- Ley Minera, concesiones en riesgo
- Reforma administrativa, discrecionalidad a más no poder
- Al rescate del Fovissste
Agustín Vargas*
Debido a la situación actual de la economía y los riesgos que se prevén para los años por venir, la relocalización de inversiones y negocios en México presenta la mejor oportunidad –si no es que la única– para alcanzar un crecimiento sostenible significativo que permita lograr un mayor bienestar para la población.
Para que al país aproveche plenamente la oportunidad de la relocalización, se considera que deben instrumentarse políticas públicas que generen las condiciones generales propicias para el florecimiento orgánico de la inversión.
Además, y muy importante, hay que aprovechar la oportunidad para que ésta incluya un valor agregado nacional más elevado que en el pasado y que más proveedores nacionales se integren a las cadenas de suministro de la exportación. De igual manera se han sugerido formas en las que el sector privado puede colaborar en el aprovechamiento de las oportunidades que se avizoran.
Obviamente, la materialización de la gran oportunidad de la relocalización inicia con la concreción efectiva de las inversiones. Un elemento necesario para ello es la actitud del gobierno ante los inversionistas potenciales.
Según expertos la operación de compra de varias plantas de generación eléctrica de Iberdrola es una mala señal para la inversión, además de ser una operación sin mayor sentido para la economía.
Concesiones en riesgo
Pero el mensaje negativo hacia la inversión se repite en las iniciativas enviadas recientemente por el Ejecutivo al Congreso para la modificación de la Ley Minera y de la de diversos cambios a disposiciones en materia administrativa.
La iniciativa de cambios a la Ley Minera genera incertidumbre a las concesiones, que se restringen a terrenos explorados sólo por el gobierno, y mientras no sean asignados a paraestatales, directamente; su duración se reduce de 50 años actuales a 15, con la posibilidad de sólo una prórroga.
Además, se establecen obligaciones y causales de cancelación, de manera desproporcionada y en ocasiones duplicada con las contenidas en otras leyes.
Discrecionalidad a más no poder
Por su parte, la iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa, reforma 23 leyes con lo que se amplía la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al generar incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos. Entre otras cosas:
– Amplía los causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando se considere que afecten el interés público, general o social, eliminando el carácter extraordinario del juicio de lesividad. Ahora sólo se requeriría argumentar un perjuicio al Estado o al interés público.
– La iniciativa propone que los actos administrativos puedan ser declarados nulos de oficio o a petición de parte interesada -lo que no existe actualmente- y se incorporan procedimientos retroactivos de responsabilidad administrativa, civil o penal para los particulares.
– Todos los contratos de adquisición y obras públicas con la Administración Pública Federal deberán incluir la “cláusula exorbitante”, que la faculta para terminar unilateralmente cualquier contrato de manera anticipada por causa de interés público.
– Podrán revocarse contratos y concesiones, así como dar por concluida la relación jurídica de contratos a nivel nacional o internacional en aras del interés público y sin la obligación de resarcir daños.
– Se elimina la disposición de que la expropiación se sujeta a lo dispuesto en los tratados internacionales.
Los resultados de este gobierno evidencian un grave deterioro de la economía real y hay signos importantes de insostenibilidad fiscal hacia el futuro, con un alto déficit fiscal, gastos rígidos a la baja y reservas precautorias agotadas.
Hoy por hoy la mejor oportunidad de crecimiento sostenible de la economía, y probablemente la única, es la relocalización de las inversiones. Urge que se concreten las condiciones para aprovecharla al máximo.
No obstante, la preferencia revelada del gobierno es más bien los objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral. Con su actitud, desde el punto de vista económico, parecería que quisiera disuadir en vez de alentar la inversión.
Al rescate de FOVISSSTE
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste), se manejó de manera discrecional, eso sí siempre a favor de los sindicatos más poderosos de la burocracia nacional, en particular el de los trabajadores de la educación, el SNTE.
En los últimos días, las oficinas del organismo de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado que actualmente encabeza César Buenrostro Moreno, quien sustituyó al tabasqueño Agustín Rodríguez López, el cual se caracterizó por su inoperancia e ineficiencia al frente de ese organismo, ha sido centro de protestas de acreditados que demandan resolución a sus impagables deudas y la modificación de las reglas de operación del Fovissste. Actualmente el Fondo tiene 377 mil financiamientos activos, de los cuales el 30 por ciento se encuentran en cartera vencida.
Por tal motivo, las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda de la Cámara de Diputados impulsan un dictamen, ya aprobado y enviado al Senado, que reforma la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el fin de mejorar la situación de los derechohabientes y del organismo público de vivienda.
Lilia Aguilar, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, ese problema es un verdadero desastre que no sólo afecta a los derechohabientes, sino también a las finanzas del Fovissste.
De acuerdo con la información de la diputada, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se llevaron a cabo prácticas que duplicaron o triplicaron la deuda de los acreditados del Fovissste, entre ellas: la falta de pago de las dependencias del Estado y las demasías.
Estas últimas han sido denominadas como «errores» de cálculo, es decir que, por ejemplo, derechohabientes con una capacidad de pago de 100,000 pesos, recibieron créditos hasta por 300,000 pesos, lo que hizo que su crédito se convirtiera en una deuda impagable para ellos, lo cual se suma al impago por parte de las instituciones del Estado ha generado intereses y llevado a la morosidad a algunas personas.
“Nos ha tocado venir a resolver este desastre que se generó y que tiene afectados, no sólo a los derechohabientes, sino a las finanzas del propio Fondo», comentó la diputada
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
