Ciudad de México.- La firma calificadora Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia de México de ‘BBB+’ con perspectiva estable, por su base económica diversificada y un historial de políticas económicas disciplinadas.
“Las calificaciones de México cuentan con el respaldo de la base económica diversificada del país y un historial de políticas económicas disciplinadas que han ampliado la estabilidad macroeconómica”, indicó en su reporte.
Estas fortalezas, abundó, contrarrestan las restricciones de calificación de México, que incluyen un crecimiento económico moderado y debilidades estructurales en sus finanzas públicas (una base de ingresos bajos) en comparación con sus pares.
Así como una dependencia de ingresos petroleros moderadamente alta (pero en declive), una penetración superficial del crédito y temas relacionados con violencia y corrupción.
“La economía de México ha sido resistente a una multitud de choques en los últimos años”, indicó la agencia calificadora, con un Producto Interno Bruto (PIB) real en 2017 que creció 2.0 por ciento y estimado de 2.4 por ciento en 2018-2019.
Agregó que los factores que podrían apoyar el crecimiento son una demanda más fuerte en Estados Unidos, mayores precios del petróleo, estabilización de la producción de petróleo y una implementación continua de reformas estructurales.
No obstante, persiste la incertidumbre sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el ciclo de elecciones de 2018, factores que “podrían continuar nublando la inversión y telón de fondo de crecimiento”.
En ese sentido destacó que “bajo una administración dirigida por el candidato izquierdista, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), corre el riesgo de aplicación de reformas potencialmente más lentas (especialmente en el sector de la energía), reorientación de política económica hacia una mayor intervención estatal y no se puede descartar un mayor gasto fiscal”.
Como resultado, la volatilidad del mercado financiero podría intensificarse antes de las elecciones del 1 de julio o después, lo que representa otro reto para el crecimiento y la inversión.
Sin embargo, abundó, “los controles institucionales y balances, un probable congreso dividido y salvaguardias constitucionales sobre algunas de las reformas estructurales podría evitar una salida rápida y marcada bajo esta administración”.
