Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, considera «verdaderamente impactante» el número de abusos documentados en Venezuela por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Guterres reaccionó así al informe presentado en Ginebra por ese organismo, que señala las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad y denuncia una aparente «impunidad generalizada» para esos crímenes.
«El secretario general cree que las cifras son verdaderamente impactantes», dijo el portavoz Farhan Haq, preguntado durante una conferencia de prensa.
Para Guterres, este informe demuestra la necesidad de «un diálogo político y una solución política totalmente incluyente», tal y como viene reclamando desde el inicio de la crisis venezolana, señaló Haq.
Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas con violencia sexual, simulacros de ejecución y descargas eléctricas, forman parte de la lista de abusos documentados en Venezuela por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Primero fueron los 125 muertos por la represión de las protestas que estallaron en 2014 para exigir la salida de Nicolás Maduro del poder. Luego sucedieron otros 505 asesinatos cometidos por fuerzas policiales y parapoliciales, en presuntos operativos contra la delincuencia urbana.
Así lo denunció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registró de manera pormenorizada denuncias fundadas de ejecuciones y maltratos cometidos en estos cuatro años -los más violentos del gobierno que comenzó en 1999 con Hugo Chávez.
Ante los graves abusos registrados en Venezuela y dada la impunidad ante ellos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó que la Corte Penal Internacional (CPI) «se implique» en el caso.
«Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia», afirmó Zeid en un comunicado.
“El fracaso en que no se haga responsable a las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos tan graves sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo el Alto Comisionado.
En su segundo informe a distancia sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela –las autoridades le deniegan el acceso al país–, presentado ayer, el organismo denuncia cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.
En febrero, la Corte Penal Internacional inició exámenes preliminares por presuntos crímenes en el país en 2017, durante manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron aproximadamente 125 muertos.
Algunas de las conclusiones están basadas en el monitoreo a distancia y en entrevistas con víctimas, testigos, grupos de la sociedad civil y otros, y en información entregada por la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
El gobierno venezolano rechazó la víspera el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, tras afirmar que se trata de un acto politizado.
La cancillería de esta nación sudamericana señaló en un comunicado que el gobierno rechaza el informe por considerar que se realizó con una «metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad».
«El pretendido informe constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad y el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Zeid Ra’ad Al Hussein, durante el sombrío ejercicio de su mandato como alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos», añadió.
