Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales el Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que alertaron sobre las consecuencias negativas que tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva en el país.
Expuso que lo advirtieron, de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos.
“Aunque en la etapa final del proceso, algunos legisladores de distintas fracciones parlamentarias fueron sensibles y promovieron ajustes en este sentido, lamentablemente no transitaron por no lograr los votos suficientes”.
Las audiencias públicas parlamentarias, señaló el organismo empresarial, no deben ser simples formalidades, ni mucho menos simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo que impacta a todos los ciudadanos.
El CCE aclaró que apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, dado que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincide en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito.
Sin embargo, como han advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de la iniciativa generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes.
“Para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad. Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que el país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos”.
Por ahora, el organismo cúpula empresarial hizo un exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos.
“Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales, ni se dañe el desarrollo económico del país”, agregó.
La Cámara de Diputados aprobó hoy en lo general y en lo particular el dictamen que reforma diversas leyes y códigos para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y las “empresas fantasma”.
De esta manera las reformas, que incluyen catalogar y castigar como delincuencia organizada la defraudación fiscal y la facturación falsa, pasan al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
