Ley Zaldívar consuma el asalto a la Suprema Corte

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Es una reforma no para el Poder Judicial, sino para el ministro presidente de la SCJN; Se daría paso al gobierno de un solo hombre y se estaría ante una imposición del Ejecutivo, advirtieron diputados opositores y de Morena

Agustín Vargas

La madrugada del viernes 23 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluyó un artículo transitorio para que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, amplíe su mandato al frente de la Judicatura Federal por dos años más y concluya el 31 de diciembre del 2024.

El dictamen, también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; la Federal de Defensoría Pública; de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La aprobación de la minuta en lo general se dio en una votación dividida con 260 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, 2 abstenciones y 167 votos en contra del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Social.

De parte de Morena hubo 7 legisladores que rompieron con la línea de su partido y votaron en contra de esta minuta que ha sido criticada por considerar vulnera la autonomía del Poder Judicial al extender dos años más el mandato del ministro presidente de la SCJN, ya que de esta forma Arturo Zaldívar estaría en su cargo el mismo periodo de tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en el Gobierno Federal.

Los diputados de Morena que se rebelaron y no votaron en el mismo sentido que la mayoría de su partido son: Mildred Concepción Ávila Vera, Gabriela Cuevas Barrón, Lidia García Anaya, Sergio Mayer Bretón, Jorge Alberto Mendoza Reyes, Miriam Citlally Pérez Mackintosh y Martha Patricia Ramírez Lucero.

Dictamen

Según el dictamen, la finalidad de la reforma es reestructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, y establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación.

En los considerandos, se precisa que desde el propio Poder Judicial de la Federación se comenzaron a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el claro objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todas y todos.

Menciona que existe un mandato constitucional y una necesidad de materializar la reforma constitucional, con la intención de permitir el acceso a una justicia efectiva para los gobernados que les otorgue certeza y seguridad jurídica respecto del actuar de los impartidores de justicia, por la instauración de criterios homologados, jurisprudencia por precedentes, defensoría pública y la emisión de resoluciones a partir de la pluralidad de voluntades.

El nuevo ordenamiento, que consta de 233 artículos, establece que los órganos del Poder Judicial de la Federación son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación, los Juzgados de Distrito, y el Consejo de la Judicatura Federal.

La SCJN se compondrá de once ministras o ministros y funcionará en Pleno o en Salas. El Presidente o la Presidenta de la Suprema Corte no integrará Sala.
Menciona que las y los ministros de la SCJN y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sólo podrán ser privados de sus puestos en la forma y términos que determina el Título Cuarto de la Constitución Política.

Se incluye un artículo Décimo Tercero Transitorio para señalar que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias del Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El artículo Décimo Segundo Transitorio del dictamen señala que se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995.

“Gobierno de un solo hombre”

Al fijar su postura ante la reforma, los partidos del llamado bloque opositor coincidieron en que el dictamen que la avala es inconstitucional y representa la imposición del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.

Previamente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena), expresó en tribuna su oposición al proyecto de dictamen y estimó que se podría estar cometiendo perjurio en este caso, “el perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido; quienes votan a favor de esta iniciativa están cometiendo perjurio”, argumentó.

A su vez, el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) comentó que la reforma representa la corrupción de algunos miembros de los tres poderes para violar la Carta Magna y, advirtió, se podría hundir el Poder Judicial. “Al votar por esta reforma se pasaría a la anticonstitucionalidad”, señaló. 

Dijo que se atentaría contra la división de poderes, contra los pesos constitucionales y generaría una crisis constitucional. Además, se daría paso al gobierno de un solo hombre.

“Estaríamos ante una imposición del Ejecutivo en favor del presidente de la Suprema Corte”. 
Enrique Ochoa Reza (PRI) comentó que la supremacía constitucional es el concepto clave de la discusión que se tendrá, el que la Constitución está por arriba de las leyes secundarias.

“Discutiremos una transformación a esta ley para mejorar la impartición de justicia en nuestro país mediante reservas o bien viviremos una noche de profunda oscuridad en la historia del parlamento mexicano”. 

“Qué tipo de noche vamos a vivir hoy? ¿La que va a discutir las leyes que van a fortalecer el Poder Judicial de la Federación? ¿O el artículo transitorio que va a minar la credibilidad de la democracia mexicana? La decisión está en todas y todos nosotros; hagamos lo correcto por la patria”, expuso previo a la votación final del dictamen. 

Adriana Gabriela Medina Ortíz (MC), expresó que el problema del dictamen no sólo es el transitorio, el cual deja ver una mentalidad poco democrática y sin visión de Estado, sino que es una reforma no para el Poder Judicial, sino para el ministro presidente de la SCJN.

No se escuchó a los estudiosos, expertos, juzgadores, opositores, es decir se suprimió la naturaleza del parlamento. “Invito a esta soberanía a votar en contra del transitorio en lo particular y de todo el paquete en general para hacer una revisión a fondo de la propuesta, a fin de balancear la distribución del poder que se está concediendo al presidente de la Suprema Corte”, enfatizo la legisladora. 

Por Encuentro Social, el diputado Edgar Guzmán Valdéz mencionó que no se pueden hacer leyes con dedicatoria, toda vez que esto va en contra de los principios constitucionales, por lo que pidió quitar el Décimo Tercero Transitorio, ya que de no hacerlo se estaría atentado contra la supremacía constitucional.

Manifestó que un artículo transitorio de una ley secundaria no puede modificar el periodo para el cargo de consejero de la Judicatura ni para el de presidente de la SCJN.

Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez señaló que “la disposición que se pretende aprobar contenida en un transitorio viola flagrantemente la Constitución” que establece que cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. 

Esta disposición, agregó, “pretende ser alterada por un transitorio, que de manera vergonzante establece la ampliación de ese plazo constitucional por dos años más”.