- El juicio a los expresidentes
- Antes caso Lozoya y rifa del avión
- Ethos desarrolla herramienta presupuestaria
Agustín Vargas*
El Senado de la República recibió el pasado martes 15 de septiembre la solicitud formal del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se lleve a cabo la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.
El documento fue enviado por el mandatario a través del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; y recibido por el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez.
Al respecto el líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, explicó que el Senado será la cámara de origen y que posteriormente enviará la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que contará con 20 días naturales para emitir una resolución sobre la inconstitucionalidad o no, de la consulta y la pregunta. Después de esos días contará sólo con 24 horas para notificar si continúa el procedimiento.
Ese mismo día se confirmó que el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, fue el encargado de elaborar un proyecto sobre la solicitud de consulta popular y la propuesta de pregunta del presidente López Obrador sobre juicio a expresidentes. Lo que de entrada para algunos especialistas es inconstitucional.
Habrá que esperar la comunicación oficial de la SCJN sobre el particular, pero lo que es innegable es que este órgano colegiado, uno de los tres Poderes de la Unión, ha sido involucrado de manera directa para que resuelva jurídicamente las ocurrencias del presidente de la República, sean o no inconstitucionales, pues el objetivo del mandatario es continuar con sus actos circenses, distractores de los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad mexicana: salud, economía e inseguridad, todos sumidos en la más terrible crisis y, lo peor, sin visos de solución en el corto ni mediano plazo.
Ante la ineficiencia gubernamental, el jefe del Ejecutivo se dio a la tarea este año de montar una especie de circo en tres pistas. En la primera, se subió al escenario el caso Emilio Lozoya, dizque para exhibir en su totalidad la corrupción gubernamental durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo cual se le revirtió a López Obrador con la exhibición de los videos de su hermano Pío recibiendo dinero.
La segunda pista circense fue la rifa del avión presidencial, que al final se tuvo que obligar a funcionarios y empleados gubernamentales a comprar “cachitos” cargandóselos a su nómina, pero ni con esas medidas coercitivas alcanzó para completar el costo de la aeronave.
En las próximas semanas veremos el show del juicio a los expresidentes desplegado ampliamente en la tercera pista del circo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ethos, herramienta presupuestaria
El Paquete Económico 2021, que entregó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, restituye el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), impulsado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas desde 2016.
Esta herramienta presupuestaria permitirá conocer el monto de los recursos destinados al combate de la corrupción y las dependencias que lo ejercerán. Además, ayudará a identificar cómo se asignan y ejercen los recursos para cumplir con las 40 prioridades de la Política Nacional Anticorrupción (PNA).
De acuerdo con el ATA, en el 2021 se ejercerán 3 mil 315.8 millones de pesos en el combate a la corrupción, lo que representa 16% de los recursos asignados al programa Jóvenes Construyendo Futuro, uno de los programas emblemáticos de esta administración.
A partir de este año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) será la encargada de coordinar la integración y autorizar el ATA.
En este primer ejercicio participaron las dependencias del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las dependencias que ejercerán la mayor cantidad de recursos anticorrupción son: Consejo de la Judicatura Federal, con mil 504.7 mdp (45% del ATA); SFP con mil116.3 mdp (34%) y la UIF con 170 mdp (5%).
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
