Buenos Aires.- El Gobierno de Argentina se mostró este viernes confiado en sacar adelante en el Parlamento el paquete de reformas económicas que impulsa, aún cuando si hay nuevos retrasos en el proceso legislativo.
«La ley va a terminar siendo una realidad cuando los tiempos y los modos legislativos así lo permitan y no tenemos duda de ello», afirmó este viernes en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
El proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como ‘ley ómnibus’ o ‘ley bases’, y el proyecto de reforma fiscal fueron aprobados el pasado 30 de abril y fueron remitidos al Senado para su tratamiento.
Este jueves, el oficialismo -minoritario en ambas cámaras del Congreso- fracasó en su intento de aprobar un dictamen de comisiones que habilite el debate en el pleno de la Cámara Alta ante las «inexplicables ausencias de senadores kirchneristas», según comentó Adorni.
«Esta ley es para nosotros la piedra angular para generar libertad y progreso para los argentinos», afirmó el portavoz.
No obstante, dijo que no contar aún con la ley «no afecta en el corto plazo» los planes del Ejecutivo de Milei, que ha emprendido un severo ajuste fiscal, y aseguró que «si hay retrasos» en el proceso legislativo, el Gobierno «está dispuesto a sortear cada uno de los problemas».
Sostuvo, además, que el Ejecutivo no tiene «evaluado» hacer «ningún cambio específico» a los proyectos de ley bajo discusión, aunque aseguró que está «siempre abierto al diálogo para mejorar algunas cuestiones».
La ‘ley bases’ conforma el ‘corazón’ del programa de Gobierno de Milei, junto con el drástico plan de ‘shock’ fiscal y el decreto de necesidad y urgencia con medidas orientadas a la desregulación de la economía firmado por el mandatario el 20 de diciembre de 2023.
Esta es la segunda vez que el Parlamento debate el proyecto de ley, ya que en febrero fue aprobado en general por la Cámara de Diputados, pero después, ante una derrota segura en la votación artículo por artículo en la Cámara Baja y un previsible posterior rechazo en el Senado, el oficialismo optó por devolver el proyecto a comisiones.
Tras sucesivas negociaciones, el Gobierno remitió un nuevo proyecto con 232 artículos (frente a los 664 de la iniciativa original), el primero de los cuales declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias, bastante menos que las pretendidas inicialmente por Milei.
La iniciativa permite la reforma del Estado, habilita a privatizar una decena de empresas, supone polémicos cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones.
Junto con este proyecto, también se debate un paquete fiscal, que, entre otros aspectos, incluye un blanqueo de capitales, cambios en el impuesto a las Ganancias que pesa sobre los salarios y una moratoria impositiva y aduanera.
El debate se da en un escenario complejo, de fuerte retracción económica, en medio de protestas de diversos sectores sociales y sindicales, que este jueves llevaron adelante una nueva huelga general contra las políticas del Gobierno,
