Grupo de Lima no reconoce legitimidad del proceso electoral de Venezuela

Los países integrantes manifestaron su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria

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Ciudad de México.- Los gobiernos que integran el Grupo de Lima no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela y acordaron reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con esa nación.

También manifestaron su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, lo que se refleja en la migración masiva de venezolanos a diversos países.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresan su posición en ocho puntos.

Uno, no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente.

Dos, el Grupo de Lima acuerda reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocar a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta.

Reiteran su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, que se refleja en la migración de venezolanos, y cuatro, presentarán en el 48 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.

Cinco, a fin de atender el incremento de venezolanos que abandonan su país, el Grupo de Lima adoptará medidas como convocar a una reunión de alto nivel con autoridades migratorias y de refugio para intercambiar experiencias y definir los lineamientos de una respuesta integral, y aceptaron el ofrecimiento de Perú para ser sede de dicha reunión la primera quincena de junio.

Los países miembros consideran la posibilidad de realizar contribuciones financieras a los organismos internacionales para fortalecer las capacidades institucionales de los países en la región para atender el flujo migratorio.

Debido a las implicaciones de salud pública para la región, decidieron convocar a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del sector salud para coordinar acciones en la materia y fortalecer la cooperación para atender la emergencia epidemiológica, además de apoyar el suministro de medicamentos y las acciones de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en países vecinos.

Los gobiernos de los países firmantes reiteran el párrafo 4 de la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017 y, con el objeto de contribuir a preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional, acuerdan adoptar, siempre que su legislación y normativa interna lo permitan, algunas medidas en el ámbito económico y financiero.

Solicitan a las autoridades competentes de cada país que emitan y actualicen circulares o boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela.

Recomiendan no otorgar préstamos al gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria.

Asimismo, se intensificará y ampliará el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas.

El octavo y último punto señala que el Grupo de Lima continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela, con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del Estado de derecho y el orden democrático en ese país.