Ciudad de México.- Desde el inicio de la presente administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en diciembre de 2018, se detectó la necesidad de emprender una cruzada en contra de prácticas que privilegiaban la corrupción y la opacidad, ya que, como consecuencia de estas, en años recientes, se abandonaron más de 650 mil viviendas a nivel nacional.
Entre las irregularidades detectadas, y que van en detrimento del espíritu social del fondo mutualista de las y los trabajadores de México, se encuentran la celebración de juicios masivos de cobranza, las macrosubastas de vivienda abandonada y recuperada, manejo discrecional del índice de cartera vencida, esquemas de fraude a través de coyotaje en la adquisición de crédito para mejoramiento o ampliación de vivienda y un alto porcentaje de asignación de contratos a través de manera directa, sin licitación, para la prestación de servicios y compra de bienes en el Instituto.
Por otra parte, también se detectó el pago de retiros especiales para directores generales y sectoriales; práctica que fue eliminada a solicitud de la actual administración al Honorable Consejo de Administración del Infonavit. Lo anterior, por considerar que dicha práctica arraigada en el pasado del Instituto bordaba en el terreno de la inmoralidad e injusticia frente a todas las y los trabajadores del Instituto.
En diciembre de 2018, el Instituto suspendió los juicios masivos en contra de acreditados morosos. De igual forma, se puso en revisión a los 18 despachos a través de los cuales se operaba la cobranza, rescindiendo cuatro contratos. En 2019, dicho servicio se licitó. Adicionalmente se puso fin a la comercialización de vivienda recuperada a través del esquema de macrosubastas.
Respecto al Índice de Cartera Vencida (ICV), el Instituto decidió aplicar una autocorrección para reconocer una clasificación discrecional de la cartera a través del programa Borrón y Cuenta Nueva. Tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el Comité de Auditoría fueron enterados de dicha situación.
A través de una revisión integral del producto Mejoravit, que otorga créditos para el mejoramiento de vivienda, y sus reglas de operación se eliminó el 60% de las operaciones de coyotaje. Adicionalmente, se dio de baja a 399 negocios asociados a dicho programa en los cuales se detectaron irregularidades a través del cruce georreferenciado de la originación del crédito y el uso de la tarjeta.
Para erradicar el uso desmedido de asignaciones directas de contratos de productos y servicios, en 2019 el Instituto aprobó una nueva Política de Compras a través de licitaciones, tomando como base una opinión emitida por el pleno la Cofece a solicitud de la nueva Administración del Infonavit.
Para reforzar este enfoque, la nueva Política de Compras del Instituto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de noviembre de 2019. No obstante y producto de la voluntad de la Administración —y atendiendo el mandato de austeridad aprobado por el Consejo de Administración—, la compra de productos y servicios a través de licitaciones públicas incrementó de 14% en 2018, a 37.9% en 2019. La expectativa es que esta cifra aumente aún más, por encima del 50% en 2020.
De igual forma, con el objetivo de delinear los preceptos que deben guiar el actuar ético de todos los colaboradores e integrantes de los órganos de gobierno del Instituto, el 24 de diciembre de 2019, se publicó en el DOF el nuevo Código de Ética del Infonavit. Con este documento, se busca velar por la integridad, honestidad y transparencia en todas las relaciones que las personas que forman parte del Instituto tienen entre sí y con sus proveedores.
Además de luchar contra la corrupción y opacidad en su operación, el Infonavit ha decidido transparentar la rendición de cuentas al lanzar el Sistema de Información Infonavit, estandarizando y calendarizando la entrega de información confiable sobre su actuar en pro de las y los trabajadores de México, quienes están al centro de todas las decisiones.
El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado 11 millones 264 mil 240 créditos en México.
