La economía informal representó 23.0% del total de la economía, porcentaje que es el más alto en los últimos cinco años. El comercio al por menor tiene la mayor participación, al aportar 24.5% del total del valor agregado informal, seguido de la construcción, con una participación de 14.9%
Agustín Vargas
La instrumentación de políticas que limitan la apertura de nuevas empresas y la expansión de las ya instaladas mediante elevados costos laborales y fiscales, generan cada vez más que la economía mexicana tenga un mayor número de actividades informales que debilitan el crecimiento económico y el bienestar social.
Los datos más recientes del Inegi muestran que en 2019 la economía informal representó 23.0% del total de la economía, porcentaje que es el más alto en los últimos cinco años.
Dentro de la estructura de la economía informal el comercio al por menor tiene la mayor participación, al aportar 24.5% del total del valor agregado informal, seguido de la construcción, con una participación de 14.9%. El tercer sector con mayor incidencia es el de la industria manufacturera, que aporta el 12.6%, en tanto que el sector primario (agropecuario) contribuye con el 11.1%.
En materia de empleo, la informalidad tiene un impacto significativo. En mayo del presente año la ocupación informal representó el 55.5% del total de la población ocupada en el país.
Estas cifras reflejan la baja productividad de la informalidad, ya que con poco más de la mitad de la población ocupada genera el 23% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, la actividad formal genera el 77% del PIB con el 44.5% de la ocupación.
En un entorno de recuperación tras la pandemia, que podría detenerse ante el rebrote de la tercera ola de contagios, es clara la necesidad de fortalecer el ritmo de crecimiento de la economía con el objetivo de poder ampliar la actividad formal, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
Para ello, consideró que los esfuerzos deben concentrarse en un Estado de Derecho efectivo que contemple factores que promuevan y faciliten rápidamente la inversión, a través de medidas como una mejora del entorno regulatorio y el establecimiento de reglas del juego claras. “La confianza en un entorno de mejores expectativas es fundamental para invertir”.
Alternativa laboral
La economía informal es un fenómeno que ha incidido de manera importante en la actividad productiva del país. Se ha consolidado como una alternativa para un gran número de personas con necesidad de un empleo en donde han podido encontrar una fuente de recursos para el sustento familiar.
Si bien la permanencia de la economía informal responde a varias causas, resalta la insuficiencia de estrategias favorables a la inversión productiva y con ello un mayor crecimiento económico, y que faciliten la generación de puestos de trabajo, formales y de calidad.
El Ceesp destacó que, en general, el comportamiento de la informalidad responde al ritmo de crecimiento de la economía. Se observa que durante periodos en los que la actividad productiva del país ha mostrado elevadas tasas de crecimiento, el porcentaje de informalidad ha sido menor.
No obstante, también es un hecho que permanece elevada aun en periodos de mayor crecimiento, lo cual refleja que el problema de la informalidad tiene un componente estructural más importante que el coyuntural.
Esto subraya la relevancia de la inversión productiva y la necesidad de un entorno que le permita a las empresas tener una expectativa clara de crecimiento económico favorable para el mediano y largo plazo, con una percepción positiva del ambiente de negocios. Es decir, uno que implique que las reglas del juego son las idóneas para canalizar sus recursos al aparato productivo del país. Esto redundaría en mayor inversión y fortalecería la actividad formal de la economía.
Para ello es fundamental contar con un Estado de Derecho efectivo, es decir, “un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos”, consideró en su análisis.
Sin embargo, México ha tenido pocos avances en esta materia. De acuerdo con el ranking del World Justice Project, en materia de Estado de Derecho, México se ubica en el lugar 104 dentro de un universo de 128. En los primeros dos años de esta administración ha perdido doce posiciones.
Un factor que también impulsa la informalidad es un marco regulatorio excesivo. Se ha avanzado en este tema, pero lejos de lo suficiente. Aún existe una cantidad importante de requisitos -sobre todo en los gobiernos estatales y municipales– para quienes desean participar activamente en la actividad productiva, restándole competitividad al país y atractivo para invertir.
El World Competitiveness Ranking 2021, elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) ubica a México en el lugar 55 de un universo de 64 países en materia de competitividad, dos lugares por debajo del año previo.
Otro aspecto que propicia a las empresas, especialmente a las de menor tamaño, arroparse en la informalidad, es la elevada carga que implican los costos de contratación, y que en mucho coadyuvan a determinar la posibilidad de mantenerse o integrarse a la formalidad y con ello ampliar o no las plantillas laborales. Incluso, en algunos casos pueden ser determinantes en la apertura de nuevas unidades productivas.
Los costos laborales no salariales, que están integrados por todas aquellas deducciones y contribuciones obligadas por ley para el beneficio de los trabajadores, representan poco más del 35% del sueldo de los trabajadores. Si se incluyen otras prestaciones como aguinaldo, vacaciones y liquidaciones, el costo no salarial se podría elevar a poco más del 50%.
Por su parte, un sistema fiscal complejo y costoso estimula la evasión y la búsqueda de nichos en los que se evite la contribución al erario. Aunque se han logrado resultados importantes en materia de reducción de la evasión y elusión fiscal, todavía se perciben costos importantes.
Las estrictas medidas que el sistema tributario ha instrumentado (intimidatorias en algunos casos), si bien han permitido un aumento de la recaudación, al mismo tiempo pueden convertirse en un factor que estimule el interés por las actividades informales, donde no existen limitantes para participar en el mercado, concluye el Ceesp.
Capas de la informalidad
La informalidad laboral en México mantiene una relativa estabilidad de ocupación, así como también simula una baja tasa de desempleo. De acuerdo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en Latinoamérica hay más de 130 millones de personas en el sector informal.
En especial Brasil y México contribuyen el primero con 40 millones y el segundo con 30 millones de personas en la informalidad y sus tasas de informalidad son del 42% (Brasil) y en el caso de México es superior al 55% de la PEA y Perú en niveles del 75%.
Mario Sandoval Chávez, analista financiero, ex presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras (AMFE), explicó que si bien la economía informal genera el 23% del PIB total, este supuesto beneficio se neutraliza con la evasión fiscal, el uso irregular de servicios y bienes públicos, así como también por la corrupción tolerada, que impide el freno a la informalidad creciente.
No obstante esta situación, en el contexto social el especialista identifica un dato positivo, pues según él la economía informal limita que las personas se desvíen a actividades ilícitas. “Eso no es producto de ninguna estrategia de gobierno, sino de los valores de esas personas, que se emplean de manera productiva aún en la informalidad”.
Sandoval Chávez, director de la Sofom Fisan, explicó que dentro de la economía informal, existen diferentes capas de la informalidad.
El ambulantaje, el cual incluye puestos semifijos o rodantes (comercio y alimentos), que son representados por líderes ante las autoridades, que se encargan de cobrar cuotas a cambio del uso de vías y espacios públicos, robo de energía eléctrica, recolección de basura y otros servicios que se trasladan a los contribuyentes formales.
Un segundo grupo, dijo, es el de oficios informales más orientados a servicios (plomeros, pintores, electricistas, albañiles, mecánicos, entre otros) que no ocupan un espacio físico, sino que operan desde su casa o en la calle, usan herramientas básicas y en general van heredando los conocimientos a familiares y chalanes.
El tercero está conformado por profesionistas que no se consideran informales, sino independientes, pero “son evasores y de los buenos”. Cuentan con espacios físicos e incluso en buenas zonas económicas.
Entre ellos se cuentan médicos, abogados, dentistas y otros más, que condicionan el pago de sus honorarios en efectivo, no aceptan pagos electrónicos y no facturan todos sus servicios. El personal que colabora con ellos es por honorarios a efecto de no pagar prestaciones. Esta estrategia, considera por último el especialista, ya no podrán continuarla sin riesgos ante la autoridad tributaria.
