% entre 2012 y 2018.
El financiamiento formal tiene lugar cuando una persona solicita recursos a través de un crédito bancario, tarjeta de crédito, crédito Fonacot, algún crédito de vivienda con Infonavit, Fovissste u otra institución financiera regulados o supervisados por alguna entidad del gobierno que les pueda brindar seguridad a los usuarios.
El estudio de la CNBV reveló que los principales tipos de crédito formal que tuvo la población adulta en el periodo antes señalado fueron tarjeta de crédito con 19.2 millones de personas adultas (24%), crédito de vivienda con 5.4 millones de personas adultas (7%), crédito personal con 2.1 millones de personas adultas (3%), crédito de nómina con 1.7 millones de personas adultas (2%), crédito automotriz con 1.1 millones de personas adultas (1%) y, por último, crédito grupal con 1.0 millones de personas adultas (1%).
En noviembre de 2020, se emitió una alerta de fraudes en crédito de nómina ante el aumento de fraudes en el rubro de créditos de nómina, sobre todo en estados como Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Nuevo León.
La reforma a la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito (LGTOC) traería consigo un mayor número de usuarios con acceso a servicios financieros y candados para protegerlos de sobreendeudamientos. Esto es lo que prevén integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, que turnaron al Pleno la minuta con proyecto de decreto con la que se regula, entre otros, a los créditos de nómina delegada.
Este miércoles, legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena indicaron que las adiciones pondrán de manifiesto un marco legal con el cual se controle y supervise el proceso con que operan las entidades financieras que ofrecen productos de cobranza delegada.
Con ello se conseguiría, por primera vez, contar con un ordenamiento especialmente enfocado en los créditos de cobranza delegada, con lo que se pondría freno a prácticas fraudulentas principalmente encabezadas por sociedades anónimas que no se sujetan a ningún tipo de disposición perjudicando seriamente a los usuarios.
Entre las dinámicas que se pondrían en marcha está una especie de ‘límite’ para que las personas que busquen un crédito y ya tengan algunos otros activos, no excedan su capacidad de pago y se sobreendeuden.
Lo anterior atraería a mayor número de interesados en créditos de cobranza delegada, por lo que pasarían de representar el 0.29% del Producto Interno Bruto (PIB), al 3.8 por ciento, lo que representaría cerca de unos 840 mil millones de pesos más en crédito.
Las adiciones y modificaciones permitirían que entidades que participan en la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM), la Asociación de Bancos de México (ABM) y Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), elevar la calidad de sus productos, tal como se observó en Brasil y Colombia, países que vieron alzas en los índices de inclusión y mejorías en las tasas de interés.
Al tomar en consideración estos factores, se podría revertir el levantamiento de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que arrojó que menos de la tercera parte de la población mexicana accede al crédito.
