Ciudad de México.- El aval en el Congreso a la expedición de Ley General de Desaparición Forzada será un paso firme y contundente hacia la prevención y erradicación de ese delito que lastima a la sociedad y al país en su conjunto, aseveró Jorge Carlos Ramírez Marín.
El presidente de la Cámara de Diputados añadió que delitos de ese tipo no admiten benevolencia alguna, pues son un lastre que toda sociedad debe combatir sin tregua.
“Acciones que laceran la tranquilidad de las familias no deben tener cabida en un país y es obligación de sus legisladores e instituciones procurar que exista tranquilidad y certeza jurídica. Así lo haremos”, subrayó.
El legislador explicó que el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, abundó.
Ramírez Marín consideró que con la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, se avanza a “pasos firmes y con herramientas sólidas para combatir este crimen”.
Con la nueva legislación, expuso, los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos.
Por ello, se contará con un robusto andamiaje, ya que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas será presidido por el secretario de Gobernación y lo integrarán los titulares de varias dependencias.
Citó entre ellas, la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Procuraduría General de la República; la Comisión Nacional de Búsqueda, así como las locales; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Policía Federal.
Asimismo, tres personas del Consejo Ciudadano que representen a cada uno y la persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
