- Sin corrupción, sólo en el imaginario colectivo
- Organismos autónomos, incomodan a la 4T
- Abuso de las adjudicaciones directas
Agustín Vargas *
La animadversión gubernamental hacia las instituciones y los organismos autónomos se ha agudizado en los últimos días con la amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecerlos, bajo la excusa del ahorro para el erario.
El presidente señaló explícitamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al instituto regulador de telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión de Competencia (Cofece). Cabe señalar que el gasto de estos tres organismos equivale a menos del 0.05% del presupuesto federal; menos de una décima de punto porcentual de los ingresos tributarios.
Es evidente que el mandatario no quiere intermediarios, pues está más que seguro que con el dominio que tiene en ambas cámaras del Congreso (Diputados y Senadores) no requiere de contrapesos ni negociaciones que le pueden resultar innecesarias o molestas, erigiéndose así como el intérprete único del pueblo.
Sin duda es necesario hacer algunos ajustes a los órganos independientes, pero eliminarlos es a todas luces inapropiado. En ello, la amenaza a la existencia del INAI resulta especialmente preocupante, por su papel en la tan subrayada y anhelada desaparición de la corrupción.
La verdad es que hay fuertes indicios de que esa desaparición no parece llegar, aunque el discurso oficial insista frecuentemente en el éxito en la erradicación de la corrupción.
A ello se refieren las encuestas independientes, los datos del INEGI y diversas investigaciones, las cuales muestran que la corrupción sigue en los mismos niveles que en anteriores sexenios y que hay indicios claros de actos de corrupción en las altas esferas, incluyendo miembros del gabinete y familiares.
Algunos especialistas señalan que jurídicamente es incorrecto pretender que la actividad del INAI sea simplemente trasladada a la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, ya que el instituto cuenta con las competencias necesarias para actuar con autoridad suficiente frente al Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, la administración pública federal y los demás organismos autónomos. Una secretaría del Ejecutivo no podría actuar frente a esas autoridades del Estado.
Uno de los temas más relevantes para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho tiene que ver con la transparencia en la asignación de los contratos públicos. Sin dicha transparencia la economía continuaría expuesta a la corrupción y acciones oficiales que pueden caer en terreno de lo ilegal.
Adjudicaciones directas, abuso
En este sentido, sobresale el abuso en la presente administración de las adjudicaciones directas y de invitación restringida a tres postores, que de acuerdo con la ley deberían ser excepcionales. Según datos proporcionados por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), el 2020 fue el año en el que se autorizaron más contratos por asignación directa (80.3%), superando a 2019 cuando el porcentaje fue de 78.1%, que ya había sido el récord desde que se cuenta con esa información.
Los contratos asignados directamente totalizaron un monto de 189 mil 500 millones de pesos, que representaron el 42% del total del valor de las contrataciones públicas. Esta proporción superó por primera vez a la que se sujetó a licitación pública (el resto correspondió a invitación restringida).
Cabe subrayar que la razón de la alta proporción de contratos asignados directamente no fue por la urgencia de la pandemia. El 73% de las asignaciones correspondieron a obra pública.
Otro caso de opacidad en el que la exigencia civil de transparencia a través del INAI es sin duda relevante es el de los contratos para la adquisición de las vacunas para la Covid-19. Simplemente no se entiende la razón por la que los detalles, las condiciones, de dichos contratos no pueden darse a conocer.
Los organismos autónomos velan por las políticas de Estado y son característicos de las democracias modernas. México ha construido varios órganos independientes, que deberíamos defender, y aquí es importante subrayar que la amenaza al INAI es particularmente preocupante por el combate a la corrupción.
Como lo prometió hace casi 16 años y sentado ahora en la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador está mandando al diablo a las instituciones, primero recortándoles presupuesto y ahora desapareciéndolas.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
