Los cambios a las leyes tributarias que ya se planean son parte de un plan a corto plazo para salir del estancamiento económico; “queremos que sea una decisión muy consciente tomada por todos los mexicanos”, dijo Arturo Herrera, titular de la SHCP
Agustín Vargas
Una de las más grandes prioridades del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el impulso a los programas de asistencia social. Para lograrlo ha echado mano del discurso de la austeridad, recortando el gasto gubernamental para redirigirlo en forma de apoyos a distintos sectores de la sociedad.
No obstante, cada vez se agudiza un problema que puede jugar en contra de los propósitos del mandatario y empezar a generarle mayores quebraderos de cabeza a su Cuarta Transformación: la recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con el reporte anual Estadísticas de Ingresos Tributarios 2019 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar de los países miembro en el rubro, con una recaudación del 16.1% en 2018.
El resultado, producto de la desaceleración en el ritmo de la tributación y un menor desempeño de la economía, queda muy por debajo del promedio recaudado por los países de la OCDE, pues este asciende al 34.2% del PIB. Otros países que se encuentran en los últimos sitios son Chile, Irlanda y Estados Unidos, con ingresos tributarios promedio de 21.1%, 22.3% y 24.3% respectivamente.
La Organización insistió desde el año pasado que la persistencia de tratos preferenciales en rubros como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR), los gravámenes al comercio exterior y las contribuciones a la seguridad social están minando la recaudación fiscal.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló que la inversión productiva y el gasto social deberían fondearse con los recursos de una reforma tributaria.
Como una solución provisional a la falta de estos recursos y del nulo crecimiento del país durante el año pasado, la administración de López Obrador tuvo que recurrir al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), dejándolo en 239,765 millones de pesos (mdp) en comparación con los 388,771 millones que había disponibles en diciembre de 2018.
“Hay muchos claroscuros dentro de las finanzas públicas. El FEIP está cayendo y, de hecho, los fondos de estabilización están cayendo más del 70% de su nivel, en parte compensando la caída de los ingresos”, indicó Jesús Garza, profesor de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.
En función de esta situación, el sector privado ha ido sopesando la posibilidad de una reforma fiscal que permita afianzar las finanzas públicas y enfrentar las presiones de gasto que se vislumbran en el futuro de la administración actual.
De acuerdo con Ángel García-Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la idea sería elevar la recaudación en México mediante una iniciativa de este tipo, pero resulta problemático dado que no se plantea una reforma tributaria para este año y sólo se tiene pensado el incremento de la recaudación mediante medidas de fiscalización específicas.
El Instituto señaló que aumentar la recaudación como porcentaje es algo sumamente complejo, dado que se debe asegurar que los recursos adicionales obtenidos por el gobierno a través de la sociedad son utilizados de forma eficiente y con la mayor rentabilidad social, sin generar distorsiones que deterioren la economía.
“Esta situación se torna más complicada en un entorno donde la economía se ha desacelerado y la recaudación tributaria ha venido disminuyendo en términos reales, con la tasa anual cayendo de 2.3% en los primeros 11 meses de 2018 a apenas 0.9% en el período enero-noviembre de 2019”, insistió García-Lascurain.
Por otro lado, a finales de octubre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIESPS), entre otros apartados.
Los principales cambios en la LISR abarcan la actualización del concepto de “establecimiento permanente”, la inclusión como contribuyentes del gravamen a entidades y figuras jurídicas extranjeras, la eliminación de la obligación de intercambiar información fiscal relativa a los servicios de subcontratación laboral.
Aunado a esto, también se considera la ampliación de la ley mediante una sección que contempla los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, cuyo impuesto se pagaría mediante la retención efectuada por las personas morales residentes en México.
En el caso de la LIVA se incluye un capítulo similar, denominado “De la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México”, además de que se agrega la exención del pago del IVA a la prestación de servicios realizada por personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR.
La modificación a la LIESPS considera que las cuotas de tabacos labrados y de bebidas saborizadas se actualicen en función de la inflación, modificando de paso la definición de bebidas energetizantes.
El que implicaría los mayores cambios es el Código Fiscal, ya que se indica en sus modificaciones que los certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden quedar sin efectos una vez agotado el procedimiento señalado en la norma y cuando no se hayan subsanado las irregularidades que motivaron la restricción temporal de los mismos.
Sumado a esto, la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se reestructura el sistema para identificar de forma sencilla a los sujetos obligados a inscribirse en el mismo; asimismo, se amplía el alcance de la lotería fiscal a todos los inscritos en el registro y se incorpora la figura del tercer colaborador fiscal.
Por último, se establecen como infracciones no corroborar la autenticidad de los instrumentos notariales para la inscripción o actualización del RFC y publicar anuncios para la adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
Reforma fiscal
Aun con la lista de cambios manejada dentro del Congreso, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, anunció un plan a corto plazo para salir del estancamiento visto en 2019 y confirmó la elaboración de una reforma fiscal, aunque no precisó cuándo entraría en vigor ni si hay avances en la materia ya que es un tema que se debe ir estudiando.
“No queremos adelantarnos mucho, porque lo que queremos es que haya una discusión amplia de todos. Dado que todos vamos a pagar más, de una forma o de otra, sí queremos que sea una decisión muy consciente tomada por todos los mexicanos”, comentó el Herrera Gutiérrez.
Pese a las declaraciones del secretario, a los pocos días se pronunció la titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, aseverando que aún existe mucho margen para ampliar la recaudación fiscal del país, por lo que no sería necesaria una reforma para que el Estado pueda contar con un mayor número de recursos.
La funcionaria explicó que actualmente un 30% de las personas morales son las que están pagando impuestos, por lo que no es necesaria una reforma para incrementar los ingresos tributarios. Ejemplificó que el SAT tiene en disputa 1.2 billones de pesos en litigios, cantidad con la que se pueden cubrir los programas sociales del gobierno durante el sexenio, satisfacer dos años del presupuesto del sector salud o cumplir con dos años del presupuesto de educación a nivel federal.
Como respuesta a este problema, Buenrostro Sánchez planteó que en su gestión se aplicará el “ABC” de la administración tributaria, lo que se traslada al incremento de la eficiencia recaudatoria y la disminución de la evasión fiscal y de la corrupción. “Lo que queremos es facilitarle al contribuyente también su pago de impuestos para que no se le haga oneroso ni pesado acercarse al SAT”, apuntó.
Dada la poca claridad en torno a la situación de la reforma y los alcances de los cambios a las leyes pasados en el Congreso, las empresas se encuentran en una situación de desconcierto y desconfianza frente al fisco.
De acuerdo con Luis Pérez de Acha, director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, la reforma penal-fiscal contra las empresas factureras, la ley antilavado y las modificaciones hechas al T-MEC en el apartado referente a la corrupción son elementos que suman al paquete de cambios fiscales de los cuales no se tiene claro sus implicaciones en el marco tributario.
“El sector empresarial acusa recibo de la potencia fiscalizadora que va a tomar el SAT a partir de este año, respecto de su incidencia, y todo esto va en línea con que el SAT tiene información muy poderosa de los contribuyentes y por lo tanto se tiene desconcierto e incertidumbre de las estrategias de fiscalización que va a lanzar en el corto y largo plazo”, subrayó Pérez de Acha.
Por otro lado, Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que el gobierno ha optado por recaudar más a través de buscar cobrar más y de forma más eficiente a los contribuyentes, pero que no hay forma de que la economía crezca sólo con una política de terrorismo fiscal.
“La verdadera reforma fiscal sería la promoción para que micros y pequeñas empresas puedan crecer, apoyos, fomentos para estas empresas y con eso se genere mayor actividad económica y, en consecuencia, mayor recaudación. Ese enfoque no lo vemos todavía”, indicó el empresario.
