Ciudad de México.– En el marco de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación (PFF), Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa en el “Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal”, el cual también está integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Durante su intervención, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que se han identificado tres tipos de subcontratación ilegal, que son: 1) La generación de empresas fachada; 2) La facturación de operaciones simuladas, y el 3) El outsourcing ilegal. A raíz de lo anterior, en lo que va de la presente administración se han presentado 51 denuncias, las cuales se dividen de la siguiente forma: 31 ligadas con empresas fachada; 15 con facturación de operaciones simuladas, y 5 con casos de outsourcing ilegal.
Nieto Castillo apuntó que las primeras acciones de trabajo del “Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal” consistieron en los 7 operativos especiales de inspección a grandes empresas relacionadas con los rubros de hotelería, servicios informáticos, farmacéutico, call center, minería y producción de alimentos. A raíz de lo anterior, se detectaron 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente, así como 36 empresas subcontratistas involucradas.
El titular de la UIF señaló que, entre septiembre y diciembre de 2019, la STPS coordinó las actividades de inspección, por medio de las cuales se detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran más de 862 mil trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes en la materia, durante 2020 el “Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal” realizará acciones específicas sobre estas empresas.
Por su parte, el procurador Carlos Romero Aranda comentó que la PFF recibirá las vistas de la UIF, el SAT y del IMSS para investigar los delitos fiscales correspondientes y de proceder formulará las querellas que den inicio a los procesos penales.
Romero Aranda comentó que los proveedores de esquemas de subcontratación serán perseguidos como delincuencia organizada, conforme a la reforma penal fiscal aprobada en octubre del 2019. Asimismo, podrán ser condenados hasta con penas de prisión de 14 a 20 años.
Sin embargo, el procurador Romero Aranda aclaró que sólo serán aplicadas las normas de delincuencia organizada a los grupos de 3 o más personas, dedicados de manera permanente o reiterada a defraudar al fisco.
Romero Aranda enfatizó que los empresarios que han hecho uso de estos esquemas simulados podrán ser sancionados penalmente. No obstante, el funcionario destacó que están en posibilidades de acercarse a las autoridades fiscales con la oportunidad de regularizarse antes de que sean procesados.
Romero Aranda recordó que, a finales del 2019, diversas empresas que habían utilizado facturas falsas se acercaron a la autoridad para regularizar su situación fiscal, con lo cual evitaron la sanción de prisión establecida para esos casos.
Con la participación de la PFF, la UIF y el SAT en el “Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público profundiza su colaboración y coordinación con diferentes entidades del Gobierno de México para combatir la corrupción y acabar con la impunidad en el país.
