Ciudad de México.- La gasera ubicada en el interior del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Xochimilco carece de la documentación reglamentaria para su construcción y pese a ello continúa en funcionamiento abasteciendo de gas natural a las unidades vehiculares del corredor Izazaga-Tlalpan, cuya red de transporte fue recientemente renovada.
Derivado de la respuesta a una solicitud de información realizada a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, se da cuenta de que a la gasera le falta la manifestación de impacto ambiental correspondiente, de acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal hoy (Ciudad de México).
La manifestación de impacto ambiental es el documento en el que se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.
La respuesta puntual recibida por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, tras una búsqueda exhaustiva y razonada en los documentos que obran en los archivos de la Dirección General de Regulación Ambiental de esa dependencia, a la fecha de dar respuesta a la solicitud a finales del mes de enero del presente año, dice que “no se ha realizado trámite de impacto ambiental alguno por persona física o moral respecto de la estación del abastecimiento de gas natural que se encuentra en el perímetro del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Xochimilco, ubicado en avenida División del Norte en la manzana de las calles Las Rosas, División del Norte y 20 de Noviembre”.
Son varios los considerandos que contiene la Ley Ambiental, los cuales son de observancia obligatoria para establecimientos expendedores de gas. Por ejemplo, el artículo 9, relativo a las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente, establece que esa dependencia debe evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades, lo cual no ha ocurrido con la gasera.
Asimismo, el artículo 35 establece que los programas de ordenamiento ecológico del territorio serán de observancia obligatoria en las autorizaciones en materia de impacto ambiental, y en general en los proyectos y ejecución de obras, así como en el establecimiento de actividades productivas.
Por otra parte, el artículo 46 establece que “las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o actividades que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren evaluación de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas” y en el inciso XVII de dicho artículo señala que las construcciones de estaciones de gas y gasolina son el tipo de obras y actividades que requieren autorización.
Lo anterior solo por mencionar algunos de las obligatoriedades establecidas en la Ley Ambiental del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), cuya autorización, supervisión y cumplimiento es de competencia de la Secretaría de Medio Ambiente.
De este modo, la gasera burla la observancia y obligatoriedad de las normas en la materia omitiendo notificar a la Secretaría de Medio Ambiente lo que por ley le corresponde al tratarse de una construcción donde opera un establecimiento considerado de alto riesgo.
Tras apenas unas semanas de haber iniciado actividades, la construcción de la gasera concluyó a finales del año pasado siendo rápidamente puesta en operación pese a las quejas de los vecinos al considerar que representa un riesgo para ellos al estar ubicada en una zona donde se cuentan varios planteles educativos, así como guarderías y asilos.
Aunado a lo anterior, sobre la banqueta exterior de la gasera atraviesa un ducto de PEMEX, lo que incrementa el riesgo.
Los vecinos aseguran que solicitaron información a las autoridades delegacionales y de la Ciudad de México para saber si la gasera cumple con los requisitos que la reglamentación en la materia establece para la construcción y funcionamiento de un establecimiento de esta naturaleza, obteniendo en respuesta que la situación de la gasera es irregular y, por otra parte, respuestas ambiguas, lo que les hizo sospechar que carece de los permisos correspondientes.
En paralelo, los vecinos han realizado a la fecha diversas manifestaciones para exigir la clausura y reubicación de la gasera, mismas que fueron apagadas por el Gobierno capitalino, siendo personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) quien fungió como agraviado de acusaciones de privación ilegal de la libertad, que llevaron a la detención de cinco vecinos que se manifestaban pacíficamente el pasado 6 de diciembre, siendo liberados días después.
Después de ese acto de intimidación, los vecinos no han vuelto a organizarse para llevar a cabo manifestaciones, sin embargo continúan en su lucha por la clausura y reubicación de la gasera.
